El mismo dueño de dos empresas certifica la experiencia de cuatro meses de la una a la otra, no presenta experiencia adicional, gana una licitación millonaria sin tener un solo empleado y no presenta pago de seguridad social del personal que tiene subcontratado.
El señor Diego Alejandro Garzón Cubillos es una persona extraordinaria desde que era estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Central donde fue elegido Representante ante al Consejo Superior; sin embargo, a la fecha de hoy no sabemos qué pasó con su pilera porque no hallamos su tarjeta profesional en el COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –obligatoria para certificarse como Ingeniero—, lo cual indica que de haberse graduado como ingeniero, su experiencia no tendría validez para ejercer como tal.
Desde hace años constituyó legalmente varias empresas: la primera de ellas es la empresa Arquitectura Diseño y Construcciones S.A.S (ADYC), quedando él en el primer renglón de la Junta Directiva Principal, y su hermana Yeny Natalia como suplente, quien a la fecha de hoy tiene la representación legal (ver cámara ADYC).
La segunda empresa es Business Innovation Solutions S.A.S (BISOLUTIONS), empresa con la que el señor Diego Alejandro se presentó como representante legal para obtener un millonario contrato de prestación de servicios por contratación directa, el número 1158 de 2017, por un valor de 425 millones de pesos, al que ya se le realizó una adición por el valor de 138 millones de pesos (ver enlace).
El objeto del contrato es: “prestación de servicios para apoyar el desarrollo y la implementación de una metodología de gestión que fortalezca la capacidad gerencial para el cumplimiento del plan de desarrollo en la Gobernación de Boyacá, con una duración de 9 meses y 15 días”. Es decir, algo más de 59 millones de pesos mensuales que serán ajustados en el último pago de diciembre 2017.
Para poder participar como oferente del contrato, el señor Diego Garzón debía acreditar una experiencia en implementación de metodologías, la cual fue presentada con una sola referencia de experiencia de cuatro meses por la empresa ADYC; es decir, su otra empresa. Coloquialmente diríamos: se autocertificó (ver experiencia).
Además de lo anterior y con esta experiencia tan corta en implementación de metodologías, el señor Director de Planeación, Herman Amaya Téllez, presentó los estudios previos y luego certificó que la empresa BISOLUTIONS cumple con la experiencia e idoneidad para el contrato relacionado con el plan de desarrollo de la Gobernación de Boyacá (ver estudios previos ) (ver idoneidad).
Aunque no fue posible determinar si el señor Diego se graduó finalmente como Ingeniero industrial, sí se estableció que hasta el año pasado era estudiante de Administración de empresas de la EAN, surgiendo así la pregunta: ¿es el señor Diego Garzón un profesional, o hasta ahora es estudiante? Casos similares se han presentado en la Gobernación de Boyacá.
Algo que también llama bastante la atención es que la empresa BISOLUTIONS no cuenta con empleados, tal como se evidencia en los informes presentados para los cuatro pagos que la Gobernación de Boyacá le ha hecho a la fecha por un valor de 216 millones de pesos. Los informes mismos certifican el no pago de seguridad social ni parafiscales por no tener empleados (ver no pago seguridad social).
Es importante aclarar que cuando un contratista presenta la cuenta de cobro a una entidad debe adjuntar los aportes, así sea por prestación de servicios. Incluso, algunas entidades exigen que si el personal dispuesto para la prestación del servicio es de dedicación del 100% en las actividades debe estar contratado como empleado y no como OPS, situación que se evidencia en el contrato donde claramente se establece que la dedicación de los seis profesionales debe ser del 100%. Por lo menos, el representante legal debería allegar los certificados de aportes para el respectivo giro de la gobernación, situación que no se evidencia en los informes. También deberían exigirle al contratista como mínimo el pago de riesgos profesionales, si es que el personal existe y trabaja en las instalaciones de la gobernación (ver contrato inicial).
Cuando se evidencian este tipo de irregularidades en contratación, el gobernador de Boyacá y sus defensores manifiestan que se trata de una persecución política y que todo son mentiras, pero en honor a la verdad ¿qué clase de empresas y personas se están contratando para el cumplimiento del plan de desarrollo?, ¿cuatro meses de experiencia ameritan un contrato de 563 millones de pesos para una empresa sin empleados? Este tipo de contratación es una muestra clara de la transparencia del gobierno departamental que también respalda Claudia López
Adenda: El gobernador de Boyacá aún no responde mi derecho de petición donde le solicité copia del Acuerdo Marco de Cooperación y Colaboración entre Projetto solar Reffel (PSR), y el departamento de Boyacá. ¿La información pública deberá entonces ser solicitada vía tutela?
