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En 1970 el país verificaba sus votos de la manera más inocente y confiada posible, porque no había otra en una nación sin tecnología. Después de sufragar, un rito que muchas familias cumplían juntas y con devoción, algunas obligadas y otras divididas por sus decisiones electorales, la trazabilidad del voto se vigilaba con el oído pegado al radio y la mirada puesta en el dedo índice, teñido de tinta roja indeleble.
La noche del 19 de abril, cuando las emisoras daban como posible ganador a Gustavo Rojas Pinilla, el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, les prohibió divulgar los consolidados. El país se acostó con Rojas ganando y se despertó con Misael Pastrana a la cabeza; el escrutinio le dio la victoria por 63.557 votos, y desde entonces quedó sembrada la duda de qué país fue el que surgió.
El oficialismo trató de mantener esa duda bajo control: el presidente Lleras Restrepo decretó el toque de queda y declaró falsa la denuncia de fraude de la Anapo, mientras buena parte del país pensó lo peor. Ese sentimiento jamás nos abandonó, y de ahí nació un movimiento armado que tomó la fecha por nombre.
El dedo untado de rojo evitaba el doble voto, pero la trazabilidad de lo que pasaba con los escrutinios solo quedaba en nuestros oídos. Hoy la tinta desapareció y el dedo rojo es un certificado electoral, que prueba que alguien votó pero no que lo hizo una sola vez. ¡Un retroceso que la sola tinta roja vencía!
Ahora hemos quedado sordos, no porque no podamos seguir a las comisiones escrutadoras, sino porque, tras marcar el voto, el sistema deja de ser análogo o de papel y se vuelve digital. Los formularios se convierten en datos digitales, y esos datos quedan sometidos a la oscuridad, mientras esperan que el pueblo se limite a creer lo que escucha en sus radios.
El registrador Hernán Penagos insiste en que “en Colombia se vota manual, los votos son manuales y las actas son manuales”. Lo que calla es que la suma de las más de 122.000 mesas no la hace nadie con lápiz, porque las comisiones digitan los formularios en un software, y cualquier cambio en lo digital cambia la elección, aunque el papel siga quieto en su bolsa.
La diferencia es que hoy existe, por primera vez en la historia, un fenómeno con el que no contaba el registrador Penagos, que sigue hablando de un voto de papel: los testigos digitales. No son los testigos electorales de los partidos ni los observadores internacionales, que vigilan la parte análoga: la urna, el conteo y el escrutinio del papel.
Son ciudadanos, ingenieros, estadísticos y peritos que descargan los E-14, calculan sus huellas, leen sus metadatos, rastrean en Internet Archive los índices del visor y someten los resultados a pruebas estadísticas. No creen en lo que les quieren mostrar y, como Tomás, quieren meter el dedo en la llaga para creer que el voto, convertido en dato digital, sí plasma lo que se consignó. ¡Y lo meten!
Lo que encontraron, según peritajes de parte aún por validar, ¡no es poca cosa! Los nombres que identificaron los E-14 de segunda vuelta ya existían a las 12:38 p. m. del 21 de junio, antes del cierre de las urnas. En Papurí, Vaupés, las actas de una mesa en primera y segunda vuelta llevan el mismo nombre y tienen distinta huella digital.
Hay 297 formularios con la leyenda “Página no Digitalizada”, 62 con la marca “Confidencial” y varios con rastros de unión de documentos; apenas 42 conservaron algún metadato y ninguno trae sello de tiempo. Y la propia Registraduría reconoció en su Boletín 123 haber sustituido por equis parte de la identificación de los archivos, una “ofuscación parcial” que impidió ordenar los resultados a tiempo.
Por eso hay demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado y una denuncia penal contra el registrador Penagos, que suscribo con otros ciudadanos. Como en la época de Pastrana, el oficialismo quiere silenciar, quiere censurar prematuramente para que, como borregos, aceptemos sin cuestionar, y la Registraduría y la Procuraduría esperan que sigamos con la oreja pegada al relato.
El sistema electoral no es de papel: es un sistema complejo que incluye inteligencia artificial, propaganda con neurociencia para las redes, marcas, logos e inversiones que el CNE no alcanza a medir. Un sistema así no se controla mirando sino verificando, y la Corte Constitucional, en la T-067 de 2025, llamó a la transparencia algorítmica “una garantía fundamental en una sociedad democrática”, derivada del derecho fundamental de acceso a la información. Saber qué hace el software que suma nuestros votos no es una curiosidad técnica. ¡Es un derecho!
Si creen que seguimos en 1970, ¡mamola! Hoy existe un conglomerado de peritos y testigos digitales que acaban fácil con cualquier narrativa de oropel de manada.
No me corresponde declarar el fraude sino pedir que se investigue, y el registrador Penagos conserva la presunción de inocencia. Pero si el país tiene dudas, su deber es demostrar, sustentar y probar, no silenciarnos, porque desde 1970 sabemos que la duda no puede ser el pilar de la democracia: la confianza se construye con pruebas, no con silencios.
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