Conoce como pocos la dinámica de la industria farmacéutica y desde ella las particularidades del sector de la salud. No en vano el ingeniero Andrés Felipe Cifuentes Perdomo ha tenido un amplio trasegar profesional por la multinacional Abbot y la farmacéutica colombiana Lafrancol.
Después de graduarse de la facultad de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, se especializó en administración y dirección de empresas en la Universidad Icesi y también en gerencia de proyectos.
Sus destrezas le abrieron espacio –hoy es jefe de la unidad - en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, un engranaje que cabalga a lomos de inteligencia artificial y la tecnología de punta para generar una revolución en el control fiscal en Colombia.
“Control fiscal en tiempo real”, es una de las consignas del equipo que hoy dirige por encargado del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Desde esa posición ha hecho equipo con expertos de la Contraloría delegada en Salud para analizar la situación de las EPS que estuvieron intervenidas por el gobierno.
Los hallazgos en la Nueva EPS que prendieron las alarmas
El trabajo de Cifuentes se concentra actualmente focalizado en la Nueva EPS y, sin que esa sea la intención del órgano de control, su visión se ve enfrentada con la del presidente Gustavo Petro que acaba de armar una poderosa sinergia digital para masificar un mensaje según el cual el “robo” -como él lo llamo- a esa entidad no se produjo durante su gobierno, sino bajo el mandato de sus antecesores.
Los algoritmos de los programas de la DIARI, combinados con la destreza de los auditores, han comenzado a abrir el camino para los que serán hallazgos fiscales inquietantes en la Nueva EPS.
Uno de los grandes temas del debate está relacionado con las deudas de la Nueva EPS. Al descomponer sus componentes la Contraloría ha encontrado hasta ahora que el incremento de los anticipos alcanzó un porcentaje del 155 % a en tiempos de la intervención. Pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones.
El mayor crecimiento se ha presentado durante la vigencia actual (2025), pues con corte a junio ya acumulaba $6,6 billones adicionales comparado con la vigencia completa de 2024. La cabeza administrativa de la Nueva EPS es el interventor Bernardo Camacho nombrado por el Superintendente de salud a finales del año pasado.
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Desde luego, hay saldos persistentes en vigencias anteriores a 2022, que alcanzan aproximadamente los $58.73 mil millones. Esa realidad desnuda una baja recuperación de recursos antiguos de las IPS.
El saldo total de anticipos pendientes a junio de 2025 ascendía a $15,31 billones. “(Estos) recursos permanecen inmovilizados y su incremento sostenido, junto con la permanencia de saldos antiguos e inconsistencias en el registro, configuran un riesgo elevado de detrimento patrimonial”, advierte el informe de la DIARI.
La red de contratistas que mandan a través de Uniones temporales, una de las favorecidas IPS Bienestar
Parece haber huella de una malla de contratistas en relación de la EPS con uniones temporales. De las nueve reportadas por la entidad, cuatro comparten el mismo representante legal, y en todas ellas, la IPS Bienestar cuyo orígen el Centro médico quirúrgico del Caribe nacido en la Costa en 1994, ostenta una participación accionaria que oscila entre el 80 y el 99 por ciento.
El informe describe así el peligro que hay: “Esta concentración de representación y participación podría configurar un riesgo de direccionamiento contractual, limitar la pluralidad de oferentes y generar alertas sobre posibles conflictos de interés o prácticas no competitivas, con implicaciones tanto fiscales como de supervisión”.
En la contratación parece haber manejos del tipo “manga por hombro”. Varios de los prestadores de servicios trabajan solo con autorizaciones verbales y a la hora de cobrar eso les permite imponer sus condiciones.
“La práctica de autorizar servicios a prestadores sin contrato vigente contraviene lo dispuesto en el Decreto 441 de 2022, que establece la obligatoriedad de formalizar toda relación comercial mediante contrato con objeto, red de prestación, mecanismos de pago, indicadores de calidad, criterios de supervisión y condiciones de terminación claramente definidos”, advierte la Contraloría.
En blanco sobre negro el Informe desnuda una crisis de inmensas proporciones que no fue mitigada durante la intervención, sino que se agravó: El pasivo, que en 2022 sumaba $5,42 billones, se duplicó en 2023 hasta llegar a los $11,7 billones. En 2024 la deuda creció a $18,38 billones, es decir, en un 57 por ciento, y en marzo de 2025 a $21,37 billones, superando en un trimestre la totalidad del año anterior. A este ritmo, el pasivo cerraría en 2025 a $26,39 billones
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