Al menos dos nombres de adversarios en común se atraviesan en los caminos del presidente Abelardo de la Espriella y de la magistrada Cristina Lombana que, concluido su periodo en la Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto de 2026, será su secretaria de Transparencia, es decir, su zarina anticorrupción.
Esos nombres son los del exministro Armando Benedetti, convertido en activo del petrismo, y el de la senadora Martha Peralta Epiayú. Benedetti, caribeño pero situado en las antípodas políticas del mandatario, fue procesado y allanado por Lombana desde la Corte y Peralta perdió la visa a Estados Unidos tras ser incluida en una lista de personas enemigas, según Washinton, de los regímenes democráticos.
Así, la designación de Cristina Lombana Velásquez como nueva secretaria de Transparencia, anunciada este 29 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, no es solo un cambio de nombres en el organigrama. Es un mensaje político de dos caras.
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Por un lado, De la Espriella escoge a la jueza que más dolores de cabeza le causó a Armando Benedetti. Por el otro, nombra para combatir la corrupción a una magistrada que hoy está bajo examen de la Comisión de Acusación.
La persistencia de la magistrada Lombana con el caso Bendetti
Lombana no es una magistrada cualquiera en el caso Benedetti. En noviembre de 2025 ordenó y dirigió el allanamiento a una lujosa vivienda en Puerto Colombia donde residía la familia del entonces ministro del Interior del gobierno Petro. Por esa causa Benedetti se atrevió a llamarla “loca, demente y delincuente”, sin que sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte salieran a respaldarla.
Además, fue ponente del escrito de acusación contra Benedetti por presunto tráfico de influencias en el desfalco del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, el único proceso por el que Benedetti está formalmente acusado en la Corte Suprema.
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Para un gobierno que desde el empalme ha anunciado una cruzada para destapar casos de corrupción del gobierno anterior, su hoja de vida es un activo. El propio De la Espriella lo presentó así: “Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción”.
Quizá por la pobre imagen de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, poca o ninguna importancia se le concede al hecho de que la jurista Lombana llegue a la Secretaría de Transparencia, despacho que asesora al jefe del Estado en el diseño de políticas contra la corrupción, con un expediente abierto en su contra.
La senadora guajira Martha Peralta, otra de las acusadas por la magistrada Lombana
Tras una queja presentada por el abogado de la senadora Martha Peralta, detenida temporalmente por Lombana para una indagatoria en el marco del escándalo de la UNGRD, magistrados de la Sala de Instrucción trasladaron el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara. La queja cuestiona su conducción del proceso.
Es el mismo patrón que ya vivió con Benedetti: decisiones de instrucción fuertes que posteriormente generan denuncias por presunto abuso.
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No hay hasta hoy sanción ni decisión de fondo contra ella en esa Comisión, pero el hecho objetivo es que la futura zarina anticorrupción asumirá el 8 de octubre, el mismo día que termina su periodo de 8 años en la Corte, mientras un órgano del Congreso evalúa su conducta.
Su reemplazo en la Corte Suprema ya está definido. Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, su sucesora, tendría que asumir por lo menos algunos de los expedientes sensibles que su antecesora dejó incompletos.
Para los sectores oficialistas las dudas que abriga y buscará exacerbar la oposición encontrarán respuesta en su perfil, que incluye catorce años en el Ejército como mayor y juez penal militar, primera militar en llegar a la Corte Suprema en 2018, abogada javeriana con posgrados en París II, Externado, ENA de Francia y EAFIT. Una hoja de vida sólida en cuanto a requisitos.
Para sus críticos, en cambio, es la confirmación de que Transparencia se usará como arma política. El éxito del nombramiento dependerá de cuál de las dos narrativas pese más a partir del 8 de octubre.
¿Alto perfil y poco respaldo?
El 7 de julio de 2026, el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, apoderado de la senadora Peralta, investigada por el escándalo de la UNGRD, presentó un memorial en la Corte Suprema denunciando presuntas irregularidades en la conducción de su proceso.
Apenas veinte días después, cuatro de los seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema remitieron ese memorial a dos autoridades de manera simultánea. Lo radicaron ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y ante la Procuraduría General de la Nación, sin consideraciones previas que mostraran un asomo de solidaridad con ella.
El oficio remisorio fue firmado por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos, los mismos que en algunas oportunidades desautorizaron decisiones tomadas por su compañera Lombana.
En el texto señalaron que los hechos expuestos pudieron haber tenido incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso y que pudieron tener origen en posibles irregularidades en la forma en la que fueron ejercidas las “competencias coercitivas”.
El hecho cuestionado fue en concreto la conducción y detención temporal ordenada por Lombana para garantizar que Peralta asistiera a su indagatoria el 18 de junio de 2026, luego de no presentarse en dos ocasiones. Lombana ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha dicho que sus colegas la persiguen por ser mujer y por tocar expedientes sensibles.
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