El viernes 18 de septiembre de 2026, el magistrado Alejandro Ramelli se decidió a escribirles a los juristas Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional en La Haya para alertarlos sobre la intención del nuevo gobierno colombiano y de su bancada en el Congreso de acabar, doce años antes de lo previsto en la legislación, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En su oficio, escrito en un tono apremiante, el presidente de la JEP les pedía a los fiscales que tomaran formalmente nota sobre el peligro que a juicio entrañaban dos iniciativas que estaban rondando en el Capitolio Nacional y podrían significar las primeras líneas de un acta de defunción para el modelo de justicia transicional más avanzado que ha tenido el país.
La primera era el traslado de $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, que en la práctica suponía un recorte del 62 por ciento de los recursos para bienes y servicios.
Según él, ese traslado comprometerá $62.478 millones de los recursos destinados a la protección a víctimas y testigos y afectará otros $29.362 millones que estaban presupuestados para el funcionamiento de las sedes. Ese tijeretazo severo se sumaba a una desfinanciación acumulada previa de $84.663 millones.
La segunda amenaza descrita en su carta es un proyecto que busca establecer la revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública. Así, por primera vez la JEP, concebida a instancias del Acuerdo de Paz con las Farc, quedaría sujeta al control de una justicia ordinaria hecha para militares y policías con fueros.
Había otro argumento que podría sonar incluso más fuerte a los oídos de los fiscales destinatarios: Las dos iniciativas -amenazantes en criterio del magistrado- vulnerarían el Acuerdo de Cooperación de 28 de octubre de 2021 firmado entre Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a la luz del cual fue cerrado el examen preliminar que tenía abierto Colombia por crímenes de guerra.
El tono que disgustó al presidente
El mensaje que el más alto dignatario de la JEP hizo llegar a la CPI no pasó desapercibido para el presidente de la República. Abelardo De la Espriella. Tan solo dos días después el mandatario contestó en un mensaje de 17 párrafos que no compartía ni aceptaba el contenido, el alcance y el tono de Ramelli.
De La Espriella dijo que no existe ninguna decisión de su gobierno que incumpla compromisos internacionales, que el debate presupuestal es el reflejo de la Constitución que funciona.
El presidente citó luego sus propias cifras. Desde 2018 la JEP ha recibido más de $3 billones: en 2025 tuvo $777.069 millones; en 2026, $744.659 millones y para 2027 exigió $947.642 millones y recibió finalmente $821.803 millones. Con esos números a la mano el jefe del Estado afirmó que no existe ni “asfixia” ni “venganza”, sino el compromiso de actuar con responsabilidad fiscal.
¿Con los días contados?
Como quiera que sea, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado como columna vertebral del Acuerdo de Paz de 2016, nunca había estado bajo un cerco tan simultáneo y coordinado como hasta ahora.
La primera señal política la dio el propio jefe del Estado el día que asumió el poder.El 7 de agosto de 2026, escogió el Cantón Militar Pichincha de Cali para posesionarse y para fijar su doctrina sobre la justicia transicional. Dijo que respetaría el orden jurídico vigente, pero advirtió que una nación que ha padecido el terrorismo no puede aceptar que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia.
Anunció entonces que revisaría con rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació, a su juicio, a partir del desconocimiento de la voluntad popular.
En campaña, De La Espriella había sido más explícito: había prometido desmantelar la JEP. Ya en el gobierno, su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, matiza la forma, pero no el fondo. “Aquí nadie ha dicho que va a acabar la JEP. La JEP está en la Constitución. Lo que queremos es que funciones, que muestre resultados.
Es precisamente en el terreno de los resultados donde se libra la batalla de cifras. Ocho años y medio después de su puesta en marcha, el 15 de marzo de 2018, la JEP maneja 11 macrocasos que abarcan desde falsos positivos hasta secuestro, reclutamiento de menores y violencia sexual. Según la propia Jurisdicción, tiene más de 300.000 víctimas acreditadas.
¿Cuántos fallos ha producido? Aquí depende de quién cuente. La JEP, en voz de su presidente Alejandro Ramelli, reconoció en su rendición de cuentas del 18 de septiembre que hasta ahora ha proferido cuatro sentencias de fondo de macrocasos, la primera de ellas en septiembre de 2025, y que espera cerrar 2026 con siete.
El senador Enrique Gómez, líder de la bancada del gobierno habla en tono superlativo de un “mínimo, mínimo rendimiento” y dice que solo ha definido 46 situaciones jurídicas. La senadora María Clara Posada, cercana a él desde el Centro Democrático, habla de 21 sentencias y se compromete con una cifra mayor: cada una de ellas habría costado $180.000 millones.
Ramelli tiene otra medida de ponderación. Para él, medir la JEP únicamente por el número de las sentencias en los macrocasos resulta engañoso. Recuerda que el tribunal acumula 3.600 decisiones con efecto de sentencia: 1.378 sentencias de la Sección de Apelación, 1.851 tutelas con carácter de sentencia, 220 decisiones de tutela en segunda instancia, nueve sentencias interpretativas, 43 resoluciones de renuncia a la persecución penal que han implicado más de 1.030 comparecientes, cuya situación jurídica quedó definida.
Cita en sus cálculos las 992 amnistías concedidas tras compromisos de verdad, a la vez que reporta un salto en la fase investigativa de 12 a 28 determinaciones de hechos y de 179 a 472 imputaciones en dos años, con un total de 367 máximos responsables identificados.
Un rompefuegos legislativo
El primer proyectil legislativo lo radicó el 23 de septiembre el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional. Gómez, que ya había logrado que las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaran un recorte de $100.000 millones a la JEP para trasladarlos a la justicia ordinaria, radicó un proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) que modificaría el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017.
La norma vigente establece que la JEP tiene diez años para acusar y cinco para concluir, con posibilidad de una prórroga de otros cinco años por ley estatutaria, es decir, que podría ir hasta 2038.
Si la propuesta de Gómez prospera, el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de diez años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la jurisdicción.
Como la JEP entró a operar el 15 de marzo de 2018, eso significaría que su cierre definitivo ese daría el 15 de marzo de 2028. Los expedientes que quedaran sin fallo, según el proyecto, pasarían a la jurisdicción ordinaria bajo las reglas de la justicia transicional y la Fiscalía asumiría la acusación.
Gómez, el congresista más influyente en este campo, calcula que evitar una prórroga de cinco años le ahorraría al Estado $6,2 billones de pesos entre 2027 y 2033.
La segunda estocada provino del Centro Democrático radicó la segunda estocada, que no se relacionó con la existencia de la JEP, sino con su competencia frente a militares y policías. La iniciativa, liderada por el senador Rafael Nieto Loaiza, pretende crear una revisión judicial automática de todas las sentencias que la JEP imponga a miembros de las Fuerzas Armadas.
La revisión no tendría que ser solicitada por el afectado y estaría a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podría confirmar, modificar o revocar la decisión, aplicando el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Operacional.
La propuesta incluye una garantía, según la cual la revisión solo podría fallar a favor del uniformado, pero nunca aumentar la sanción. Una vez revisada, la sentencia quedaría en firme.
Los gastos, ¿un talón de Aquiles?
El tercer componente del posible cerco no es jurídico, sino reputacional y financiero. Lo lidera la senadora María Clara Posada, también del Centro Democrático. Posada convirtió el arrendamiento de la sede de la JEP, el edificio Torre Squadra en Bogotá, en símbolo del despilfarro.
Según sus cifras, presentadas con escrituras públicas, la JEP ha pagado $114.202 millones de pesos por arriendo entre 2020 y 2026, esto es un promedio de $16.314 millones anuales, mientras la construcción del edificio fue registrada en 2020 por la Constructora GAP SAS en $20.975 millones. Según los cálculos de la parlamentaria. con lo pagado se habrían podido comprar cinco edificios similares.
Ha cuestionado otros rubros, como los $40.365 millones pagados en defensa jurídica de excombatientes de las Farc, $31.374 millones en operadores logísticos para eventos y $23.963 millones en tiquetes aéreos, para un total de 209.904 millones.
En síntesis, la Presidencia de la República respalda esa lectura. Cuando el presidente de la JEP habló de un intento de asfixia económica y de otro de impedir el funcionamiento del tribunal, De La Espriella respondió: “No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe como un régimen de beneficios”.
La JEP aún tiene defensores. Quienes integraron la Comisión de la Verdad y algunas organizaciones de víctimas han salido a respaldarla y advierten que trasladar los macrocasos a la justicia ordinaria, colapsada y sin enfoque de justicia restaurativa, sería una impunidad de hecho.
Políticamente, la correlación cambió. Por primera vez desde 2018, la tesis de que la JEP es transitoria y debe tener un final cierto no viene de la oposición marginal, sino del centro del poder ejecutivo y de las mayorías en las comisiones económicas.
Si las dos reformas constitucionales avanzan y el recorte presupuestal se consolida en las plenarias de Senado y Cámara, la JEP no necesitará ser derogada por decreto. Se marchitará por inanición financiera y por pérdida de competencias.
En ese escenario, marzo de 2028 no sería una prórroga más. Sería su acta de defunción.
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