César Enrique Osorio Ortiz, juez 24 de Familia de Bogotá, atiende a diario casos de divorcio, dirime disputas por custodia de los hijos después de la separación de los padres, atiende trámites de alimentos y castiga la violencia intrafamiliar. No es un juez constitucional, pero suele atender con diligencia y buen criterio, según lo destaca el Tribunal de Superior de Bogotá, las tutelas que le llegan por reparto.
A mediados de octubre de 2016, su despacho recibió una de las acciones de tutelas más sensibles del año porque pedía proteger la memoria histórica frente al retiro de piezas del Museo Nacional que el presidente Abelardo De la Espriella consideraba una apología de la guerrilla.
El 19 de ese mes, apenas cuatro días después de que el Ministerio de Cultura y directivos del Museo ejecutaron la orden presidencial, el juez actuó con una rapidez poco usual y en tiempo récord admitió la tutela y decretó una medida provisional para evitar que se destruyera, trasladara o diera de baja alguna pieza y para que no se retirara ninguna otra por su contenido sin un acto administrativo que lo justificara.
Entre las 63 piezas inicialmente retiradas se encontraba el bolígrafo fabricado con un casquillo de bala de fusil calibre punto 50 utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc, el facsímile y tarjetón de la séptima papeleta que hizo posible la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y un brazalete de cuero del M-19, organización que dejó las armas para integrarse a la vida democrática.
El 28 de octubre, tras estudiar quince tutelas acumuladas, el juez Osorio profirió una sentencia de 38 páginas en la que comenzó por echar de menos el acto administrativo que respaldara la decisión, el acta que formalizaba la diligencia y el concepto técnico necesario para corregir o enmendar la memoria histórica.
Como no encontró cumplido alguno de esos requisitos, amparó la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.
El 28 de octubre de 2026 resolvió las acciones presentadas por Gabriel Becerra, grupos de ciudadanos, colectivos culturales, un padre con su hija menor, una menor de edad de la comunidad LGBTIQ+, víctimas y algunos congresistas contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Museo Nacional de Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella no fue accionado, sino solo vinculado de forma circunstancial para defendiera su decisión.
Encontró que la solicitud fue tramitada por Julián David Sterling, secretario general del Ministerio. Como responsables del movimiento de las piezas estaban Iván Andrés Sierra Salcedo y María Constanza Toquica Clavijo, directora encargada del Museo. La encargada de la entrega era Isabel Dapena, jefa de Museografía.
En su contestación a la tutela el Ministerio citó la instrucción impartida por el jefe del Estado: “Toda esa oda al terrorismo, en la que aparece (Carlos) Pizarro y demás terroristas debe terminar”. Presentó además las actas de retiro de las piezas históricas efectuado mediante los procedimientos P-MNC-077 y P-MNC-070, pero desprovistas de un concepto de conservación.
Las piezas no fueron destruidas y quedaron como catalogadas como “reservas técnicas, inventariadas y bajo custodia”. A juicio del despacho, el efecto de la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la cultura y la educación y a la memoria histórica se producía en el hecho de que el público no pudiera verlas.
El juez ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación fueran restituidas a sus espacios de exhibición, de manera que quedaran garantizadas sus condiciones técnicas de conservación. Dispuso que, si en el futuro era reconsiderada esa decisión, deberían intervenir las entidades especializadas en evaluación técnica y curatorial correspondiente, con intervención del Comité de Gestión Patrimonial y con criterios de protección de memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.
El juez se apoyó en tres sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la T-202 de 2026 que protegió el mural que reza “Las cuchas tienen razón”, aparecido en La Escombrera.
Concluyó que un museo público es un foro neutral y que exhibir una obra no es imponer una ideología. Aclaró que el Estado puede discrepar de una obra, puede criticarla, pero no puede sacarla de la vista del público solo porque no le gusta su contenido político.
“Una cosa es opinar contra el ‘wokismo’ o contra la ‘contrarrevolución cultural’, actitudes que pueden hacer parte de la libertad de expresión del Gobierno, pero otra distinta es retirar materialmente una obra”, sentenció.
Sin disculpas
Osorio no ordenó a las autoridades comprometidas presentar disculpas públicas, aunque varios accionantes lo pedían como un acto simbólico. En consecuencia, la ministra Paola Holguín no deberá disculparse en redes sociales, ni retractarse por haber hablado de una “apología al delito” o "wokismo" porque no fueron acreditadas las circunstancias para ordenarlo como una medida de protección constitucional.
Tampoco ordenó el envío de copias de su decisión a la Fiscalía o la Procuraduría, ni reinstalar el microperforado del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz, como lo buscaban también quienes presentaron las tutelas. El microperforado estaba en una sede del Ministerio, no en el Museo, y el fallo final no lo incluyó en la orden de restitución que solo cobijó a las mesas expuestas en el Museo.
La sentencia no prohibió para siempre cambiar las salas. El juez señaló en tres partes de su providencia que el Museo sí puede organizar, renovar o modificar sus exposiciones. Lo que no puede es excluir manifestaciones por rechazo a las ideas que representan, sin justificación objetiva.
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