Si hay un aspecto de nuestra vida administrativa al cual los gobiernos colombianos le han dado un tratamiento folclórico es al de las pensiones. En un país en el que la política se hizo siempre con burocracia oficial, pocas veces se previeron las consecuencias del costo progresivo de las jubilaciones, desde la época en que la edad de jubilarse eran los cincuenta años de edad con veinte de trabajo, fijados con base en el promedio de vida establecido bien avanzada la segunda mitad del siglo XX. Ese promedio que hoy alcanza los setenta aunque se llegue al estatus a los 62.
La pensión, en los hombres y mujeres de avanzada edad, debería ser sinónimo de tranquilidad y seguridad para vivir sin sobresaltos los últimos años del promedio vital. Es lo justo con quienes llegan al uso de buen retiro luego de muchos años de servicio. Pero la población crecía, las nóminas también y los egresos oficiales por ese concepto subían de modo vertiginoso. De quince millones que éramos al despuntar la década de los sesentas, seremos al finalizar el mes de enero que corre cincuenta millones de colombianos. Aumentaron los bachilleres, los profesionales, los especialistas y los técnicos en muchas disciplinas, y con ellos se proveyeron los cargos en las tres ramas del poder público, con remuneraciones proporcionales al rango que se ostenta.
Por los motivos anteriores, aun con las edades para pensionarse aumentadas un poco por debajo del promedio de vida, los rubros de los presupuestos se multiplicaban anualmente a cuantías de miedo y, por consiguiente, constituyeron campanadas de alerta que se tenían que apechar con voluntad y decisión. Sin embargo, los gobiernos dejaban transcurrir el tiempo y las reformas se aplazaban. Abultado el problema, la presión de los gremios apenas si fomentó la retórica de los presidentes y sus ministros, pero sin que una iniciativa en concreto se presentara a la opinión y al Congreso, hasta que el gobierno de Santos, entendido por debajo de la mesa con una Corte Constitucional de conjueces, con un halago al magistrado ponente incluido en el presupuesto de 2014, consiguió que se rebajaran las mesadas de magistrados de altas cortes y congresistas atropellando los derechos adquiridos. ¡Exigencia de la mermelada! El trofeo sumó, el primer año, $52.000 millones.
Pero el mismo gobierno del señor Santos ha derrochado en propaganda oficial decenas de billones de pesos sin cuantificar. La sola propaganda en el plebiscito que perdió el 2 de octubre de 2016 le costó al fisco 4,5 billones de pesos. Calculen cuánto estará gastando en los anuncios que vemos a diario en la prensa, la televisión y la radio en horarios clase A, y lo que gastarán, siguiendo su ejemplo, los dos órganos restantes del poder para destacar sus realizaciones. Los medios, claro, continúan coreando la campaña contra las “megapensiones”. Milagro de la pauta. A nadie que devenga en millones se le puede liquidar la pensión en centavos. ¿No lo saben?
Esa irracionalidad que se palpa en el gasto propagandístico del sector público no la censuran los beneficiarios, ni el ministro Cárdenas cuando se refiere a la regla fiscal, que es el instrumento favorito para meter miedo cuando se abordan temas como el salario mínimo y los impuestos a las personas naturales. Nos hablan mucho de crecimiento para el 2018, pero de la equidad social muy poquito; y se nos restriega el estímulo a la inversión con exenciones tributarias para las empresas, pero en cada reajuste impositivo los lances a las rentas de trabajo son implacables. Los monopolios se imponen. Cada día que pasa los cacaos quieren más. El apellido Sarmiento, por ejemplo, ha derivado en Hambriento. Él también tiene en el punto de mira a los jubilados.
El apellido Sarmiento, por ejemplo,
ha derivado en Hambriento.
Él también tiene en el punto de mira a los jubilados.
Para saber si tenemos o no política económica y fiscal revisemos, nomás, los desaguisados de la reforma tributaria “estructural” del bien recompensado ministro Cárdenas, cuya familia tiene motivos de gratitud con el señor Santos: él, dos ministerios; su hermana Patricia, tres embajadas, y su hermano Jorge Hernán contratos con la Nación por $22.000 millones. El senador Macías reveló esta cifra en un debate y la respuesta del ministro fue un silencio despectivo, propio de los privilegiados con poder.
Veamos con qué clase de bufonada nos transfunden la reforma pensional.
