El presupuesto presentado por el ministro de hacienda Miguel Gómez del gobierno de Abelardo para el año 2027, es de COP 60 billones más que el de Petro. Dijeron que COP 23 billones correspondían a gastos y COP 37 billones de deuda, que según ellos, estarían encubiertos en la propuesta presentada por Petro.
El de Petro se tildó de derrochón. ¿Y este que vendrá a ser entonces?
Abelardo dijo que sería austero y que haría un recorte de COP 60 billones en el gasto, a pesar de que se sabe que el 93% del presupuesto es inflexible, en pagos de deuda, gastos de funcionamiento e inversión social. Hizo todo lo contrario.
Petro dijo que el presupuesto presentado por él, estaba desfinanciado y propuso una reforma tributaria por COP 20 billones y reducción significativa de la tasa de interés por parte del Banco de la República, del 12% a un valor cercano a la inflación ligeramente superior al 6%. Los impuestos a los que se refirió la propuesta de Petro, estaban en IVA para los juegos de azar que aún están exentos, el pago del impuesto a las regalías del que los exonoró la Corte Constitucional en el 2023, incluso aumentando el impuesto al patrimonio y a los dividendos. Es decir impuestos progresivos. Los que más tienen, más pagan.
La pregunta entonces en este momento sería, ¿cómo va a financiarse el nuevo presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo a través de su ministro de hacienda?
El ministro de Hacienda insistió en que los recursos faltantes para atender el presupuesto del año 2027, se harían por la parte del endeudamiento sin precisar si fuera nacional o extranjero.
Al margen se puede decir que este presupuesto implicaría un déficit fiscal de 9,7% del PIB para el 2027, que supera en grado sumo, la regla fiscal, la más alta en el período neoliberal, sin que los grandes medios de comunicación, la academia neoliberal y políticos del establecimiento se hayan molestado por esto, lo cual contrasta abiertamente con el escándalo que le armaron al gobierno de Petro con un déficit fiscal del 6,4% del PIB en el año 2025 y para lo cual le negaron una ley de financiamiento.
Un endeudamiento interno implicaría tasas de interés para dichos créditos del 14%, dado que el Banco de la República mantiene una altísima tasa de interés del 12%, créditos que tanto fueron criticados por el abelardismo en plena campaña electoral. Por lo cual pareciese inconveniente.
Y si los créditos fueran internacionales, impactarían muy negativamente sobre la devaluación del peso por la mayor cantidad de dólares que ingresan, y por consiguiente toda la economía exportadora, seguiría sufriendo los estragos de una tasa representativa del mercado muy baja. Pareciese entonces que tampoco es muy conveniente para el país.
Uno y otro endeudamiento agravarían la ya muy delicada situación de lo que representa el pago de la deuda, el más alto rubro en los anteriores y en este proyecto de presupuesto.
Nada aconsejaría este endeudamiento. La deuda, posteriormente, a corto, mediano y largo plazo, la pagarían los colombianos, y por lo que se agrega en las propuestas del abelardismo, serían trasladadas a las rentas de trabajo y al impuestos a la comida mediante incrementos del IVA, volviendo a la vieja propuesta de Duque y Carrasquilla, que conllevó al estallido social y que hoy animaría el vicepresidente José Manuel Restrepo, que también fue ministro de hacienda del gobierno Duque.
El abelardismo y su ministro de hacienda han venido repitiendo que no presentarían por lo pronto una reforma tributaria. Y que si más tarde lo consideraran, retirarían el impuesto al patrimonio y reducirían el impuesto a las rentas del capital y al los dividendos. Es decir una reforma tributaria regresiva, los que más tienen, menos pagan.
Y por consiguiente estaríamos en el peor de los mundos. Por lo pronto un endeudamiento que pagaríamos en un tiempo no muy lejano, con una reforma tributaria de carácter regresiva.
Y sobre el tema de los recortes, ha anunciado como lo hizo en campaña electoral, que presentará una propuesta de recorte al tamaño del estado en la cual señala que reduciría los ministerios a 13, privatizaría el Grupo Bicentenario y eliminaría 5 superintendencias, muchas entidades del Estado como la ESAP, Ungrd, el Inpec, la UNP, la Unidad de víctimas, la ANT y la ADR, etcétera, que podría representar el despido de cerca de 700.000 trabajadores.
Un presupuesto para el 2027, que implicaría mayor endeudamiento, sin un recorte a la vista y con una perspectiva en tiempo nuy corto de una reforma tributaria regresiva.
Nada bueno para los sectores populares, la clase trabajadora y sectores de la clase media.
Postdata: el 11 y 12 de septiembre se prepara en Bogotá un gran encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas que aprobará un plan de acción de resistencia civil y pacífica al gobierno del abelardismo.
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