Nueva York y Bogotá. El nombre del capitán de navío de la Armada venezolana Ramón Rodríguez Chacín comenzó a tener interés para Colombia el 7 de diciembre de 2001, cuando el entonces presidente Hugo Chávez salió a defenderlo públicamente ante denuncias periodísticas que lo mostraban como aliado de las guerrillas colombianas.
Ese día Chávez envío a Bogotá dos aviones ejecutivos de la petrolera PDVSA para que transportaran a Caracas a los periodistas colombianos interesados en cubrir una rueda de prensa convocada para el final de la tarde en el Palacio de Miraflores.
Aparte de abogar por su oficial y hombre de confianza, ese día el presidente venezolano protagonizó un episodio poco recordado: habló mal, por primera y última vez, del nobel colombiano Gabriel García Márquez, su amigo en común con Fidel Castro.
Lo hizo porque la revista Cambio, en aquel momento propiedad de Gabo y otros destacados periodistas colombianos, fue el medio que destapó la relación de Rodríguez Chacín con las Farc y relató sus encuentros en suelo de su país con emisarios de la guerrilla. “Ese es un infundio de un medio de la oligarquía colombiana manejado por García Márquez”, exclamó con su potente voz el mandatario.
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Luego llamó “ignorantes” a los autores del artículo porque se referían a Rodríguez Chacín como “coronel”, basados en una equivalencia de grados militares entre un oficial de su grado de su misma antigüedad en el Ejército.
La defensa fue más dialéctica y oralmente vehemente que probatoria porque Chávez nunca negó que las haciendas mencionadas como punto de encuentros clandestinos entre oficiales venezolanos y representante de las Farc, existieran y que tampoco que una de ellas, identificada como ‘Corocito’ fuera propiedad del coronel Rodríguez Chacín.
Desde entonces el oficial, que más tarde sería gobernador del estado de Guárico, bajó su perfil y no volvió a aparecer en actos públicos. Incluso fue propalada una versión -más tarde desmentida- sobre su desaparición y muerte.
¿Un emisario de paz?
Más de una década después del incidente en Miraflores, altos funcionarios colombianos se reencontrarían con Rodríguez Chacín allí en Corocito. Él salió personalmente a ofrecer la bienvenida a Alejandro Éder (hoy alcalde de Cali) y a Jaime Vásquez, comisionados por el gobierno de Juan Manuel Santos para coordinar la fase preparatoria de los diálogos de paz en La Habana.
Rodríguez Chacín prestó su propiedad para uno de los primeros acercamientos con enviados del secretariado de las Farc, fue hospitalario con los representantes del gobierno colombiano e incluso quiso estar en las mesas de conversaciones porque aducía que Venezuela tenía derecho a estar en su calidad de facilitador.
Con ayuda de los delegados de Noruega Dag Nylander y Elisabeth Slattum, de los de Cuba, Carlos Fernando de Cossí y Abel García, y de una delegada del CICR-Colombia Michael Kremer, los enviados colombianos lograron convencerlo de que no era prudente que aquellos diálogos exploratorios estuvieran presentes terceros. Incluso los representantes internacionales se mantuvieron a distancia y solo estuvieron atentos a facilitar la solución de problemas que pudieran surgir de la mesa habilitada al lado de la piscina de la Hacienda.
No sería la única vez que Rodríguez Chacín quiso prestar su concurso. Concurso que, dicho sea de paso, era visto con prevención y desconfianza por funcionarios del gobierno Santos que sabían que lo que el oficial pretendía hacer allí era simplemente un ejercicio de espionaje. Pero tenían que manejar el tema con discreción.
De la intermediación al expediente
Después de aquella intervención fugaz en el proceso de paz, el coronel volvió a alejarse de la escena pública y hasta hoy, a sus 75 años, había permanecido en el anonimato.
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Su nombre vuelve a figurar esta vez en un expediente judicial en Estados Unidos. La Fiscalía federal lo mencionada en el caso del “Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro”, el expresidente de venezolano sustraído de su país por orden del presidente Donald Trump a comienzos de año y llevado a juicio.
La nueva imputación de cargos contra Maduro revela la radiografía de una alianza criminal que operó durante años en la sombra. De acuerdo con los documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE. UU., la cooperación entre el Palacio de Miraflores y las organizaciones guerrilleras colombianas (FARC y ELN) no solo consistió en afinidad ideológica, sino en una estructurada red logística con ubicaciones geográficas precisas, reuniones al más alto nivel e intercambios de material bélico estatal por cargamentos de droga.
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El documento judicial describe que los hilos de esta red conectaban directamente con el corazón del poder en Caracas. El exministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín (porque también fue llevado por Chávez a la cartera del Interior) es señalado como el enlace clave que facilitaba encuentros entre los comandantes guerrilleros y Maduro en el propio Palacio de Miraflores.
La acusación estadounidense no solo identifica los lugares, sino los métodos utilizados para el intercambio de bienes ilícitos. Para saldar deudas financieras derivadas del narcotráfico, el régimen de Maduro habría recurrido al parque de armas del Estado.
Para hacerlo habría dispuesto de camiones cisterna oficiales para que se desplazaran hacia los puntos de encuentro llevando combustible de propiedad estatal. Esos mismos vehículos servían de fachada para mover el armamento y camuflar los cargamentos de droga recibidos.
El flujo de arsenales pesados, que incluía minas antipersonales y material explosivo de las reservas de las Fuerzas Armadas venezolanas, se realizaba por vía terrestre mediante camiones de carga hacia los santuarios de la guerrilla, detalla el dossier.
Este mapa delictivo trazado por la Fiscalía de Nueva York es la base con la que la justicia estadounidense sostiene que las instituciones del Estado venezolano fueron puestas al servicio de una corporación criminal conjunta, transformando áreas fronterizas en corredores seguros para el tráfico de armas y drogas.
El encuentro de Medellín
Uno de los episodios más comprometedores documentados por la justicia estadounidense sitúa la operación directamente en territorio colombiano. Según los fiscales, en el año 2020, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, sostuvo un encuentro secreto en Medellín con emisarios de las disidencias de las FARC.
El objetivo de la cita fue sellar las reglas de juego para la apertura de nuevas rutas de narcotráfico y coordinar el pago a la guerrilla mediante el suministro de armas pesadas a cambio de toneladas de cocaína.
La infraestructura logística se extendía hacia la porosa frontera colombo-venezolana, específicamente en los estados de Apure y Zulia.
En el Sur de Machiques y la región del Catatumbo, cerca de sectores como Río Negro y Casa de Hierro, próximos al río Zulia, el Cartel de los Soles (como es denominado el clan de militares venezolanos comprometidos con el narcotráfico) garantizó la protección militar de campamentos armados.
En estas zonas fueron levantadas pistas de aterrizaje clandestinas para el despacho de aeronaves cargadas de estupefacientes con rumbo a Centroamérica y Norteamérica.
Las investigaciones detallan además que Rodríguez Chacín dispuso de una hacienda en suelo venezolano con capacidad para albergar de manera permanente a un contingente armado de unos 200 guerrilleros. Rodríguez sería entonces el hombre que uso la paz de fachada para jugarle a una guerra lucrativa para él.
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