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La mañana del 16 de septiembre, los colombianos observamos impávidos las aterradoras imágenes de cómo volaba por los aires el radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle del Cauca. Tras el estupor inicial frente a la contundencia de las tomas, emerge una ráfaga de preguntas inevitables: ¿cómo es posible que los mecanismos de vigilancia de uno de los aeropuertos internacionales más importantes del país estén tan desprotegidos? ¿Por qué las autoridades no previeron un atentado de tal gravedad contra un nodo neurálgico para la navegación aérea y la seguridad nacional?
Lo sucedido se asemeja a la batalla de un gigante torpe contra un enemigo considerablemente más pequeño, pero con una capacidad de daño exponencial. Desde hace tiempo se viene alertando sobre el peligro de los drones en las nuevas dinámicas del conflicto urbano y rural. De acuerdo con testimonios de expertos, el radar destruido en Candelaria se encontraba en línea recta con la senda de descenso de las aeronaves que aterrizan en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Se trataba del equipo más moderno del país, con una cobertura de 450 kilómetros a la redonda capaz de detectar incluso impulsos electrónicos de drones pequeños. Hoy, el asunto es más grave de lo que parece: el valle geográfico y la ciudad de Cali han quedado a ciegas.
Este ataque evidencia que estamos ante el preludio de una amenaza invisible e indetectable para los organismos de inteligencia del Estado. Bajo este nuevo panorama, nadie puede asumir que está a salvo. Las propiedades en sectores exclusivos, alejadas de la periferia, ya son objetivos alcanzables para las estructuras criminales que operan estos dispositivos; incluso el propio Palacio de Nariño se convierte en un blanco factible. Más que una advertencia, es una realidad innegable de vulnerabilidad absoluta: la extorsión y el sabotaje ya no requieren la presencia física del agresor. Hoy, todos estamos al alcance del crimen a distancia.
Asimismo, la destrucción de esta infraestructura propina un duro golpe al combate del narcotráfico en las rutas estratégicas del Pacífico. Mientras la infraestructura crítica cae, el recrudecimiento de la violencia avanza a lo largo y ancho del territorio nacional. En este escenario, la opinión pública aguarda la respuesta del Gobierno Nacional. Todo parece indicar que estas acciones violentas buscan medirle el pulso a las autoridades, que han ubicado la seguridad como la bandera central de su gestión.
El episodio deja al descubierto las severas limitaciones de las Fuerzas Armadas para contrarrestar amenazas aéreas no convencionales. Atrás quedaron los días de los ataques con cilindros bomba; hoy el terror acecha desde el aire a soldados, policías y población civil por igual. Los colombianos exigen que el Gobierno Nacional diseñe e implemente de inmediato tecnologías de neutralización y medidas de contención efectivas. De lo contrario, restar importancia a esta mutación del conflicto confirmará una dolorosa certeza: en Colombia, hoy nadie está seguro en ningún lugar.
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