“Escupiría sobre mí mismo”, escribió en su cuenta de X el expresidente Gustavo Petro Urrego al referirse a la actitud que asumiría si fueran ciertas las versiones que le atribuyen presuntos pagos de favores sexuales con cargo al presupuesto público.
Según él, el testimonio que la joven Deicy Jiménez le dio a Vicky Dávila, presidenta de Semana en ese sentido hacen parte de una estrategia montada y pagada por el gobierno y sus malquerientes para hacerle daño, luego de fracasar en supuesto intento por vincularlo con las mafias del narcotráfico.
Y es que si la denuncia hecha por la joven webcam en el sentido de que Petro, primero como senador y luego como presidente, le pagó favores sexuales con contratos públicos resulta cierta, los dos podrían terminar comprometidos en graves delitos.
Las2Orillas consultó a connotados penalistas, entre ellos el reconocido litigante Andrés Garzón, sobre las consecuencias que acarrearía un affaire como el descrito.
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De acuerdo con los expertos, serían varios los delitos que narra Deicy Jiménez en su testimonio. El primero de ellos sería el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde la autora sería la propia entrevistada y el determinador o autor intelectual sería el entonces jefe de Estado. Siempre según ella, Petro le daba hasta tres millones de pesos en efectivo para que comprara estupefacientes en alguna olla manejada por una red con la que tendría contactos.
Otra conducta que podría ser imputable de comprobarse la veracidad de los hechos sería el interés Indebido en la celebración de contratos para el servidor público: Gustavo Petro en calidad de autor en concurso homogéneo y sucesivo de once contratos, en razón al interés ilegítimo que tuvo en que se le entregaran a la señora Jiménez a cambio o como pago de favores sexuales.
En caso de que la Deicy Jiménez no hubiese prestado los servicios para los que fue nominalmente contratada, se estaría frente al delito de peculado por apropiación. En ese caso ella tendría la calidad de autora y Petro el de determinador en concurso, según el número de contratos incumplidos.
de acuerdo con el número de contratos en los que no haya prestado el servicio.
Petro también se verían expuesto procesalmente al delito de tráfico de influencias en razón a que habría utilizado su cargo de presidente para influir indebidamente ( para pagar servicios sexuales) en los funcionarios de distintas entidades, así como en senadores con el fin de que de contrataran a su amiga.
La sensible historia
La joven de 26 años le contó a la periodista Dávila que conoció a Gustavo Petro en 2019 a través de una página para adultos, cuando él era senador, y que desde entonces mantuvieron encuentros íntimos durante cinco años.
Según su versión, nunca recibió dinero en efectivo, sino contratos. Primero, vinculados al Congreso en el equipo de la senadora María José Pizarro, luego en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y finalmente en el Ministerio del Interior.
“Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, aseguró la mujer y ella misma habló de abuso de poder. Para probarlo, tendría a disposición varias evidencias incluidas videos. La revista solo publicó algunos chats que la pareja se habría cruzado a través de cuentas de Facebook falsas y algunas fotos que muestran los que serían pequeños alijos de cocaína y rollos de billetes reservados para pagarlos. La periodista explicó que las pruebas más íntimas quedaron reservadas para la justicia.
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La chica habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres en la misma situación y de consumo de cocaína en algunos encuentros, afirmaciones que ella misma presentó como su testimonio y que aún no tienen verificación judicial independiente.
Antecedentes que cuentan
Cuatro días antes, el 21 de octubre de 2026, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, dijo en el Congreso que la Casa de Nariño había sido usada para “parrandear” y que existían 48 mujeres “instrumentalizadas a punta de OPS (órdenes de prestación de servicios) durante el gobierno Petro.
El Ministerio de Justicia informó el 25 de octubre que, por instrucción del presidente, activó con la UNP una ruta de protección para Deicy Jiménez para salvaguardar su vida e integridad, pues ella aseguró que el Petro la amenazaba y dijo sentir temor por su vida.
La Procuraduría dijo que aún no tiene nombres ni documentos para abrir investigación disciplinaria y la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación son las instancias que, según la propia denunciante, deberían examinar los hechos.
Como quiera que el gobierno habla de cerca de cincuenta mujeres que estarían en la misma situación, una de las preguntas que rondan en la opinión es si esto podría convertirse en un “Me too” para el expresidente. A juicio de especialistas sí, en un sentido sociológico. Sí, porque el patrón que describe el Me Too es justamente ese. Una primera denuncia pública que rompe el silencio, la referencia a otras posibles víctimas y una discusión sobre abuso de poder y no sobre la relación sexual en sí misma.
La frase de Jiménez de “me cansé de guardar silencio” y su argumento de que los contratos servían para que no hablaran encajaría en esa lógica.
En sentido jurídico es distinto. Según los penalistas consultados, para que prospere como caso de acoso, abuso de poder o corrupción, la legislación exige mucho más que testimonios en medios. Ordena la verificación de los contratos, demostrar nexo causal entre el contrato y el favor sexual, disponer de una trazabilidad de quién ordenó la contratación. También que las demás mujeres decidan denunciar formalmente con pruebas.
Hasta hoy, la propia revista aclara que la existencia de los contratos no acredita por sí sola la acusación central.
Si otras mujeres presentan denuncias con soporte documental ante Fiscalía o Corte Suprema, y si la investigación del Dapre entrega los listados y OPS que anunció, el escenario podría escalar a una causa colectiva. Si no, quedará como un escándalo político-mediático con una ruta de protección activada, pero sin efecto penal inminente.
El rastro de los contratos
Deicy Jiménez dice que conoció a Gustavo Petro, entonces senador, a través de una página para adultos. Él usaba perfiles falsos en Facebook (“Mihail Bukharin”, “Altheais Monteluz”, "Michel Foucault"). Su primer encuentro presencial se habría dado en un hotel en Cali.
- 2021: Contrato 709-2021 por $2.700.000 y Contrato 1403-2021 por $4.500.000 en el Senado.
- 2022: Contrato 604-2022 por $9.420.000 y Contrato 1252-2022 por $10.000.000 – Senado.
- Marzo de 2023 - Julio 2024 - El contrato de mayor valor, por $10.000.000 para apoyar tareas en el archivo del Senado.
- 27 sept 2023: Contrato 1312-2023 por $34.336.000 hasta el 19 julio 2024. Fue asignada a la Primera Vicepresidencia del Senado, entonces a cargo de María José Pizarro. Semana dice que Pizarro sabía que llegaba recomendada por Petro. La congresista no se ha pronunciado.
- Julio 2023: Otro contrato por $3.000.000
- Portal Anticorrupción cuenta acerca de siete contratos solo en el Congreso, entre 2021 y 2024m, que suman más de $100 millones.
- Ya en el gobierno, el 11 junio 2025 al 10 dic 2025 la joven firmó el contrato por $18.000.000 con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para archivo y organización documental.
- El 28 agosto 2025: La Subdirección de Proyectos del MinInterior expide certificado de idoneidad para la firma del contrato 1826 de 2025 por $11.151.338 para apoyar la preparación de informes del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
- El 30 enero 2026: Contrato por $30.457.094 vigente hasta el 31 diciembre del mismo año. Sigue activo y suma en total en el Ministerio del Interior más de $41 millones.
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Por lo pronto, el abogado Alejandro Carranza, asesor jurídico de Petro durante su administración, anunció una “demanda multimillonaria” contra Semana por las afirmaciones que él considera falsas y absurdas. También procederá judicialmente contra Angie Rodríguez y Eva Ferrer por sus graves acusaciones contra el hoy expresidente.
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