Texto escrito por: Luis Guillermo Jiménez Niño
El Senado de la República tomó una decisión inédita. Con 55 votos aprobó una proposición del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, para trasladar de manera temporal la sede del Congreso al Cauca y que allí, el 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella reciba el juramento. Si la Cámara de Representantes acompaña la idea, por primera vez en la historia del país un mandatario no se posesionará en Bogotá.
Conviene detenerse en lo que significa. La posesión presidencial siempre ha ocurrido en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso en pleno, en el corazón institucional del poder. Cambiar ese escenario no es un trámite: es un mensaje sobre a quién mira el gobierno que empieza.
El argumento a favor tiene fuerza. Quienes impulsaron el traslado hablan de voltear la mirada hacia territorios que la política suele recordar solo en campaña. Enrique Gómez explicó que escogieron el Cauca porque son regiones "históricamente abandonadas". Posesionarse lejos del centro puede leerse como un gesto de reconocimiento a la Colombia que casi nunca sale en la foto oficial. Ese símbolo emociona, y con razón.
Pero un símbolo también se paga, y ahí empiezan las preguntas incómodas. El Cauca es hoy uno de los departamentos con mayor presión de grupos armados, entre disidencias y ELN. Según reportó El Tiempo, los organismos de inteligencia alertaron sobre un posible atentado contra el presidente electo, y el cantón militar donde se haría el acto fue blanco hace poco de un dron con un artefacto explosivo que golpeó un helicóptero, aunque no detonó. Llevar a un mandatario, a casi 300 congresistas y a delegaciones extranjeras a un territorio en esas condiciones no es un detalle de agenda.
La logística tampoco es menor. Al Cauca tendrían que desplazarse los senadores y representantes, jefes de Estado invitados, cortes y altos funcionarios. El aeropuerto de Popayán es pequeño y, según el mismo reporte, la Presidencia no tiene recursos asignados para trasladar a los congresistas: el dinero disponible alcanza para la transmisión, la alimentación y gastos operativos, pero el viaje de los asistentes tendría que salir de otro bolsillo, probablemente del propio Congreso. Traducido: el gesto lo terminamos financiando entre todos.
Hay un tercer punto que merece atención. El Senado autorizó que la ceremonia sea en el departamento, no que se haga dentro de una guarnición militar, que es donde De la Espriella ha insistido en posesionarse. Para eso necesita un permiso adicional. La discusión no es de forma. El senador Rafael Nieto, también de la derecha, cuestionó la idea con dureza y dijo que posesionarse en una base militar es algo que "solamente los dictadores" hacen. Que el reparo venga de su propia orilla dice que el punto no es partidista: tiene que ver con qué queremos que represente el nacimiento de un gobierno civil.
Ninguna de estas objeciones anula la idea de descentralizar. La pregunta de fondo es otra: ¿estamos discutiendo una política de largo plazo para las regiones olvidadas, o un acto de un día que se anuncia como símbolo pero se sostiene con riesgo ajeno y plata pública? Descentralizar de verdad no es mover una tarima una vez cada cuatro años; es presupuesto, seguridad y presencia del Estado los otros 1.460 días.
Vale la pena que la conversación sea transparente. Que quien decide el lugar responda también por la seguridad de quienes asisten y por el costo del traslado. Que se explique de dónde saldrá cada peso y quién asume la responsabilidad si algo falla en una zona que el propio Estado reconoce como peligrosa. Y que el Cauca no sea el telón de una mañana, sino el destinatario de una decisión que dure.
El 7 de agosto sabremos si el juramento se toma en Popayán o si el debate lo devuelve a Bogotá. Cualquiera sea el desenlace, la pregunta que deja este episodio nos sirve para el resto del cuatrienio: ¿qué estamos dispuestos a hacer por las regiones cuando ya no haya cámaras, banda presidencial ni discurso de posesión?
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