A sus 45 años, veinte de los cuales ha dedicado a trabajar en órganos de control, Luis Enrique Abadía es maestro en Derecho Público, Procesal Constitucional, Procesal Contemporáneo y Laboral. También es especialista, entre otras áreas, en Derecho Administrativo y en Riesgos Laborales.
Profesores, compañeros y subalternos en la Contraloría lo reconocen como un estudiante aplicado y riguroso y un funcionario visionario, capaz de idear -como lo acaba de hacer- un proyecto de Contraloría 5.0 con recursos humanos familiarizados con la analítica de datos y la inteligencia tecnológica.
Hijo de Juradó, en el Pacífico olvidado, Abadía ocupó el primer puesto en la prueba de conocimientos y análisis de trayectoria. Con 86,74 puntos de cien posibles, se puso a la cabeza del top diez de los candidatos entre los que este miércoles 12 de agosto será elegido el nuevo Contralor General de la República.
Sin embargo, sus buenas calificaciones no le garantizan por sí solas la elección. Los méritos son importantes, pero la experiencia indica que en este tipo de procesos altamente políticos tienen mayor peso los apoyos partidistas que los aspirantes logren recaudar porque a la postre se convertirán en votos. El ganador necesitará no menos de 144 votos de los 286 senadores y representantes que conforman el Congreso en pleno.
La política, por lo pronto, no ha sido su fuerte. El candidato que puntea en las calificaciones aspiró sin éxito a la gobernación de Chocó con el apoyo de una coalición de La U y el ASI, este último un movimiento de raíces petristas. Ese hecho, según comentarios en los pasillos del capitolio, le resta en el actual panorama político reconfigurado después de la sucesión presidencial.
Con el compiten otros aspirantes de alto perfil político y llenos de experticia, como Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro y Jorge Eliécer Laverde, quizá con mayores y mejores respaldo.
Zuluaga cuenta con la ventaja de haber sido vicecontralor en propiedad y contralor general encargado, experiencias que lo aproximaron más al Congreso que tendrá a cargo la elección y las cabezas de otras ramas del poder público que, aunque no tendrán injerencia en el proceso, suelen propiciar apoyos detrás de bambalinas.
En estos tiempos en los que se pregona mayores descentralización y autonomía para las regiones, Zuluaga tiene Además a su favor su experiencia en entidades territoriales como secretario de Educación y gerente de Capital Social de la gobernación del Atlántico, además de haber sido asesor de la Federación Nacional de Departamentos.
Tampoco se puede desconocer el peso específico de la aspiración de Andrés Castro Franco, el primer nombre que mencionan los medios cuando hablan de favoritismo. Castro, actual personero de Bogotá y ex contralor distrital de la capital, ha venido adelantando contactos con las diferentes bancadas del Congreso.
Sin embargo, hay alguien que juega de local en el Capitolio. Se trata del también candidato Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado y con buenos folios ante las bancadas del liberalismo, La U y en un sector del conservatismo, partido dividido entre su aspiración y la de Carlos Mario Zuluaga.
Entre los diez aspirantes calificados para la ronda decisiva de la elección hay cinco mujeres con buenos puntajes. En su orden están Ana Elena Monsalvo Herrera, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Hacia cualquiera de ellas podrían mirar los electores en casos de polarización.
¿Neutralidad presidencial?
Es cierto que un guiño del presidente Abelardo De la Espriella podría inclinar la balanza a favor de cualquiera de ellos. Por ahora el jefe del Estado ha preferido mantenerse al margen y ser percibido como neutral. La experiencia en la reciente elección de presidente del Congreso, donde no encontró eco favorable a la postulación su candidato, lo habría persuadido de no intervenir en la elección y de declararse respetuoso de la autonomía de las cámaras.
Incluso su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, familiarizado con la dinámica del Congreso y conocedor de los entretelones de la política, ha reforzado la idea de la neutralidad presidencial: “Este gobierno no quiere un Contralor de bolsillo”, ha recalcado el ministro.
Quienes son partidarios de no ponderar favoritismo sin cábalas de por medio consideran que si a última hora el mandatario decide meter baza en el asunto lo haría a favor de la candidata Ana Elena Monsalvo Herrera. Ella hizo parte del equipo de empalme de la campaña De La Espriella en el sensible ámbito de la Hacienda Pública.
Monsalvo fue unan de las coordinadoras del equipo técnico del empalme al lado de Juan Fernando Lucio y Óscar Franco. No sobra recordar su cercanía con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
A ella la Contraloría no le es ajena en absoluto. Hasta hace poco tiempo fue contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas. También tuvo experiencias administrativas previas durante el gobierno de Iván Duque y trabajó para el Ministerio del Trabajo, Colpensiones y en la gobernación del Cesar, su departamento.
Obtuvo el cuarto lugar en las pruebas de conocimiento con un puntaje de 81,69 y en las entrevistas dejó una grata impresión, tanto en el Senado como en la Cámara. Allí, según las fuentes consultadas, tuvo el puntaje máximo del 15 por ciento.
Este tipo de elecciones han demostrado que los favoritismos no son concluyentes. Hace cuatro años el contralor actual, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, fue elegido a último momento sin hacer sido incluido por anticipado en la baraja de los principales aspirantes.
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