Texto escrito por: Esteban Montañez Rodríguez
Cuatro años han pasado desde que las movilizaciones de 2021 en Tuta lograron que la Agencia Nacional de Infraestructura firmará tres compromisos concretos: una tarifa diferencial para los habitantes, la culminación de puentes y entradas en la doble calzada Bogotá-Tunja-Sogamoso y la instauración de mercados campesinos a lo largo de la vía. Sin embargo, el balance es desalentador: sólo la tarifa diferencial se implementó, y de forma incompleta. Los otros dos puntos han sido sistemáticamente ignorados. Esta acumulación de incumplimientos fue la chispa que encendió la reciente toma del peaje, ubicado a 11 kilómetros de la capital boyacense.
Durante cuatro días, los habitantes de los municipios aledaños permanecen acampando en las instalaciones del peaje para presionar a la ANI y a la concesionaria BTS, con el objetivo de forzar el cumplimiento de los acuerdos. En medio de las negociaciones de junio, las instituciones se comprometieron a fijar una fecha exacta para la implementación de los puntos pendientes, que quedó determinada para el 1 de julio. Esta fecha no se cumplió.
El 31 de julio, ante la falta de respuestas, los manifestantes tomaron el peaje por tercera vez. La presión obligó a la ministra de transporte a firmar la resolución el 4 de agosto, pero solo para la tarifa diferencial, dejando los otros dos puntos en el aire. Durante las negociaciones de junio, varios líderes campesinos ya habían expresado su inconformidad, advirtiendo que levantar el paro sin una resolución firmada sembraba desconfianza y dejaba en manos de las instituciones el cumplimiento de lo pactado. El tiempo les dio la razón.
Pero las dudas no se limitaron al incumplimiento de las instituciones. La toma de decisiones apresuradas y con poca consulta de la comunidad ya había sembrado interrogantes sobre la legitimidad de los liderazgos en las mesas de negociación. Personas entrevistadas afirman que la vocería de David Vargas Cardona ha sido eminentemente mediática, con un eje decisorio centralizado que no ha permitido el ingreso de nuevos negociadores. Señalan que su reiterado afán de protagonismo y visibilidad lo ha llevado a autoproclamarse como el único preparado y capacitado para responder. Esta situación, según los testimonios, ha hecho ver que la Resistencia Juvenil Campesina sea percibida como un colectivo compuesto por un solo integrante, con poca apertura al diálogo y a la toma de decisiones colectivas. La afirmación más contundente entre los manifestantes consultados es que Vargas buscó visibilidad personal más que soluciones colectivas.
A estas críticas se sumaron dos hechos concretos que no pasaron desapercibidos para los habitantes de la región. El primero, el oportunismo político señalado por los líderes comunales: Pedro Gonzalez, uno de los voceros visibles de la protesta, ha manifestado sus aspiraciones a la alcaldía de Tuta en los próximos comicios. Uno de los primeros en alzar la voz fue un reconocido gestor comunal del municipio, quien calificó como una provocación la actitud de González:"Es una falta de respeto que personas como ellos lleguen ahora a sacar pecho y a hacer campaña política solo para buscar ser reconocidos. Aquí llevamos años luchando por esta comunidad sin necesidad de una foto ni de un micrófono. Que vengan ahora, cuando hay visibilidad, a pedir el favor del pueblo, es un insulto a la memoria de quienes siempre hemos estado."
El segundo, la adquisición de un contrato por parte de David Vargas Cardona con la alcaldía de Sotaquirá, firmado el 28 de julio de 2026, por un monto de 13’770.000, hasta el 26 de diciembre, para ejercer como “formador” en el área de teatro.
El contrato ha despertado sospechas entre los habitantes, que lo señalan como un posible pago por favores políticos. La principal razón es que el vocero de la Resistencia Juvenil Campesina no cuenta con una preparación formal en artes escénicas ni ha hecho parte de procesos formativos certificados que acrediten su rol como profesor de teatro. Esta falta de credibilidad profesional ha aumentado la desconfianza sobre su vocería y ha abierto el interrogante de si el contrato es, en realidad, una compensación por su liderazgo en la protesta o una forma de garantizar su silencio ante el incumplimiento de los demás puntos del pliego. Lo cierto es que se desconoce cómo obtuvo el contrato, partiendo de que tampoco se conoce su preparación académica para desarrollar dicha labor.
Ambos señalamientos han puesto en tela de juicio el verdadero compromiso social de los líderes y han abierto el debate sobre si en la protesta primaron los interés colectivos o los personales.
Para algunos observadores y habitantes consultados, estos no son hechos aislados. Señalan que, detrás de las movilizaciones, se teje una estrategia política que busca posicionar a ambos líderes en futuras elecciones: Gonzalez a la alcaldía y Vargas Cardona al concejo municipal. Versiones no confirmadas apuntan a que, durante las negociaciones, se priorizaron los puntos de mayor rédito político sobre demandas estructurales, como la compensación campesina.
Hay quienes van más allá y sostienen que, una vez iniciada la campaña electoral, el vocero de Resistencia Juvenil Campesina respaldará públicamente la candidatura de Pedro Gonzalez. De confirmarse, este respaldo revelaría un interés propio desde el origen de la movilización y una estrategia calculada entre ambos líderes. Si existe o no un acuerdo, se desconoce, pero los elementos presentados a lo largo de este reportaje permiten al menos inferirlo como una posibilidad.
No es un secreto que varios de los candidatos hoy electos en Boyacá han surgido gracias a momentos coyunturales, y que algunos han sido fuertemente cuestionados una vez en el cargo, como los casos de Carlos Amaya y César Pachón, quienes mostraron que su compromiso no estaba con el campo ni con la universidad, sino consigo mismos.
El peaje de Tuta sigue en pie. Los carros pasan, los campesinos pagan, los camiones avanzan. La tarifa diferencial ya es una realidad para 5.000 personas, pero los puentes de la doble calzada siguen sin terminarse y los mercados campesinos son apenas un recuerdo en los papeles de 2021.
La protesta logró su objetivo inmediato, pero dejó preguntas que no caben en una resolución. Un líder que suena como candidato a la alcaldía. Un vocero con un contrato reciente y dudas sobre su hoja de vida. Manifestantes que se sintieron usados. Habitantes que se preguntan si la lucha era por una tarifa o por un trampolín político.
¿Fue una lucha genuina? Sin duda. ¿Hubo oportunismo político? Los indicios están ahí. Los hechos están sobre la mesa y cada lector tiene los elementos para juzgar.
La pregunta no es si la protesta fue real. La pregunta es si, en el camino, la lucha social se mezcló con otros intereses. Y esa respuesta, como ocurre con los mejores reportajes, no la da el periodista. La da el lector.
También le puede interesar:
Anuncios.
