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El sombrero de Carlos Pizarro no necesita un altar. Necesita un lugar en el museo de la infamia. No porque debamos destruir los objetos del pasado, sino porque resulta inadmisible convertir en reliquia romántica la prenda de quien llegó a comandar el M-19, una organización responsable de secuestros, asesinatos y graves ataques contra la población civil. El sombrero puede contar una historia; lo que no puede es contarla a medias. La paz no convierte el terrorismo en heroísmo.
Pizarro fue comandante guerrillero y luego protagonista de la desmovilización del M-19. Reconocer ese último hecho no borra el primero ni las responsabilidades históricas de la organización. La memoria no puede funcionar como una lavandería: entra un pasado de violencia y sale una imagen impecable, lista para ceremonias y fotografías. ¿Desde cuándo abandonar las armas concede el derecho a que se admire el uniforme, la bandera o el sombrero bajo los cuales se combatió?
No hace falta inventar mentiras para cambiar la historia. Basta con contar una parte y esconder la otra. Se recuerda al comandante y se olvida al secuestrado. Se exhibe el símbolo y se silencia a la familia desplazada. Se habla de ideales mientras se relegan los secuestros, los asesinatos, la violencia sexual, el desplazamiento forzado y la destrucción de poblaciones que marcaron la historia de la violencia guerrillera. Así se fabrica una memoria cómoda para quienes desean admirar a los antiguos jefes armados, pero insoportable para quienes padecieron sus decisiones.
El problema excede al M-19. Las antiguas FARC-EP dejaron una historia de secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos y otros crímenes graves. Sus disidencias y el ELN continúan ejerciendo violencia. El ELN no es una pieza de museo: sigue siendo una organización armada activa. Hablar de estas trayectorias sin nombrar a sus víctimas es presentar una historia amputada. Ninguna causa política vuelve honorable el secuestro. Ninguna bandera vuelve aceptable la violencia sexual. Ninguna promesa de justicia resucita a los asesinados.
Una sociedad puede aceptar acuerdos de paz, reincorporar antiguos combatientes y reconocer su derecho a participar en democracia. Debe hacerlo sin persecuciones ni culpas hereditarias. Pero un acuerdo no obliga a la ciudadanía a rendir homenajes. La justicia puede conceder beneficios; la conciencia de una nación no está obligada a conceder medallas. La reconciliación exige convivencia, no admiración. Y el perdón, cuando existe, pertenece a las víctimas: no puede decretarse desde un despacho ni imponerse mediante una ceremonia.
El sombrero de Pizarro puede conservarse como documento de una época. Pero ¿qué debería encontrar quien lo contemple? ¿Una leyenda cuidadosamente iluminada o el relato completo de la organización que representó? En lugares como Auschwitz-Birkenau se conservan objetos asociados con atrocidades para confrontar al visitante con el sufrimiento y advertir contra su repetición. No se trata de equiparar historias distintas. Se trata de comprender una lección elemental: conservar un objeto no significa rendir culto a su propietario. El museo de la infamia no borra la historia; impide que se disfrace de epopeya.
También hay que rechazar la memoria administrada por conveniencia ideológica. Los crímenes cometidos por agentes estatales y por paramilitares merecen investigación, condena y recuerdo permanente. Nadie debería relativizarlos. Pero tampoco puede exigirse severidad ante unos victimarios y delicadeza ante otros. Si la violencia sexual, la desaparición o el asesinato son intolerables, lo son sin importar si el responsable llevaba uniforme militar, brazalete paramilitar o insignia guerrillera. Las víctimas no necesitan una competencia de sufrimientos. Necesitan que el país deje de escoger cuáles dolores le resultan políticamente útiles.
Aquí existe una obligación pública que Colombia no puede seguir aplazando: desarrollar una pedagogía histórica rigurosa, permanente y de alcance nacional sobre la violencia que padeció el país. La radio y la televisión públicas deben convertirse en instrumentos de ese proceso, con independencia editorial, archivos, investigaciones y testimonios de las víctimas que lleguen a escuelas y hogares. No bastan programas esporádicos ni conmemoraciones de ocasión. Es necesario explicar qué hicieron el M-19 y las antiguas FARC-EP, qué violencia continúan ejerciendo el ELN y las disidencias, y cuáles fueron las responsabilidades de los demás actores armados. Antes de admirar el sombrero de un comandante guerrillero, nuestros jóvenes deberían conocer el sufrimiento de quienes padecieron las acciones de su organización. No se trata de imponerles una interpretación de la historia, sino de impedir que el desconocimiento permita presentar el terrorismo como una aventura idealista.
La memoria no puede quedar al servicio del gobierno de turno, de una nostalgia revolucionaria ni de una revancha partidista. Tiene que incomodar a todos, empezando por quienes prefieren convertir sus propios símbolos en monumentos intocables. Los museos están para conservar la historia, no para fabricar santos con sus tragedias.
Que el sombrero de Pizarro se exhiba, si se quiere, junto a documentos, testimonios y las voces de quienes padecieron la violencia del M-19. Que se explique también su desmovilización, sin ocultar lo anterior. Pero que nadie confunda el derecho a recordar con una obligación de admirar. Porque cuando el sombrero ocupa el pedestal y las víctimas quedan fuera de la vitrina, no estamos haciendo memoria: estamos repitiendo, esta vez con símbolos, el desprecio por quienes sufrieron.
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