Antes de ser removida del cargo para el que fue reelegida para un periodo fijo de cuatro años, la gerente de la Electrificadora del Huila, Nika Duniezhka Cuellar Cuenca, inició una férrea defensa de su gestión y exhibió públicamente cifras según las cuales la recuperación financiera de la entidad se reflejaba en una utilidad neta de $168.712 millones y en la reducción en las tarifas de energía locales frente al panorama nacional.
Sabía bien que, aunque en teoría quedaba atornillada por 48 meses al cargo, el nuevo gobierno nacional y el departamental harían todo lo posible por echar atrás esa reelección y que la atacarían incluso en los estrados.
Antes de que la junta directiva le notificara su remoción, se anunciaba la llegada a Neiva de comisionados por la Procuraduría General de la Nación que han venido investigando las presuntas irregularidades en la Asamblea General de Accionistas del 20 de marzo de 2026 en la que la gerente fue confirmada. Su actuación se inició por una queja disciplinaria presentada por Germán Calderón España, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
La remoción del cargo le fue notificada por escrito, pero se da por descontado que ella, acostumbrada a pleitos de todo orden -incluidos un divorcio y el reclamo de una licencia de maternidad- dará la batalla ante los tribunales y exigirá el pago de una indemnización que, según cálculos preliminares, costaría unos $2.430 millones.
Sin embargo, tanto el gobierno nacional como el departamental tienen argumentos para esgrimir que su reelección fue producto de una manipulación de los estatutos de la entidad.
Una de las pruebas que sería expuesta en un eventual proceso es el Acta Número 120 de la Asamblea que recoge las advertencias formuladas en su momento por el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba Mosquera. El mandatario pidió excluir del orden del día la reforma, que dejaba nuevos poderes en la junta directiva en desmedro del gobierno corporativa, no fue socializada previamente como correspondía.
En esas condiciones, según el gobernador, los asambleístas solo serían convidados de piedra o borregos a la hora de votar. Los resultados le dieron la razón. la reforma de los Estatutos Sociales fue aprobada por mayoría accionaria, con una participación favorable del 83,030 % del capital social, mientras que el 14,481 % votó en contra, según consta en el documento revisado.
Posteriormente, la Asamblea abordó la elección, designación o ratificación de la Junta Directiva y se mantuvo una estructura de siete integrantes: representantes patrimoniales, un miembro independiente, un representante del Departamento del Huila y, de manera temporal, pendiente la incorporación del representante de los trabajadores hasta culminar el proceso correspondiente. La plancha presentada fue aprobada por unanimidad con el 97,561 % de la participación accionaria presente.
Previamente, el gobernador intentó en vano que fuera excluido del orden del día el punto de la reforma, pero había otro factor de que jugaba en su contra: no estaban presentes varios de los alcaldes municipales del departamento que lo hubieran apoyado.
Los enviados de Petro
Como el gobierno nacional es socio mayoritario de la Electrificadora, los emisarios del entonces presidente Gustavo Petro, Julián Andrés Moreno Barón, apoderado acreditado por el Ministerio de Hacienda y Diana Lizeth Rodríguez Cortés, apoderada acreditada por la cartera de Minas, asumieron el control de la Asamblea.
Moreno Barón presidió la Asamblea y fue él quien se encargó de desestimar los firmes argumentos expuestos por el gobernador Villalba. Se encargó también de ordenar por secretaria la votación de la reforma y la consecuente reelección de la gerente declarando pronto la suficiente ilustración.
Las alertas generadas por los medios de comunicación tampoco fueron escuchadas, por ejemplo, el periódico La Nación de Neiva venía cuestionando a la funcionaria por presunta opacidad en la entrega de detalles sobre las condiciones de su contrato privado, así como críticas por la creación de nuevos cargos de planta.
Ahora la gente tendrá que irse. Aún no se sabe qué suerte correrán los representantes legales suplentes Ramón Sebastián Andrés Repizo y Jonathan Cleves Torres.
Con la salida de Nika Cuéllar del cargo, su padre, el empresario del transporte Armando Cuéllar, pierde una gran cuota de su poder.
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