La muerte agarró a Hugo Alberto Zuluaga por sorpresa. Estaba en una playa de Punta Cana, en República Dominicana, con sus hijos, en unas vacaciones familiares. Era abril de 2026. Nada en ese día parecía distinto a cualquier otro de descanso: el agua, la arena, el sol, sus hijos, la diversión. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando una ola lo atrapó y se lo llevó.
Cuando pudieron sacarlo del mar no había nada que hacer. Murió ahogado. Hugo Zuluaga tenía a su cargo una de las empresas de tecnología de tránsito con más contratos públicos en Colombia, y la noticia de su muerte, confirmada por la propia compañía, que lo reconoció como socio fundador y presidente, llegó a las oficinas de Quipux en medio de contratos que seguían corriendo en varias regiones del país, algunos firmados para operar hasta 2029.
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Quipux había empezado treinta y un años antes, en octubre de 1995, en Rionegro, Antioquia. Zuluaga y Juan Pablo Ramírez, los dos fundadores que identifica la historia oficial de la empresa, quisieron venderles a los municipios sistemas que reemplazaran el papel con el que las alcaldías llevaban sus registros. Los primeros clientes fueron el propio Rionegro, Ciudad Bolívar e Itagüí, y luego Envigado. En 1998 firmaron con Bogotá y en 1999 con Cali. Las fuentes consultadas no identifican a más socios fundadores que Ramírez; los otros nombres que aparecen alrededor de la compañía, como SITT, Servientrega o Recaudos Modernos, son empresas con las que Quipux se asoció después para construir consorcios.
Durante la década siguiente, la compañía dejó de ser solo un proveedor de software municipal. Participó en el desarrollo de sistemas vinculados al SIMIT y a la arquitectura del RUNT, los dos registros nacionales de tránsito, y empezó a ofrecer soluciones de multas, movilidad y transporte. Esa posición explica por qué su papel en las fotomultas va más allá de instalar cámaras. En los modelos documentados, su tecnología puede intervenir en la detección electrónica de la infracción, la identificación del vehículo, la gestión de la evidencia, el comparendo, el proceso contravencional, la notificación y el seguimiento del recaudo. Un solo contrato puede incluir varios de esos pasos, y por eso contar solamente las cámaras instaladas deja por fuera buena parte de lo que la empresa hace y de lo que cobra.
Su ingreso documentado a la fotodetección es de 2006, en Medellín, durante la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, cuando arrancó un convenio de modernización de la Secretaría de Tránsito que terminó incorporando el sistema de fotomultas. Con Sergio Fajardo como alcalde, el esquema se amplió y su vigencia se extendió hasta 2025; quienes han reconstruido el contrato señalan que la duración pasó de ocho años a cerca de veinte. El Consorcio ITS Medellín, formado por SITT y Quipux, desarrolló el núcleo tecnológico, y documentos del sistema indican que Quipux aportaba la infraestructura y la operación del módulo de fotodetección, incluida la gestión del proceso contravencional. Según reportó El Heraldo, ese modelo dejaba el 70 por ciento del recaudo en manos de operadores privados. En 2026, en su segundo período, el alcalde Federico Gutiérrez decidió no prorrogarlo y anunció que el sistema pasaría a operación pública con un enfoque preventivo.
En Itagüí la historia tiene otro protagonista: Álvaro León Zuluaga Giraldo, hermano de Hugo y representante legal de Quipux desde antes de la muerte del fundador. El contrato del consorcio SETI se firmó en 2005, bajo el alcalde Carlos Arturo Betancur. En 2015, Quipux sustituyó a Servientrega dentro del consorcio y adquirió su participación del 25 por ciento, un cambio aprobado por el municipio mediante resolución de diciembre de ese año. El alcalde de entonces, Carlos Andrés Trujillo, prorrogó el contrato hasta 2029. Documentos del municipio muestran a Álvaro León Zuluaga actuando como representante de SETI, cuya composición quedó después con Quipux, SITT y Recaudos Modernos. El Colombiano reportó que el esquema contemplaba un reparto del recaudo entre los privados, el municipio y el SIMIT, un dato que debe contrastarse con el contrato y sus modificaciones antes de sacar conclusiones.
El caso vigente más grande está en el Atlántico. Desde abril de 2024, la Unión Temporal Movilidad Digital Atlántico opera las fotomultas del departamento, con Quipux como socio mayoritario, con el 70 por ciento, y Engimar Consulting con el 30 restante. El contrato dura cinco años y cinco meses, hasta septiembre de 2029, e incluye la operación y el mantenimiento de los equipos, la obtención de evidencia por sistemas automáticos y semiautomáticos, el apoyo en el trámite de las infracciones y herramientas de videoanálisis que detectan SOAT y revisión técnico-mecánica vencidos. Según reportes de prensa, del dinero que genera cada multa, 38 por ciento corresponde a la unión temporal, 45 por ciento al Instituto de Tránsito del Atlántico, 10 por ciento al SIMIT y 7 por ciento a la interventoría. Con esa distribución, la participación nominal de Quipux equivaldría a 26,6 por ciento del total, antes de costos y de las reglas internas de la unión temporal, y no puede leerse como utilidad.
En Popayán el esquema es distinto, porque no hay un contrato directo con la alcaldía sino una alianza entre Quipux y EMTEL, la empresa municipal de telecomunicaciones, que cubre servicios de tránsito y fotodetección. Durante la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo la relación siguió activa y en 2025 fue objeto de cuestionamientos de concejales. Lo que está documentado es el vínculo con la entidad pública, no un contrato firmado por el alcalde con la empresa, y el reparto económico exacto está pendiente de verificarse en el convenio y sus anexos.
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La expansión no se frenó con la muerte de Zuluaga. En 2026, el alcalde de Armenia, James Padilla García, firmó el Contrato de Concesión 001 de 2026, a quince años, con un consorcio integrado por PIV Ingeniería, SITT y Quipux. Incluye la modernización del tránsito, la digitalización de trámites y veinte cámaras que detectarán exceso de velocidad, SOAT vencido y pico y placa. Ese mismo año aparecen otros contratos más pequeños. En septiembre, Copacabana pagó 41,95 millones de pesos por la actualización y el soporte de QX-Tránsito, el programa de gestión de multas de la empresa. En agosto, otro contrato por 851,9 millones de pesos, con Álvaro León Zuluaga como representante legal, le encargó la operación de un sistema inteligente de gestión y control de flota. Una base de datos de contratación consultada para esta investigación registra 307 contratos de Quipux con 51 entidades en el SECOP II, entre ellas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Movilidad de Pereira, el Distrito de Barranquilla y Envigado.
Aun así, que una entidad aparezca entre los clientes de Quipux no significa que la empresa opere sus cámaras. En municipios como Rionegro, Bello, Sabaneta, Manizales o Montería, la compañía puede participar solo con software o servicios de gestión de multas, y establecer su papel exacto exige revisar cada contrato.
La empresa continuó contratando, pero no se ha hecho público qué porcentaje de las acciones pertenecía a Hugo Zuluaga cuando murió, quiénes son hoy los demás accionistas ni cómo quedó resuelta la sucesión de su parte. La base de datos Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, lo registra además como accionista de Quipux International LLC, una sociedad constituida en Nevada en enero de 2014. Esa presencia no demuestra por sí misma ninguna irregularidad, pero la relación económica de esa sociedad con la operación colombiana tampoco ha sido explicada. De esa respuesta depende saber quién controla hoy una empresa que construyó, desde un municipio antioqueño, buena parte de la infraestructura con la que Colombia cobra las multas de tránsito.
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