Cada una de las 15 nuevas cámaras de fotodetección que la Alcaldía de Bogotá quiere instalar podría costar cerca de $1.000 millones, al sumar el equipo, la estructura, la instalación y la puesta en funcionamiento. La cifra hace parte de una licitación de $15.000 millones que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad y que ya genera cuestionamientos en el Concejo por los precios utilizados para calcular el presupuesto y la efectividad del sistema que funciona actualmente en la ciudad.
El proceso, identificado con el número SDM-LP-80-2026, está a cargo de la entidad que dirige María Fernanda Ortiz Carrascal. La contratación contempla un plazo de nueve meses para suministrar, instalar, configurar y poner en marcha 15 nuevos puntos de fotodetección, que se integrarán al Sistema Inteligente de Transporte. Según la Administración distrital, el propósito es fortalecer el monitoreo de los corredores viales y contribuir a prevenir los siniestros de tránsito.
Sin embargo, el costo de los dispositivos encendió las alertas de la concejal Andrea Carolina Hernández Ucrós, del Centro Democrático. La cabildante cuestionó el estudio de mercado que utilizó la Secretaría para establecer los valores de referencia y pidió explicaciones sobre las cotizaciones que fueron tenidas en cuenta para estructurar la licitación.
Según la información que ha conocido Hernández, el precio unitario de cada cámara sería de aproximadamente $397 millones. Al agregar las estructuras, la instalación y los trabajos necesarios para ponerlas en funcionamiento, cada punto podría alcanzar los $1.000 millones. La preocupación está en que, dentro del mismo estudio de mercado, habrían aparecido cotizaciones de equipos con precios que oscilaban entre $37 millones y $115 millones.
La diferencia entre esas propuestas y los valores utilizados para calcular el presupuesto llevó a la concejal a pedir que se explique por qué se descartaron las alternativas más económicas y cuáles fueron los criterios técnicos y financieros para seleccionar las referencias que terminaron sustentando la contratación.
De acuerdo con la información presentada por Hernández, la Secretaría habría tomado como referencia el promedio de las cotizaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), actual operador del sistema. La cabildante solicitó conocer los documentos completos del estudio de mercado, las ofertas recibidas y las evaluaciones que permitieron excluir las propuestas de menor cuantía.
La discusión no se limita al precio de los equipos. También tiene que ver con el crecimiento del sistema de fotodetección en Bogotá. Según cifras presentadas por el concejal Armando Gutiérrez, la ciudad pasó de tener 32 cámaras en funcionamiento en 2024 a 79 en 2025. Para 2026, el registro llegó a 98 dispositivos. Ahora, con la nueva licitación, la Administración pretende sumar otros 15 puntos.
Ese crecimiento plantea preguntas sobre los resultados que han producido las cámaras. Para Hernández, antes de comprometer otros $15.000 millones, la Secretaría debería demostrar qué tan efectivas han sido las que ya están instaladas y si realmente han contribuido a reducir los accidentes de tránsito.
La concejal también pidió explicaciones sobre los tiempos de sincronización de los equipos, su capacidad para detectar infracciones y la manera en que la información capturada se utiliza para mejorar la seguridad vial. A su juicio, no basta con aumentar el número de dispositivos si la entidad no puede demostrar el impacto que tienen sobre la accidentalidad.
Otro asunto que entró en la discusión es el destino de los recursos recaudados por las fotomultas. Durante el debate, Hernández mencionó ingresos por $316.000 millones en los últimos dos años y medio y pidió mayor claridad sobre la utilización de ese dinero. La pregunta es cuánto de esos recursos se ha traducido en acciones concretas para mejorar la infraestructura vial y prevenir siniestros.
En el Concejo también se presentaron cifras sobre las infracciones detectadas electrónicamente. De acuerdo con los datos expuestos por Gutiérrez, las motocicletas representan el 72 % de las infracciones, los automóviles el 18 % y los vehículos de carga el 10 %. Estas cifras alimentan la discusión sobre el comportamiento de los conductores y la necesidad de evaluar los resultados del sistema.
La Secretaría de Movilidad tendrá que explicar, además, qué características técnicas tienen los nuevos dispositivos y si sus prestaciones justifican la diferencia de precios frente a las cotizaciones más económicas. No se trata solamente de comparar el valor de una cámara, sino de establecer qué incluye cada oferta y si los equipos cumplen con las mismas condiciones de operación.
Para Hernández, Bogotá necesita medidas que permitan salvar vidas y reducir los accidentes, no simplemente aumentar el número de cámaras. Por eso pidió aclarar la necesidad de la compra, el costo real de cada punto de fotodetección y la destinación de los recursos obtenidos mediante las infracciones.
La licitación de $15.000 millones abre así dos interrogantes para la Administración distrital: por qué cada nuevo punto podría acercarse a los $1.000 millones y qué resultados concretos puede esperar la ciudad de una inversión que busca ampliar un sistema cuya efectividad también está bajo discusión.
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