El fantasma de la impunidad amenaza la condena en contra del exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera, luego de que defensores del patrimonio público advirtieran que solo falta menos de una semana para que el caso prescriba de forma definitiva por vencimiento de términos jurídicos.
El límite señalado por las normas procesales expira este 20 de octubre de 2026 y el Tribunal Superior de Ibagué se encuentra entonces en una carrera contra el tiempo para resolver la apelación de la sentencia en segunda instancia y evitar que el proceso por el polémico uso del Estadio Manuel Murillo Toro para una fiesta privada quede archivado.
Hurtado Barrera, junto al exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), Alejandro Ortiz, fue condenado el pasado 30 de julio a 30 meses de prisión y a una inhabilidad por ese mismo tiempo para ejercer cargos públicos.
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El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué los halló coautores del delito de peculado por uso, tras comprobarse que en marzo de 2021 utilizaron el principal escenario deportivo de la ciudad para celebrar la fiesta privada de cumpleaños número 13 del hijo del entonces mandatario.
Dilaciones sistemáticas
La inminencia de la prescripción no es un hecho fortuito. El expediente judicial revela un historial de constantes aplazamientos y maniobras que ralentizaron el curso del proceso durante cinco años.
Desde que la Fiscalía formuló la imputación de cargos, el juicio enfrentó múltiples interrupciones motivadas por cambios recurrentes en el equipo de abogados de la defensa, excusas médicas de última hora e inasistencias no siempre justificadas a las audiencias.
Incluso en la recta final de las diligencias institucionales, se desató una fuerte polémica cuando el abogado de la propia Alcaldía de Ibagué, que actuaba en representación de los intereses de la ciudad como víctima del peculado, sorprendió a la opinión pública al alinearse con los argumentos de los procesados y solicitar formalmente la absolución de Hurtado.
Este episodio fue catalogado por veedurías ciudadanas como un reflejo de la fragilidad institucional y del poder que el exmandatario aún conserva en la región
La inminente fecha límite del 20 de octubre ha encendido el debate político en el departamento del Tolima. Sectores de la oposición y colectivos sociales han manifestado una profunda preocupación frente a lo que tildan como una estrategia de vencimiento calculada con calendario en mano
Advierten que, de consumarse la prescripción, se enviaría un mensaje nefasto de impunidad ante el uso de recursos estatales para excentricidades particulares.
Según sus críticos, el exalcalde Andrés Hurtado ha mantenido una postura desafiante. Tras conocer el fallo en primera instancia, emitió un comunicado en el que ratifica su inocencia y asegura que su proyecto político continúa firme.
El exalcalde, que ahora busca consolidar su candidatura a la Gobernación del Tolima, ha reiterado a sus simpatizantes que no existe ninguna decisión en firme capaz de frenar sus aspiraciones electorales y le apuesta a que el tiempo juegue a su favor y extinga la acción penal antes de que el Tribunal Superior de Ibagué emita un veredicto definitivo.
Está seguro de contar con el capital político suficiente para alcanzar su próximo objetivo político. Por lo pronto, atribuye a sus malquerientes cuestionamientos sobre el acelerado crecimiento de su patrimonio cuando gobernó la ciudad, sobre la postración en la que dejó varios de los servicios públicos y sobre el segundo lugar que le reservó a esa capital como la segunda con los mayores índices de desempleo del país.
Ya está acostumbrado a lidiar -también según él- con las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales que considera propias de los gajes del oficio político. Con una habilidad que nadie le discute, consiguió también, en medio de recursos, apelaciones y más dilaciones, el archivo de un proceso relacionado con la autorización que dio para que en las noches el aeropuerto Perales fuera utilizado como pista de carreras de autos movidas por jugosas apuestas.
Los denunciantes en su contra en un proceso por enriquecimiento ilícito se han visto en calzas prietas para convencer a la justicia, pese a que existen evidencias según las cuales al dejar el cargo compró y remodeló una casa en un condominio cuyo valor en los avalúos oficiales supera los $5.000 millones.
La cifra contrasta con los $170 millones que reportó como ingresos en su declaración de renta al asumir el cargo.
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Entre los denunciantes figura Darío Rodríguez Góngora, uno de sus antecesores y su primer memorial data ya del 2 de febrero de 2023. Andrés Fabián Hurtado fue miembro del gabinete de Rodríguez, pero no se conoce con exactitud las razones por las que terminaron peleados.
Al dejarlo, también había conformado una flotilla de carros de alta gama para su familia, encabezada por una camioneta Mercedes Benz de alto cilindraje envidiada por sus vecinos. Poco parecía quedar en diciembre de 2023 de aquel hombre que contaba con un modesto patrimonio constituido por un sueldo apenas aceptables en sus anteriores empleos.
Para él es apenas anecdótico que la prensa punzante, crítica y fiscalizadora de su región mencione sus gustos por los relojes Rolex y por la ropa y calzado Louis Vuitton y Gucci.
Ecos de una fiesta
En el cumpleaños número 13 de su hijo, llamado Alberto como él, fue ocasión a todo dar en la que varios de los gastoscorrieron por cuenta de contratistas del municipio. Eso ocurrió, por ejemplo, conlos arreglos con globos y motivos florales y con la confección de uniformes defútbol, cuyas camisetas estaban marcadas con el número 13 a la espalda pararemarcar la conmemoración del onomástico.
Los testigos que han declarado coinciden en la pista atlética del estadio y laszonas de traslado fueron reservadas como parqueaderos particulares y que lalogística de la fiesta, en la que sobraron viandas y licor, estuvo a cargo deAlejandro Ortiz, entonces gerente del Instituto Municipal para el Deporte y laRecreación (IMDRI). Un testimonio citado por El Olfato, el medio que le ha hecho el más profundoescrutinio a las actuaciones de Hurtado, le atribuye Alejandro Ortiz haber dicho enesa ocasión: “Para eso estamos en el poder”. La respuesta, descrita como mezclade ramplonería y descaro, se dio cuando algunos de sus funcionarios pretendíanhacerle ver el riesgo legal y ético que estaba corriendo la administración.
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