En 2013, el excongresista Otto Bula fue descubierto como intermediario en los negocios turbios de la multinacional de origen brasileño Odebrecht merced a un testimonio rendido por Yesid Augusto Arocha Alarcón, representante de la firma en Colombia.
Obligado a declarar, en cumplimiento de un acuerdo entre Estados Unidos y Brasil, Arocha le contó a la justicia colombiana que el político cordobés, reemplazo transitorio del dirigente Mario Uribe en el Senado, se vinculó a Odebrecht mediante un contrato suscrito bajo la modalidad de succes fee o primas de éxito.
Así, por cada contrato, adición u otrosí obtenidos a favor de los brasileños cobraba el uno por ciento. Su intervención fue clave para que el gobierno de Juan Manuel Santos adjudicara un contrato de adición de la vía Ocaña – Gamarra por $670.000 millones, que no estaba contemplado inicialmente en el contrato inicial de la Ruta del Sol II.
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A cambio, según su propia confesión y los pagos rastreados por Brasil y Andorra, recibió US$ 4,6 millones de Odebrecht.
Cuando fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, los bienes de Bula se convirtieron en un objetivo de fiscales y jueces de extinción de dominio, pues servirían para la reparación de sus víctimas.
Sus haciendas y tierras productivas en Córdoba, manejadas a través de la Sociedad Comercial Agropecuaria La Central, fueron intervenidas y a la postre quedaron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La SAE a su vez proyectó su disposición para que en el futuro la Agencia Nacional de Tierras las utilizara para efectos de la reforma tributaria.
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Un proceso de extinción de dominio, abierto bajo el radicado 2017-0008, incluyó 52 bienes, incluido el predio Maragón, en sabanas cordobesas de Sahagún, que a finales de octubre de 2026 fue despojado a los campesinos que lo venían trabajando en comodato y devuelto a Bula, gracias a la interpretación de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo que abrió la puerta de la devolución
El 16 de enero de 2025, mediante el fallo STP133-2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema acogió las pretensiones de la Sociedad Comercial Agropecuaria El Central S.A.S, la empresa que según la Fiscalía usaba Bula para ocultar sus bienes, que alegaba una “enajenación temprana” por parte de la SAE de dos predios matrículas 140-29313 y 140-17313, ubicados en Montería y San Pelayo, Córdoba.
La sociedad alegó que el Juzgado Primero de Extinción de Dominio de Bogotá, en sentencia del 4 de agosto de 2020, no declaró la extinción de dominio sobre esos dos predios porque los consideró de origen lícito.
Aducía también que como ese fallo estaba en el Tribunal Superior de Bogotá, en grado de consulta, desde el 9 de diciembre de 2020, y no fue apelado por la Fiscalía, las tierras no podrían ser objeto de extinción.
La Corte dejó sentado que cuando hay sentencia de primera instancia que niega la extinción y no está en firme por estar en consulta o apelación, hay una “expectativa razonable de que los bienes retornen al propietario inscrito” y venderlos anticipadamente generaría un perjuicio irremediable.
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Ese mismo argumento fue utilizado por las autoridades que le devolvieron a Bula el predio Maragón, pues un juez consideró que no había sido adquiridos con dineros de origen ilícito.
La Agropecuaria El Central es la misma sociedad que aparece como propietaria de Maragón en un expediente de la Fiscalía de 2017.
Así, las cosas si el Tribunal confirma en segunda instancia la no extinción para los dos predios cordobeses, la SAE tendrá que devolverlos materialmente. El mismo argumento cabría para los otros 50 bienes del mismo proceso, incluido Maragón, si el juzgado también negó la extinción sobre ellos en 2020. Los campesinos de la Asociación Laureles que venían trabajando productivamente la tierra de Maragón protestan por la que consideran una vulneración de sus derechos adquiridos.
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