“Es un hombre de dura cerviz”, dicen sus amigos y aliados políticos del alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña. Recalcan en esa idea al recordar que es un político que ha sabido salir airoso de trances difíciles como el que se le presentó en octubre de 2015 cuando en un caro a su servicio fueron hallados $500 millones en efectivo.
El país estaba en plena cresta de la campaña de las elecciones en la que la esposa de Acuña aspiraba a llegar al Congreso de la República, mientras el gobierno de la época y la organización electoral afinaban sus estrategias contra la compra de votos.
La investigación tomó pronto el rumbo del archivo, sin mayor fórmula de juicio. Algo similar ha ocurrido con el caso de un video en el que el alcalde alude al pago de coimas son recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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La relación más completa de las tramas en las que se ha visto envuelto Acuña la lleva en su memoria el presidente Abelardo De La Espriella. Eso quedó claro el 4 de octubre de 2026 cuando le hizo una dura interpelación pública al mandatario, mientras todo Sucre estaba expectante frente a los anuncios del gobierno sobre obras clave para el desarrollo regional y local.
No fue un regaño en privado. Fue un juicio moral en público, de frente, con cámaras y con el dedo índice. Ocurrió mientras sesionaba un consejo de seguridad. Mirándolo a los ojos, el jefe del Estado le espetó al alcalde: “Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”.
Ante un desconcertado Acuña, De la Espriella prosiguió en medio de un ambiente de tensión: “Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción, tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y además está llamado a juicio en la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito”.
Nadie se atrevió a interrumpir el mandatario. “Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo. Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla debo tenerla alejada de su control. No habrá cheques en blanco", remató-
En Colombia, los presidentes suelen mandar mensajes cifrados a los alcaldes. De La Espriella mandó un mensaje abierto, y convirtió a Acuña en el primer caso piloto de su doctrina: plata sí, pero no en manos de quien no genere confianza.
Pocas horas antes De La Espriella había hecho algo similar con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Le dijo que no era digno del cargo por haber modificado irregularmente los estatutos del claustro y los periodos de la rectoría para atornillarse en su posición.
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Ya el presidente le había ordenado al Ministerio de Educación practicar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad. No se había limitado a una simple acción administrativa. Les había pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría priorizar las investigaciones en contra del rector.
La única persona que salió en defensa de Torres fue el expresidente Gustavo Petro que, a través de un post, intentó reivindicarlo como un supuesto luchador contra el paramilitarismo.
La ronda judicial a Acuña
Durante sus 20 años de carrera política Acuña no ha pasado por algún cargo en el que no haya sido investigado. Primero como concejal de 2004 a 2007, luego como diputado entre 2008 y 2009, más tarde como representante (2010-2018) y ahora como alcalde.
En la Corte Suprema afronta dos procesos activos. La Sala Especial de Instrucción investiga a Acuña por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público. El 16 de junio de 2026 fue citado a indagatoria. La hipótesis que gravita en el expediente es el posible cobro de comisiones para adjudicación de contratos. Es el proceso por el que el presidente dice que está llamado a juicio.
Otra causa está relacionada con las conductas de financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, por sus presuntos vínculos con Los Rastrojos y Los Costeños.
Esta última investigación se basa en el testimonio de Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Javier’, exintegrante del Bloque Córdoba de las AUC, quien desde 2012 afirma que Acuña habría recibido y entregado más de $1.500 millones a la banda para su campaña a la Cámara 2010-2014. En agosto de 2026, la Sala estudiaba una ponencia del magistrado César Reyes para imponerle medida de aseguramiento.
La defensa niega todo y la propia Procuraduría pidió en su momento la preclusión por falta de prueba directa.
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El antecedente más conocido es una investigación por parapolítica. Desde 2010, las diligencias fueron iniciadas con base en un anónimo que lo vinculaba al Bloque Héroes de los Montes de María de alias Cadena y Diego Vecino. La Fiscalía sostuvo 15 años la hipótesis según la cual habría sido ficha de los paras en la Universidad de Sucre y luego en la Asamblea.
El 25 de agosto de 2025, la Fiscalía precluyó “No existe prueba directa, seria ni consistente que vincule a Acuña con las AUC”, se lee en la providencia. El bloque se había desmovilizado en 2005, dos años antes de su elección como diputado. Es el único proceso que sí se cerró a su favor.
El golpe más mediático no provino de la Corte, sino de la difusión de un audio. En noviembre de 2025, la Procuraduría abrió indagación previa el 19 de noviembre contra Acuña tras filtrarse una grabación donde presuntamente explica cómo funciona el negocio del PAE, cómo se obtienen utilidades y cómo se pagan dádivas.
Pero el contexto local le dio fuerza al señalamiento presidencial: en abril de 2026, el operador Consorcio PAE Universal suspendió el servicio alegando una deuda de la Alcaldía superior a $31.599 millones. El servicio se restableció el 16 de abril tras intervención del Ministerio de Educación. Para las familias de Sincelejo, el PAE no es un expediente, es el almuerzo de sus hijos.
A esos tres frentes se suman actuaciones que no son penales. Algunas de ellas se relacionan con el contrato de seguridad LP-001-2024 con Vipers Ltda. por $24.878 millones hasta 2027 con personal armado, la suspensión provisional por el Juzgado Octavo Administrativo del Acuerdo 358 de 2025 de modernización de la planta, y la revocatoria de mandato que el CNE impulsó con Auto 061 del 14 de abril de 2025.
Una nueva doctrina
De La Espriella, que durante la Cumbre Nacional de Gobernadores en Mompox, el 4 de septiembre de 2026, dijo que la política se volvió “un tema de porcentajes” y que hay que “sincerar el porcentaje de robo y ponerle auditoría forense”, usó a Sincelejo como base para presentar tres nuevas plataformas anticorrupción.
La Primera, el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la Secretaría de Transparencia en cabeza de la exmagistrada Cristina Lombana para revisar contratos, anticipos, adiciones y movimientos financieros.
La segunda, la auditoría forense al contrato Ciberpaz 1166 de 2026 por $14.984 millones, como señal de que auditará todo.
Y la tercera, el control directo: “Cada peso que mande, yo mismo voy a verificar que se haga la obra y no se pierda”, dijo en Sucre.
La réplica de Acuña
Frente a eso, Acuña respondió que el video del PAE está “editado y manipulado” y que hay una campaña para meterlo en una bolsa y presentarlo como “falso positivo”. Alegó persecución política, como lo hizo en 2015 cuando le encontraron $500 millones en efectivo en un carro que iba de Sincelejo a Corozal.
La diferencia es que ahora no está frente a un fiscal, sino frente a un presidente que no necesita condenarlo para castigarlo, sino al que solo le bastaría con no girarle recursos.
Acuña alega además que está protegido por el principio de presunción de inocencia. Pero Sincelejo tiene derecho a la inversión. “¿Se puede castigar a una ciudad por la hoja de vida de su alcalde?”, se preguntan las mismas personas que hablan de Acuña como de un hombre “con dura cerviz”. De La Espriella cree que sí, si es para cuidar la plata. Por eso no le quitó los recursos a Sincelejo. Se los quitó a Acuña.
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