El joven político conservador Wadith Manzur heredó el emporio electoral construido por su papá Julio Manzur en Córdoba quien terminó condenado por sus vínculos con Bloque Norte y el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Su hijo y heredero político Wadith, logró primero llegar a la Cámara de representantes por Cordoba con 67 mil votos, y tras aspirar al senado, a pesar de estar imputado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de justicia, logró la curul con 134.000 votos en las elecciones de marzo pasado.
Se entregó al CTI en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el 12 de marzo de 2026 y fue trasladado por el IMPEC a Bogotá a la Escuela de carabineros de la policía, uno de los lugares con las condiciones más favorables para pagar condenas, reservados para personajes de relevancia pública.
Manzur contrató como abogado para su defensa a Luis Carlos Torregrosa, mientras avanza el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Seguía actuando con tranquilidad que desde allí seguiría manejando las cuerdas del poder, al punto de intentar incluso posesionarse como senador el 20 de julio. Pretensión que le fue negada por la Secretaría General del Senado de la posesión de manera virtual o desde su lugar de reclusión. Manzur perdió su curul y se le piensa aplica Silla Vacía.
Para sorpresa de Manzur después del primer mes en la Presidencia, Abelardo de la Espriella dio una orden que hizo pública en una alocución presidencial: No habría privilegios en las detenciones de ningún delincuente y mucho menos de los de cuello blanco detenidos por presunta corrupción. La orden de traslado de Carabineros a La Picota llegó pronto.
Esta imagen en el momento de la reseña al ingresar a La Picota revela la complicada situación personal de Wadith Manzur, enfrentado a régimen disciplinario estricto, restricciones de visitas y de comunicación con el exterior, como cualquier preso ordinario.
En La Picota, las condiciones de reclusión dependerán del lugar al que sea asignado Manzur. Si el político llega a la Estructura de Alta Seguridad Integrada del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá “La Picota”, tendría una celda de tres metros por tres metros, con una cama y un baño, además de compartir el piso con otros internos. En cada nivel hay entre 20 y 25 celdas.
Una situación similar es la que atraviesa el ex Representante a la Cámara Andrés Calle quien alcanzó a ser Presidente de la corporación y un gran aliado de Petro en el despegue del gobierno. Tambien vinculado al caso de corrupción en la UNGRD, fue trasladado del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) a La Picota el 9 de septiembre de 2026. Calle, al igual que Manzur, permanece sometido a un proceso judicial sin que exista una condena en su contra.
Los traslados ocurren durante el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha presentado la lucha contra la corrupción y la seguridad como prioridades de su administración. En el caso de Manzur, el cambio de establecimiento marca una nueva etapa dentro del proceso judicial que continúa en la Corte Suprema.
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En La Picota, las condiciones de reclusión dependerán del lugar al que sea asignado Manzur. Si el político llega a la Estructura de Alta Seguridad Integrada del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá “La Picota”, tendría una celda de tres metros por tres metros, con una cama y un baño, además de compartir el piso con otros internos. En cada nivel hay entre 20 y 25 celdas.
Una situación similar es la que atraviesa el ex Representante a la Cámara Andrés Calle quien alcanzó a ser Presidente de la corporación y un gran aliado de Petro en el despegue del gobierno. Tambien vinculado al caso de corrupción en la UNGRD, fue trasladado del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) a La Picota el 9 de septiembre de 2026. Calle, al igual que Manzur, permanece sometido a un proceso judicial sin que exista una condena en su contra.
Los traslados ocurren durante el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha presentado la lucha contra la corrupción y la seguridad como prioridades de su administración. En el caso de Manzur, el cambio de establecimiento marca una nueva etapa dentro del proceso judicial que continúa en la Corte Suprema.
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