La educación no puede seguir esperando

Los resultados de las pruebas de Estado vuelven a encender una alarma que Santa Marta y el Magdalena llevan demasiado tiempo escuchando sin reaccionar con la determinación necesaria. No estamos ante una mala clasificación pasajera. Estamos ante una señal persistente de que miles de niños y jóvenes terminan su educación media con herramientas insuficientes para ingresar a la universidad, competir por un empleo digno, emprender o participar en la transformación económica del territorio.

Las cifras son difíciles de ignorar. Mientras Puerto Colombia alcanzó un promedio municipal de 313,1 puntos, el Magdalena registró 233,5 y permaneció entre los departamentos con menor desempeño del país. Santa Marta, aun siendo el municipio mejor ubicado del departamento, obtuvo 252,1 puntos y ocupó el puesto 438 a nivel nacional. Fundación, segundo en el Magdalena, apareció en el puesto 687. En el extremo más crítico, Puebloviejo ocupó el puesto 1.068 y Cerro de San Antonio el 1.090.

La clasificación municipal permite ver que el problema no se limita a uno o dos territorios. Santa Marta encabeza el departamento con 252,1 puntos, pero su puesto 438 en el país muestra que ser primero dentro del Magdalena está todavía muy lejos de significar un desempeño satisfactorio en el contexto nacional. Le siguen Fundación, con 238,2 puntos y el puesto 687, y San Sebastián de Buenavista, con 237,5 y el puesto 706. Plato y San Zenón completan los cinco primeros lugares departamentales, con 231,6 y 229,1 puntos, respectivamente. Es decir, incluso entre los municipios que lideran internamente, la distancia frente a los referentes nacionales sigue siendo considerable.

La parte media de la clasificación confirma que el rezago es extendido. Ciénaga aparece sexta con 227,5 puntos y el puesto 872 nacional; El Banco, Pivijay y Aracataca se sitúan entre 225,7 y 225,3 puntos, alrededor de los puestos 894 a 900. Más abajo, municipios como Nueva Granada, Salamina, Tenerife y Ariguaní ya se mueven entre los puestos 909 y 950. No se trata, por tanto, de una caída aislada al final de la lista, sino de una tendencia departamental que atraviesa buena parte del territorio.

El panorama se vuelve más grave en los últimos lugares. Diez municipios del Magdalena están ubicados por debajo del puesto 1.000 nacional: desde Zapayán, con 212 puntos y el puesto 1.015, hasta Cerro de San Antonio, con 191,4 y el puesto 1.090. Entre ellos también figuran Zona Bananera, Santa Bárbara de Pinto, El Retén, Algarrobo, Remolino, Sabanas de San Ángel, Pedraza y Puebloviejo. La brecha entre Santa Marta y Cerro de San Antonio alcanza 60,7 puntos. Esa diferencia refleja desigualdades territoriales profundas y exige respuestas diferenciadas, con prioridad para los municipios que acumulan mayores carencias.

Estas cifras, tomadas de los resultados citados en el documento original, no cuentan por sí solas toda la historia, pero sí obligan a formular la pregunta correcta: ¿qué futuro estamos ofreciendo a los estudiantes que hoy pasan por nuestras aulas? Cada puntaje resume, en parte, las condiciones de una escuela, el acompañamiento de una familia, la preparación de un docente, la gestión de una institución y las oportunidades —o carencias— de su entorno. Sería injusto atribuir el problema a un único actor, pero también irresponsable permitir que, al ser responsabilidad de muchos, termine sin ser responsabilidad de nadie.

Las administraciones públicas deben responder por la planeación, la financiación, la infraestructura, la alimentación escolar, la conectividad y el seguimiento de la calidad. Rectores y directivos tienen la obligación de ejercer liderazgo pedagógico. Los docentes cumplen una tarea decisiva en la formación de los estudiantes. Las familias y la sociedad deben acompañar y exigir. Los sindicatos, cuyas reivindicaciones laborales son legítimas, también deben considerar el impacto que cada interrupción académica produce sobre el aprendizaje. En toda discusión, el estudiante debe permanecer en el centro.

Hay un asunto que no admite matices: los recursos destinados a los niños deben ser sagrados. En especial, los del Programa de Alimentación Escolar. No basta con anunciar presupuestos o firmar contratos. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se invierte, quién contrata, cómo se ejecutan los recursos, qué reciben realmente los estudiantes y qué resultados se obtienen. Cuando existan irregularidades, deben activarse las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales correspondientes. Quitarle calidad o alimento a un niño no es una falla administrativa menor: es arrebatarle una oportunidad de aprender.

También debemos superar la idea de que una obra física, por sí sola, transforma la educación. Una escuela digna necesita aulas seguras, agua potable, saneamiento, energía, conectividad, bibliotecas, laboratorios y espacios deportivos. Pero un edificio nuevo sin buenos procesos pedagógicos no garantiza aprendizaje. Del mismo modo, docentes capaces trabajando en condiciones precarias encuentran límites enormes. La solución exige intervenir simultáneamente la infraestructura, la enseñanza, la gestión institucional, la nutrición, la tecnología y el acompañamiento a los estudiantes.

El debate, además, no puede limitarse a subir unos puntos en la prueba Saber 11. El propósito es formar jóvenes capaces de leer y comprender, razonar, resolver problemas, comunicarse, utilizar tecnología, trabajar con otros y adaptarse a una economía en permanente cambio. Las pruebas son un termómetro: no reemplazan el diagnóstico completo, pero permiten identificar dónde se concentra la fiebre y orientar mejor las decisiones.

Aquí aparece la conexión que con frecuencia olvidamos. Durante años hemos hablado de atraer inversión, fortalecer el turismo, ampliar la actividad portuaria, mejorar la logística, impulsar la agroindustria y crear nuevas empresas. Sin embargo, pocas veces preguntamos quién administrará esos hoteles, operará esos puertos, desarrollará la tecnología, dirigirá las empresas o aprovechará las oportunidades que genere el crecimiento. La respuesta está hoy sentada en las aulas del Magdalena.

La educación, por tanto, no es únicamente un sector social ni un asunto exclusivo de las secretarías del ramo. Es infraestructura estratégica. Así como las carreteras movilizan mercancías, la educación moviliza conocimiento, productividad y oportunidades. Un territorio puede ampliar su aeropuerto, modernizar su puerto o atraer una gran inversión; pero si no cuenta con talento humano preparado, una parte importante de esos beneficios terminará aprovechándose fuera de la región.

¿Por dónde comenzar? Primero, con un programa transparente de recuperación y modernización de las instituciones que presentan mayores carencias. Las prioridades deben definirse mediante información técnica y verificable, no por conveniencias políticas. Cada peso invertido debe quedar vinculado a una necesidad concreta y a un resultado medible.

Segundo, necesitamos un programa departamental de fortalecimiento académico y docente, concentrado en matemáticas, lectura crítica, ciencias, inglés y competencias digitales. Debe incluir formación continua para maestros, acompañamiento pedagógico, tutorías, jornadas complementarias e identificación temprana de estudiantes con dificultades. También debe permitir saber qué colegios mejoran, cuáles permanecen estancados y cuáles necesitan una intervención prioritaria.

Tercero, la educación debe conectarse con el empleo y con la vocación productiva del Magdalena. Turismo, logística, comercio exterior, agroindustria, economía azul, tecnología, energías renovables, industrias creativas y emprendimiento no pueden ser palabras aisladas en los planes de desarrollo. Deben traducirse en alianzas entre la Gobernación, las alcaldías, los colegios, el SENA, las universidades, las empresas y los gremios. El éxito debe medirse no solo por puntajes, sino también por el acceso a la educación superior, la inserción laboral, las certificaciones de competencias y la creación de empresas.

El Magdalena posee ubicación, biodiversidad, cultura, agricultura, turismo, puertos y una población joven. Pero ninguna ventaja garantiza el progreso por sí sola. Necesitamos convertirlas en oportunidades reales para nuestra gente, y eso exige conocimiento. Por esa razón, la educación debe convertirse en el primer gran pacto territorial del departamento: un acuerdo que trascienda gobiernos, partidos y periodos administrativos, establezca metas de largo plazo, mida avances públicamente y proteja los recursos destinados a la niñez.

Los resultados de las pruebas de Estado no deben servir para repartir culpas ni alimentar una indignación de pocos días. Deben obligarnos a actuar. Detrás de cada cifra hay un estudiante, una familia, un maestro, una escuela y el futuro de una comunidad. Si queremos un Magdalena competitivo, productivo, empresarial y conectado con el mundo, debemos formar a las personas capaces de construirlo. El desarrollo comienza mucho antes de inaugurar una carretera, un puerto, un hotel o una empresa. Comienza en el aula.

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