En la cárcel La Picota de Bogotá alrededor de 4.300 internos quieren sentarse a hablar con Abelardo De la Espriella, el mandatario que día a día convierte la mano dura contra el crimen en una de sus principales banderas.
El presidente tiene quien le escriba desde las prisiones. La propuesta fue enviada a El Tigre por Johana Bahamón, de la Fundación Acción Interna, el pasado 26 de octubre. Aún no hay respuesta.
Los presos no llegan con una petición de rebaja de penas ni con una exigencia de privilegios: ofrecen entregar voluntariamente los celulares que siguen usando, en muchos de los casos, para delinquir. También proponen poner su trabajo al servicio de la sociedad.
En la carta, los representantes de derechos humanos y convivencia de siete patios quieren que el Gobierno los escuche y les permita demostrar que el tiempo de prisión también puede traducirse en una contribución concreta al país.
La oferta no se limita a los teléfonos. Los internos proponen fabricar pupitres para colegios, confeccionar uniformes escolares, elaborar mobiliario hospitalario y aportar mano de obra para construir o reparar carreteras.
Por su parte, la fundación se ofreció a acompañar la puesta en marcha de esas iniciativas, bajo condiciones legales, laborales y de seguridad.
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Casi 7.000 celulares usados para extorsionar desde cárceles han sido bloqueados
El punto más sensible de la propuesta es la entrega de celulares.
Los aparatos están prohibidos dentro de las cárceles, pero siguen siendo herramientas para mantener contacto con el exterior y, en manos de redes criminales, coordinar extorsiones.
La propuesta de los internos apunta a desmontar ese circuito criminal. Sin embargo, la entrega voluntaria no garantiza que desaparezcan los teléfonos clandestinos ni las estructuras que los utilizan.
Las cifras muestran la dimensión del problema. Según información oficial divulgada en septiembre, entre enero de 2025 y febrero de 2026 los grupos GAULA reportaron 57.343 registros asociados a denuncias por extorsión.
Tras cruzarlos con datos de operadores de telefonía y ubicaciones penitenciarias, las autoridades identificaron 9.474 como posibles llamadas originadas en cárceles. El análisis permitió solicitar el bloqueo de 6.786 registros.
La crisis carcelaria no se reduce a los celulares. El boletín del INPEC del primer trimestre de 2026 reportó una capacidad nacional de 81.025 cupos para la población intramural, mientras que el sistema penitenciario recluye más de 102.000 reclusos.
El hacinamiento y las dificultades de control crean un escenario en el que la resocialización compite con la persistencia de economías criminales dentro de los patios.
"Bienvenidos a la Patria Milagros"
La carta llega a un presidente que ha hecho de la confrontación con los delincuentes su sello personal y político.
En agosto, Abelardo De la Espriella afirmó que a los “bandidos se les había acabado la fiesta en las cárceles” y anunció el traslado de internos a establecimientos de máxima seguridad inspirado en el modelo del presidente Bukele en El Salvador.
Además, El Tigre anunció la construcción de nuevas mega cárceles de máxima seguridad, con participación de la empresa privada y ha avanzado con obras que ya estaban en marcha antes de su llegada a la presidencia.
En La Guajira, la cárcel de Riohacha, con 1.722 cupos, registraba un avance de obra del 93,97 % en septiembre pasado.
Por otra parte, a principios de octubre, la Gobernación del Atlántico le presentó el proyecto de El Tiestal, en Candelaria, con capacidad proyectada para 11.500 internos, obra suspendida desde 2019 cuya reactivación aún debe definirse.
El Gobierno también aceleró las obras de la mega cárcel Renacer, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), iniciada durante la presidencia de Iván Duque y con capacidad proyectada para 1.974 internos. El avance reportado a finales de septiembre de 2026 era del 88 %.
Entre tanto, los internos de La Picota aseguran que su oferta no está condicionada a beneficios. El Tigre no tendría que negociar condenas para escuchar la propuesta. ¿Tendrán respuesta los presos?
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