El proceso penal contra el empresario Carlos Alberto Solarte, fundador y uno de los antiguos ejecutivos más importantes del Grupo Solarte, entra en su etapa definitiva. La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, pidió su condena por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Sin embargo, la defensa de Solarte todavía tiene una última oportunidad para presentar sus alegatos. Sus abogados principales, Guillermo Rodríguez y Juan Francisco Navarrete, podrán intervenir entre el 13 y el 23 de octubre ante el juez penal del circuito de Bogotá. Después de esa etapa, el despacho deberá tomar una decisión que pondría fin a un proceso judicial que se ha extendido por cerca de siete años.
El caso está relacionado con la licitación y posterior construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas, una obra considerada estratégica para el saneamiento del río Bogotá. En 2009, el Consorcio Canoas obtuvo un contrato para el diseño, construcción y puesta en operación, bajo la modalidad de llave en mano, de un túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá.
El proyecto tenía un presupuesto de $243.117 millones y requería la participación de distintas entidades, entre ellas el Acueducto de Bogotá, que debía entregar los lotes necesarios para el desarrollo de la obra. Con el paso del tiempo, el proyecto no llegó al resultado esperado y fue señalado como una obra inconclusa, al punto de ser asociado con la expresión “elefante blanco”.
Foto: Contraloría de Bogotá
La investigación de la Fiscalía involucró a varios participantes del proyecto y planteó señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación. Entre ellos estuvieron la multinacional brasileña Odebrecht y CASS Constructores, a las que se atribuyeron, dentro del proceso, actuaciones relacionadas con información privilegiada y posibles maniobras para favorecer la adjudicación del megaproyecto. También se investigó el destino de recursos vinculados al negocio.
En el proceso apareció además Paola Fernanda Solarte, hija de Carlos Alberto Solarte y quien se desempeñaba como responsable financiera de proyectos. Según lo expuesto en el expediente, ella aceptó cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenada a seis años y seis meses de prisión domiciliaria. La defensa de Carlos Alberto Solarte se ha basado en desligarlo a él de las decisiones corporativas, declarándose oficialmente como víctima de su hija, sosteniendo que sus actuaciones no autorizadas afectaron patrimonialmente a las empresas de la familia y a su reputación. Ha indicado que el preacuerdo alcanzado por Paola Fernanda fue un acto individual para resolver su situación jurídica particular, el cual no debería comprometer ni imputar de forma automática responsabilidad penal a su padre.
Los abogados también han reclamado la devolución de bienes incautados y han señalado presuntas irregularidades en procedimientos judiciales relacionados con recursos que superarían los $48.000 millones. Asimismo, se ha mencionado una indemnización superior a $95.000 millones por los daños que, según la defensa, se habrían causado al buen nombre de la compañía.
En la fase final, la defensa decidió prescindir de algunos testigos que habían sido previamente decretados. Ahora, con los alegatos pendientes, el proceso llega a su punto decisivo: después de casi siete años, el juez deberá establecer si Carlos Alberto Solarte es culpable o inocente de los cargos que enfrenta. La decisión marcará el desenlace de una investigación que ha mantenido el caso en los tribunales durante años y que ahora entra en su última etapa antes del fallo definitivo del juez.
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