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Algunas cosas sencillas, con las que nos familiarizan desde el poder y los medios a su servicio, sin que reparemos mucho en ellas, nos indican, no obstante, la degradación en la que se posiciona el poder y cómo nuestras mentes se adaptan mansamente a ello. Es decir, cómo intentan y logran descomponer por completo nuestros criterios religiosos, morales o personales, habituándonos a las peores situaciones sin que expresemos mayor oposición.
Recientemente, por ejemplo, se cumplió un año desde el primer hundimiento de una lancha rápida en el Caribe, frente a las costas venezolanas, por parte de la marina de los Estados Unidos, que cumplió la orden presidencial. Se habló de una nave con once ocupantes a bordo, supuestos integrantes del tren de Aragua, que se encargaban de transportar droga con destino a algún puerto norteamericano. La lancha fue hundida y todos sus tripulantes murieron.
El hecho se presentó como el comienzo de una ofensiva contra el narcotráfico y los grupos terroristas por parte del gobierno norteamericano. Luego vendrían sucesivos casos iguales, en el Caribe y el Pacífico, con decenas de embarcaciones hundidas y centenares de muertos. Nunca se han presentado las más elementales pruebas de que las naves transportaran drogas, o de que sus ocupantes fueran criminales. Bastó con la palabra de Trump.
Más allá de la falta de pruebas en uno u otro sentido, la pregunta justa es por qué son ejecutados de esa manera un alto número de seres humanos, que bien pudieran haber sido capturados, juzgados y condenados si resultaran ciertas las acusaciones. No existe una norma, en el derecho interno de los Estados Unidos, ni en el derecho internacional, ni el derecho de ningún país del mundo, que autorice asesinar personas sin la menor fórmula de juicio.
Lo que en la generalidad de esos casos autorizan todas las legislaciones, es a la detención y requisa de las naves, en busca de los hipotéticos cargamentos de drogas, descubiertos los cuales procede la captura de los ocupantes, su traslado a tierra y su sometimiento a procesos judiciales en los que se les impone una pena. Que se sepa, el narcotráfico, en ninguna de sus modalidades, es castigado con pena de muerte, al menos en los Estados Unidos y el mundo occidental.
Si los ocupantes de esas naves fueran juzgados y declarados culpables de narcotráfico o terrorismo, deberían pagar una pena de cárcel, como la pagan todos los condenados por esos delitos. De hecho, sabemos que, salvando las dudas sobre la real naturaleza de los hechos, los presuntos culpables del derribo de las Torres Gemelas pagan penas de prisión o aún están siendo juzgados. No se los asesinó. Igual hay decenas de miles de narcotraficantes en las cárceles.
Incluso, resulta hoy normal, que el presidente de los Estados Unidos los perdone, aún después de sentencias judiciales ejecutoriadas en las que se los condenó a años de prisión. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es el caso más a mano. Se lo condenó por introducir 450 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y hoy está amnistiado. Lo de las lanchas bombardeadas y hundidas es abiertamente un crimen de lesa humanidad.
Se convirtió en práctica sistemática, sin importar que infrinja las más elementales normas de respeto a los derechos humanos reconocidas por acuerdos y tratados internacionales. Por la propia legislación norteamericana. Que ocurra, sin embargo, es producto de un hecho aplastante, su ejecutor es ni más ni menos que el gobierno de los Estados Unidos, la mayor potencia militar de Occidente, que expresa a plena voz su rechazo a cualquier legalidad.
Lo cual sienta doctrina. La fuerza bruta, el poder armado incontenible, goza del derecho a pisotear a quien se le dé la gana y cómo se le venga en gana. Ya conocíamos de eso, con el genocidio impune que comete Israel contra el pueblo palestino, del que han sido víctimas también los sirios, libaneses y demás pueblos agredidos en el occidente de Asia y norte de África. Contar con el apoyo y hasta la financiación de los Estados Unidos y la Unión Europea, permite hacer lo que sea.
La peligrosa idea que se desprende de semejante concepción, niega los mínimos avances obtenidos por la humanidad en materia de respeto a la dignidad humana. Y desafortunadamente resulta reproducida en otros países, en los que, gobiernos que sienten respaldados por Trump, piensan que pueden obrar del mismo modo. Los anuncios rabiosos de Abelardo, pese a la ridiculez de su aspecto y poder, apuntan a la repetición del mismo guion.
Cosa que los colombianos y colombianas no estamos dispuestos a permitir. Vivimos hastiados de horrores. Existen una Constitución y unas leyes que no se pueden pisotear. La violencia extrema que predica el alto gobierno terminará estrellada contra la pacífica y contundente respuesta popular. Ya se escuchan los coros que la anuncian.
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