Los abogados que están defendiendo a Eva Ferrer son María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena. Ferrer quien fue asesora de Gustavo Petro y cercana en su momento a la exprimera dama Verónica Alcocer, ha realizado declaraciones en medios donde señala a esta última de presuntos hechos relacionados con el transporte de estupefacientes y de ejercer influencia indebida en entidades como Ecopetrol y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Tras las declaraciones públicas de Ferrer, la Fiscalía abrió una indagación preliminar para verificar los hechos y la citó formalmente a declarar e incorporar pruebas o evidencias documentales que respalden los señalamientos.

La defensa sostiene que Ferrer no ha comparecido presencialmente a algunas citaciones por razones de seguridad. Según sus representantes, la exfuncionaria estaría en una situación de riesgo y su paradero no se conoce públicamente. Por ello, solicitaron que las autoridades evalúen su nivel de riesgo y adopten medidas de protección.

El penalista Johnny Batalla, nacido en Quibdó, Chocó, es egresado de la Universidad Externado de Colombia, y ha señalado que Ferrer no acudirá presencialmente a diligencias mientras no existan garantías suficientes de seguridad. También ha manifestado su disposición a entregar pruebas y declarar ante autoridades colombianas y, si corresponde, ante organismos competentes de Estados Unidos.

Según información divulgada por medios de comunicación, Batalla coordinó con la fiscal del caso una metodología para aportar el material probatorio. El propósito, explicó, es entregar las evidencias con garantías para el debido proceso y contribuir al esclarecimiento de los hechos. La entrega de material no implica que las acusaciones estén demostradas ni determina responsabilidades penales.

Batalla comparte la representación de Ferrer con María Soledad Morales Torrejano, vinculada a la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados, constituida en 2018. El equipo jurídico indicó que su intervención comprende actuaciones ante organismos de control colombianos y autoridades internacionales competentes en eventuales delitos transnacionales.

Eva Ferrer de nacionalidad española fue nombrada al inicio del gobierno Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia debido a su estrechó vínculo con el despacho de la primera dama. Para asumir este cargo de manera formal, recibió previamente la nacionalidad colombiana por adopción concedida por el presidente Petro en agosto de 2022.

En 2023, con la reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que suprimió la Consejería para la Niñez, fue trasladada como Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, cargo que ocupó hasta mayo de 2024, saliendo del ejecutivo tras su distanciamiento personal y político con el entorno de la Presidencia y Verónica Alcocer. Antes de ingresar al Estado colombiano, desarrolló su trayectoria laboral en España como estratega de comunicación, consultora pública y asesora de campañas políticas.

Sus declaraciones públicas han generado actuaciones oficiales para examinar los señalamientos, incluidos los relacionados con presuntas irregularidades e influencias en entidades públicas. La investigación deberá establecer qué hechos pueden corroborarse, valorar las pruebas y determinar si hay mérito para avanzar judicialmente.

Por ahora, la defensa insiste en que la seguridad de Ferrer es una condición central para su comparecencia. El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones oficiales, la verificación de las pruebas y las decisiones de las autoridades. Las denuncias y las respuestas de las personas mencionadas deberán evaluarse con respeto por la presunción de inocencia y las garantías procesales.