El contenido de un sobre de manila sellado que José Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña que en 2014 llevó a Juan Manuel Santos a la presidencia, le envió a Río de Janeiro a un alto ejecutivo de la multinacional Odebrecht terminó marcando su destino ante la justicia colombiana.
Se trataba de una carta en la que Prieto le rogaba a Eleuberto Martorelli, director de la firma brasileña en Colombia, que “aclarara” la versión que les venía dando a las autoridades, en el sentido de que la compañía le aportó un millón de dólares a la campaña a través de piezas publicitarias y estudios de opinión.
La respuesta que Martorelli le dio debió resultarle desalentadora a Prieto. Su mensaje de vuelta decía que lamentaba mucho lo que estaba ocurriendo, pero que su compromiso con Odebrecht era contar la verdad.
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Cuando eso ocurrió, Brasil ya se había comprometido con Estados Unidos y con Suiza a revelar toda la verdad sobre los sobornos atribuidos a Odebrecht en tres continentes y a colaborar con la justicia de cada país afectado en el esclarecimiento de los hechos.
La verdad era que el aporte a la campaña había consistido en un apoyo publicitario pagado a través de la firma Paddington, radicada en Panamá. Prieto quería que Martorelli modificara sus declaraciones iniciales y dijera que solo se trató de estudios sobre el clima político-electoral en Colombia que Odebrecht contrató por conveniencia propia y que luego decidió compartir con todas las campañas.
La Fiscalía y la Procuraduría colombianas obtuvieron copias del contrato de prestación de servicios de investigaciones electorales celebrado el 2 de febrero de 2014 entre Luis Carlos Batista Filho y Eleuberto Antonio Martorelli, en representación de la Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Colombia, y Carlos Felipe Arango, representante de la sociedad comercial Paddington Ventures Limited.
El pago del millón de dólares fue hecho a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, denominación que se le daba a la oficina encargada de dispensar apoyos políticos y pagar sobornos para conseguir contratos.
Luego de la autorización impartida por Luis Mameri, responsable de esa división, el dinero fue consignado en una cuenta de Bancolombia en Panamá. El giro no fue reportado en la contabilidad de la campaña.
Según el escrito de imputación que preparó la Fiscalía, ese millón no llegó en un solo pago. Ingresó en dos desembolsos, el 26 de marzo y el 28 de abril de 2014, cada uno por 500.000 dólares, bajo la modalidad de servicios especializados de investigación sobre la evolución de la candidatura.
La hipótesis del ente acusador va más allá. Sostiene que Prieto habría impartido instrucciones para utilizar ese aporte en la estrategia publicitaria de la segunda vuelta, cuando Santos enfrentó a Óscar Iván Zuluaga.
Y sostiene que lo hizo con pleno conocimiento del origen de los recursos y de su obligación legal de reportarlos ante el Consejo Nacional Electoral. Para la Fiscalía, el motivo de Odebrecht era claro. Consistía en pagar los estudios para acercarse al Gobierno por sus intereses en el proyecto Ruta del Sol II.
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El emisario con el que el gerente de la campaña le envió la carta a Martorelli fue el empresario Eduardo José Zambrano Caicedo. El propio empresario se lo confirmó a la justicia penal.
Fracasada su gestión, Prieto expresó su angustia a través de conversaciones telefónicas que estaban siendo grabadas con autorización de un juez. En mayo de 2017 le dijo a uno de sus amigos que sentía que se le estaba cayendo la estantería.
Le confió también que, según él, una magistrada del Consejo Nacional Electoral, cuyo nombre no mencionó, no estaba haciendo la gestión necesaria para frenar algún pronunciamiento adverso en materia de violación de los topes de financiación de la campaña.
Unidas esas piezas, Jesualdo Villero Pallares, procurador delegado de juzgamiento disciplinario en esa época, encontró a Prieto responsable de falsedad en documento privado, delito que también es considerado como falta en el Código Disciplinario. En primera instancia le impuso una inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos y una multa de $50,5 millones.
Esa sanción, sin embargo, fue modificada en segunda instancia. La Procuraduría mantuvo la responsabilidad, pero la redujo a ocho años de inhabilidad y a una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014.
Después de que la sanción fue revelada surgió en algunos medios el debate sobre si Prieto, como particular, podía ser investigado y sancionado por la Procuraduría, organismo que en principio solo tendría competencia sobre servidores públicos.
La propia Procuraduría zanjó el debate al aclarar que también son disciplinables aquellos contratistas o particulares que manejen recursos públicos. En este caso, los recursos públicos consistieron en un anticipo aprobado por el Ministerio de Hacienda para la campaña, como financiación estatal, por cerca de $5.530 millones y otro adicional de más de $1.533 millones. Ambos giros fueron certificados por la pagaduría.
Ahora Prieto oirá este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 9:00 a.m., la imputación de cargos que tiene en su contra la Fiscalía general de la Nación. No será la primera vez que se intenta. La audiencia, inicialmente prevista para el 30 de julio, se aplazó a petición de la defensa.
La nueva fecha llega después de que el Grupo de Tareas Especiales retomara un expediente paralizado por años, ante el riesgo de que los hechos prescriban.
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La Fiscalía le imputará los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. El primero, por haber presentado ante el CNE informes que habrían inducido a error a las autoridades electorales. El segundo, por el presunto beneficio económico derivado de recursos que no habrían sido declarados en los registros de financiación de la campaña.
En paralelo a la imputación, la Fiscalía archivó un expediente distinto, el del contrato de 2015 entre Odebrecht y Sancho BBDO por cerca de $2.500 millones para servicios publicitarios, al concluir que esos trabajos sí se ejecutaron y que los pagos estaban justificados.
El ente acusador aclaró que ese archivo no toca la imputación contra Prieto por el millón de dólares de 2014.Prieto ya pagó una condena de cinco años de prisión por haber ejercido influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura para favorecer a Odebrecht en la Ruta del Sol. Ahora, con esta nueva imputación, vuelve a enfrentar a la justicia por la financiación de la campaña que gerenció. Su defensa, encabezada por el abogado Jesús Albeiro Yepes, ha anticipado que no aceptará los cargos y que pedirá el archivo definitivo del proceso. La audiencia dirá si, 12 años después, el caso por fin avanza a juicio.
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