Según informes de prensa, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la derogación de los decretos que crearon las 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) formalizadas durante la administración Petro. Las ETI son espacios territoriales reconocidos para que los pueblos originarios ejerzan gobierno propio, administren recursos públicos y asuman competencias locales. Abarcan cerca de 17 millones de hectáreas en regiones como la Amazonía y La Guajira (equivalente a un 15 % del territorio nacional.
Pero una cosa es que estas ETI tengan autonomía, y otra cosa es que tengan soberanía como muchos de los zurdos y los progres pretenden. La autonomía territorial no significa ni soberanía, ni mucho menos el establecimiento de “republiquetas independientes”. La Constitución de 1991 no creó una colección de feudos intocables: reconoció la diversidad étnica y cultural y estableció que los territorios indígenas pueden ejercer importantes competencias administrativas, presupuestales, territoriales y ambientales. También ordenó que su funcionamiento se articule con el resto del Estado. Colombia no puede, como lo afirmaba recientemente un analista, “convertirse en un país donde cada mapa administrativo sea una negociación metafísica y cada funcionario que pregunta cuánto cuesta, quién responde y quién controla los recursos sea acusado automáticamente de colonialista, racista o enemigo de los pueblos originarios.”
Otra cosa es que el Estado financie la participación de comunidades indígenas en una mesa de concertación, una consulta previa o un programa de salud. Y otra muy distinta fue el utilizar contratos estatales para pagar la logística de las movilizaiones indígenas (concretamente la llamada “Minga”) a la capital, movilización cuyo objetivo concreto, por no decir único, era amedentrar la opsición al gobierno de Petro.
El gobierno de De la Espriella tiene claridad en que donde hay poder y dinero público, necesariamente tiene que haber controles (Auditoría, Transparencia, Rendición de cuentas, Indicadores, Responsabilidad fiscal). Y obviamente los funcionarios que administran estos recursos públicos deben ser llamados a explicar por qué una carretera no existe, por qué un puesto de salud está abandonado, por qué se financian los desplazamientos de los indígenas a hacer proselitismo político, o por qué millones de pesos desaparecieron en la insondable dimensión paralela de la contratación pública. Los ciudadanos, y muy especialmente los contribuyentes, tenemos derecho de saber quién paga las protestas cuando precisamente quienes protestan son simultáneamente beneficiarios de cuantiosos contratos públicos.
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