Texto escrito por: Amalfi Rosales
El caso de Lucas Francesco Murillo, el niño de siete años que pidió ayuda públicamente al presidente Abelardo de la Espriella para continuar su tratamiento cardíaco, debería producir algo más que una solución individual. Por encima del “chuchu” de Petro están los enfermos. El nuevo Gobierno no puede permitir que la crisis de la salud se convierta en otra batalla política mientras miles de colombianos siguen esperando medicamentos, citas, cirugías y tratamientos.
Presidente Abelardo de la Espriella: hay una realidad que no admite discursos, enfrentamientos políticos ni explicaciones burocráticas: los colombianos se están enfermando mientras esperan que el sistema de salud les responda.
Lo que muestran los datos es preocupante: las barreras de acceso a la salud aumentaron y el organismo encargado de vigilar el sistema no logró evitar que los usuarios terminaran recurriendo a tutelas, redes sociales y protestas para conseguir atención.
Entre 2022 y 2026, Colombia no solamente ha vivido una crisis financiera y administrativa de las EPS. También se ha producido un deterioro de la capacidad efectiva del Estado para garantizar que el paciente reciba oportunamente el servicio que le fue ordenado.
La Defensoría del Pueblo reportó que entre 2022 y 2025 recibió cerca de 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud. Además, las quejas por falta de oportunidad para citas con especialistas pasaron de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024, mientras las relacionadas con deficiencias en servicios médicos esenciales aumentaron de 4.607 a 7.714. Las quejas por retrasos en medicamentos también se dispararon.
Y hay otro indicador todavía más contundente: la propia Supersalud registró 1.247.137 reclamos en 2022 y 1.417.221 en 2023, un aumento significativo.
El caso de Lucas Murillo estremeció al país porque hizo visible una situación que miles de familias viven en silencio. Un paciente necesita un procedimiento, un medicamento, una cita especializada o un tratamiento y, después de tocar puertas durante semanas o meses, descubre que la única manera de conseguir atención parece ser grabar un video, publicarlo en redes sociales y esperar que se vuelva viral. Eso no puede convertirse en el modelo de salud de Colombia.
Un niño no debería necesitar un video viral para que el Estado recuerde que existe.
El presidente puede intervenir en un caso particular y resolverlo, pero el verdadero desafío está en evitar que mañana aparezcan otros cien Lucas Murillo esperando que alguien los descubra en Facebook, TikTok, Instagram o X.
La nueva ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, asumió con el reto de enfrentar la crisis financiera y asistencial del sistema. Su agenda inicial incluye un plan de choque para medicamentos represados y citas médicas, revisar la UPC, mejorar el flujo de recursos y atender la situación de Nueva EPS.
Pero el verdadero desafío será llevar esas decisiones al paciente. No basta con inyectar recursos al sistema: los colombianos necesitan medicamentos, especialistas, cirugías y tratamientos a tiempo. La nueva ministra tendrá que demostrar que el rescate financiero también se convierte en un rescate de la atención médica.
La Superintendencia debe recuperar la confianza
La Supersalud tiene la responsabilidad de vigilar a las EPS y proteger a los usuarios, pero para un paciente no basta con recibir un número de radicado: necesita una solución. Una respuesta administrativa no entrega un medicamento ni consigue una cita o una cirugía.
Las cifras muestran la dimensión del problema. En enero de 2026, la Supersalud reportó que los reclamos por cada 10.000 afiliados aumentaron de 322,03 a 420,83, en medio de problemas estructurales del sistema.
Uno de los mayores obstáculos son las demoras para acceder a especialistas. Hay pacientes que, después de recibir una remisión médica, encuentran citas disponibles para tres, cuatro o hasta seis meses después. Aunque los tiempos deben depender de la condición clínica y la prioridad del paciente, una espera excesiva puede retrasar diagnósticos y tratamientos.
El Ministerio de Salud creó en 2025 un Modelo de Gestión de Tiempos de Espera para reducir estas demoras. Ahora corresponde demostrar que esa herramienta está funcionando.
La Superintendencia debe medir su gestión por algo más que el número de quejas recibidas: cuántos pacientes lograron finalmente obtener sus medicamentos, citas, procedimientos y tratamientos. Porque para el paciente, tres meses no son una estadística. Son tiempo de vida esperando una respuesta.
Los pacientes llevan meses hablando
Las redes están llenas de colombianos pidiendo ayuda. En Barranquilla, cerca de 15 pacientes con VIH afiliados a Nueva EPS denunciaron en agosto que llevaban más de dos meses sin recibir sus medicamentos antirretrovirales a través de la IPS Quimiosalud.
En mayo, un usuario de Nueva EPS aseguró llevar más de tres meses esperando medicamentos para la diabetes. La denuncia se produjo durante una visita de la Superintendencia de Salud a un punto de dispensación en Barranquilla.
En enero de 2026, la Gobernación del Atlántico tuvo que activar acciones institucionales para exigir soluciones a Nueva EPS por fallas en medicamentos y servicios que afectaban a unos 440.000 afiliados en el departamento.
La Secretaría de Salud del Atlántico había recibido durante 2025 reiteradas denuncias de usuarios por demoras en la dispensación de medicamentos. El problema, por tanto, no apareció ayer. Las autoridades tenían conocimiento de las dificultades y los pacientes llevaban meses denunciándolas.
La salud no puede depender del algoritmo
Aquí está una de las mayores injusticias. Lucas pudo hacer llegar su mensaje. Pero miles de pacientes no tienen esa posibilidad.
Está la mujer que vive sola. El campesino que no tiene internet. El adulto mayor que no sabe utilizar TikTok. La familia que no tiene contactos, periodistas ni seguidores.
Todos tienen exactamente el mismo derecho.
El derecho a la salud no puede depender de la capacidad de una persona para convertir su enfermedad en una noticia.
La prioridad debe establecerse por la gravedad de la enfermedad y la necesidad médica, no por el número de reproducciones de un video. La verdadera eficiencia del Estado no se demuestra cuando un video viral obliga a actuar. Se demuestra cuando el video nunca fue necesario.
Prevenir antes de curar
La crisis tampoco puede enfrentarse únicamente atendiendo al paciente cuando ya está enfermo.
El Estado tiene una responsabilidad esencial en la prevención, la atención primaria y la detección temprana.
Colombia cuenta con el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que incluye promoción de la salud, prevención, vigilancia y atención.
En 2026 también se adoptó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, que contempla prevención, detección temprana y diagnóstico oportuno.
Pero los planes deben convertirse en resultados.
La prevención significa detectar hipertensión, diabetes, cáncer y otras enfermedades antes de que avancen. Significa realizar tamizajes, controles, vacunación, educación sanitaria y seguimiento a las poblaciones en riesgo. Detectar una enfermedad seis meses antes puede cambiar la vida de un paciente.
Encontrar un cáncer en una etapa temprana puede modificar completamente su pronóstico.
Controlar oportunamente una enfermedad cardiovascular puede evitar una complicación grave.
Prevenir también es salvar vidas.
Por eso el nuevo Gobierno debe medir su política de salud no solamente por el número de pacientes atendidos, sino también por las enfermedades detectadas a tiempo, las complicaciones evitadas y los tratamientos iniciados oportunamente.
Presidente De la Espriella: gobierne para las dos orillas
La salud no puede convertirse en otra pelea política
Esta columna no pretende defender al Gobierno de Gustavo Petro ni atacar al presidente Abelardo de la Espriella. La discusión debe estar por encima de los nombres y de las disputas políticas, porque el problema de la salud afecta a todos los colombianos.
El Gobierno anterior debe responder por las decisiones y problemas que dejó. Si hubo errores, malos manejos o responsabilidades, corresponde investigarlos y establecerlas. Pero la nueva administración también tiene la obligación de resolver los problemas que encuentra y evitar que la situación continúe deteriorándose. La crisis de la salud no puede convertirse en una competencia para determinar quién tiene la culpa mientras los pacientes siguen esperando atención.
El paciente no pertenece a ningún partido político. El niño que necesita un tratamiento, el adulto mayor que espera sus medicamentos y el enfermo de cáncer que necesita atención tienen una sola prioridad: ser atendidos a tiempo.
Por eso, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la oportunidad de demostrar que puede superar la confrontación política y concentrarse en soluciones concretas.
La salud necesita menos discursos sobre quién dejó el problema y más acciones para resolverlo.
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