En agosto de 1941 el gobierno británico formalizó el Political Warfare Executive, el organismo que llevó la propaganda negra a su forma más depurada. Meses antes, desde el 23 de mayo de ese año, ya transmitía Gustav Siegfried Eins, la emisora clandestina en la que un refugiado berlinés interpretaba a «Der Chef», un militar prusiano que decía despreciar a los burócratas del partido nazi tanto como a los aliados. Detrás de esa voz estaba Sefton Delmer, periodista nacido en Berlín que había obtenido, gracias a Ernst Röhm, la primera entrevista británica concedida por Hitler, en 1931, y que viajó en su avión de campaña durante las elecciones de 1932. Ese pasado explica buena parte de lo que vino después: Delmer hablaba el alemán de la calle, conocía las rivalidades internas del régimen y sabía qué rumores sonarían creíbles en un cuartel.
Su fórmula descansaba sobre cuatro decisiones, todas contrarias a la propaganda convencional de su tiempo. La primera fue la renuncia deliberada a la propaganda ideológica: Delmer comprendió que un alemán no cambiaría de bando por escuchar elogios de la democracia, de modo que sus emisoras no hablaban como el enemigo sino como un alemán más patriota que el propio régimen, y desde esa voz prestada atacaban a los jerarcas del partido por corruptos, no por nazis. La segunda fue el uso de la verdad como vehículo de la mentira: las transmisiones se nutrían de inteligencia real —interrogatorios de prisioneros, correspondencia interceptada entre Alemania y países neutrales—, y esa precisión en el detalle, verificable por el oyente, compraba credibilidad para las falsedades puntuales que se deslizaban entre las noticias ciertas. La tercera fue el anzuelo del entretenimiento: emisoras como el Atlantiksender y Soldatensender Calais capturaban a la audiencia militar con jazz prohibido y deportes antes de entregarle el veneno informativo. Y la cuarta fue el propósito, que nunca fue convertir: era dividir, sembrar desconfianza entre el ejército, el partido y las SS, minar la moral del combatiente y empujarlo a la deserción. No se combatía la idea del adversario; se corroía la confianza que lo sostenía. Esa lógica sobrevivió a la guerra: es la que George Kennan formalizó el 4 de mayo de 1948 al definir la political warfare como el empleo de todos los recursos de una nación, distintos de la guerra abierta, para alcanzar sus objetivos, y la que el historiador Thomas Rid documentó en Active Measures (2020) como una línea continua entre la radio negra y la desinformación digital contemporánea.
Colombia no necesitó leer a Delmer para llegar a una fórmula semejante. Después del fracaso de la zona de distensión del Caguán, el Ejército Nacional desplegó frente a las Farc una verdadera guerra radial: Colombia Estéreo, red de más de treinta emisoras institucionales, disputaba el espectro a Voz de la Resistencia, la emisora clandestina de la guerrilla, según documentó en 2017 un reportaje de Cerosetenta y la Liga Contra el Silencio. Ninguno de los dos bandos perseguía adhesión ideológica; ambos apuntaban a la moral del combatiente raso, a la deserción y a la desconfianza entre mandos, el mismo terreno que Delmer trabajó desde sus estudios en Inglaterra. La analogía, con todo, tiene un límite: mientras el PWE operaba contra un enemigo extranjero y sin ataduras constitucionales domésticas, el Estado colombiano libraba esa disputa dentro de su propio territorio y ante su propia población civil. La prensa registró en 2015 que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, ordenó a la emisora itinerante del Ejército abstenerse de mencionar a miembros del pueblo nasa del norte del Cauca y de invitarlos a ingresar a sus filas, pues esas alusiones comprometían su condición de población civil y los exponían a represalias. La diferencia no es menor: la guerra política librada por un Estado de derecho tiene techos que el PWE nunca tuvo que respetar.
Esa misma tensión reaparece hoy con otro nombre. La Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025 reconoció al Ejército Gaitanista de Colombia como Grupo Armado Organizado, presupuesto del acogimiento colectivo a la justicia que hoy avanza, con tropiezos, al amparo de la Ley 2272 de 2022. A ese proceso se le ha opuesto el argumento de que las Farc eran un actor político y el EGC una estructura criminal, y que por ello no serían jurídicamente equiparables. El argumento no alcanza a sostenerse: la calidad de Grupo Armado Organizado no exige naturaleza política, y el parágrafo 7 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997 —adicionado precisamente por la Ley 2272— dispone que los acuerdos y protocolos pactados en estos diálogos «constituyen una política pública de Estado», con independencia de la naturaleza del interlocutor. Quien presenta esa distinción como un vacío normativo insalvable describe, en realidad, una controversia legítimamente política, no una falla en la arquitectura jurídica del proceso.
Es en ese terreno disputado —jurídico por diseño, político por naturaleza— donde el método Delmer encuentra hoy su ambiente más propicio. Ya no se requiere un transmisor de 500 kilovatios como Aspidistra, comprado en secreto a la estadounidense RCA, para instalar una versión inventada de los hechos: basta un video de pocos segundos en TikTok. El 6 de agosto pasado, un hombre uniformado, ajeno a las Fuerzas Militares, agradeció públicamente al expresidente Gustavo Petro; el contenido fue replicado por dirigentes políticos antes de que el Ejército Nacional lo desmintiera, tres días después. El episodio, menor en apariencia, ilustra con precisión la fórmula original: no se necesita un argumento sólido cuando basta con parecer verosímil el tiempo suficiente para recorrer una plataforma digital. El informe de IDEA Internacional sobre desinformación electoral en Colombia, publicado en mayo de 2026, registra el mismo fenómeno a escala mayor: un audio sintético atribuido falsamente al Registrador Nacional, encuestas fraguadas y dieciocho de veinticinco influenciadores candidatos al Congreso con antecedentes documentados de desinformación.
Delmer tituló sus memorias de guerra Black Boomerang (1962) en alusión al efecto de retorno de la propaganda negra: lo que se lanza contra el enemigo puede volver, tarde o temprano, contra quien lo lanzó, porque deja tras de sí una historia que ya nadie logra reconstruir con certeza. Esa es, quizá, la advertencia más vigente de toda su obra. Una democracia que tolera la mentira útil como herramienta corriente de la disputa política termina pagando el precio que pagó la posguerra europea: un pasado en el que ya no se puede confiar. La verdad, la garantía de no repetición y la confianza pública en las instituciones dependen de que el derecho conserve la capacidad de separar el hecho probado del rumor eficaz, y de que jueces, órganos electorales y ciudadanía traten esa separación como lo que es: una condición de supervivencia del sistema, no un escrúpulo de académicos. Delmer puso ese oficio al servicio de una guerra. A nosotros nos corresponde ponerlo al servicio de la paz.
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