Entre las toneladas de escombros, el excavador de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) sacó una palada con tierra, huesos y ropa. En una bolsa transparente empacó los macabros hallazgos. Enseguida, los llevó a un laboratorio.
Días después, el resultado arrojó que los restos eran de siete personas distintas que tenían en común haber sido víctimas de la operación Orión, ejecutada entre el 15 y el 16 de octubre de 2002, bajo el mandato del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez.
La situación les dio la razón a las madres buscadoras, a quienes ocho años atrás el alcalde Federico "Fico" Gutiérrez les dijo que eran unas "locas" y que en "La Escombrera" no iban a encontrar nada. ¿A quiénes no les convenía que se encontraran esos muertos? Esa fue una de las preguntas que más resonó entre la opinión pública.
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Un mes después del hallazgo, el 12 de enero de 2025, los grupos de grafiteros "La Parresia" y "Fuerza y Graffiti", en alianza con las madres buscadoras de la Comuna 13, pintaron un muro de la Autopista Norte de Medellín con cuatro palabras que develaron uno de los episodios más sangrientos de la ciudad y, al mismo tiempo, le respondieron al alcalde "Fico" y a todos los que intentaron enterrar el derecho de las mujeres a conocer el paradero de sus familiares: "Las cuchas tenían razón".
La respuesta institucional no se hizo esperar. En la madrugada del 13 de enero, el alcalde "Fico" pidió que cubrieran el mural con pintura gris. La razón que dio el mandatario fue que este carecía de permisos y proyectaba una imagen de "caos, suciedad y desorden". Sin embargo, el intento de silenciar los hallazgos de "La Escombrera" provocó que el mural se volviera a pintar, no solo en Medellín, sino en diferentes lugares de todo el país.
Los datos recopilados por Mutante estiman que el grafiti fue replicado 76 veces en 21 departamentos y 46 municipios distintos. También se logró identificar que 20 de estos murales fueron tapados. ¿A quiénes les interesa silenciar los hallazgos de "La Escombrera"?
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El mural de las cuchas llegó a los tribunales
Rápidamente, la pintura urbana se convirtió en una enorme confrontación sobre el uso del espacio público, la libertad de expresión y los discursos de odio. Ante el suceso, la Corte Constitucional se pronunció a través de una sentencia como respuesta a las tutelas interpuestas por César García contra la Alcaldía de Manizales.
Según el ciudadano, la pintura vulneró sus derechos a la salud mental, a la paz y a la convivencia ciudadana. Por eso, pidió a la Administración borrar los murales de "Las cuchas tenían razón".
El otro implicado en el asunto fue el concejal uribista Andrés Felipe Rodríguez, quien el 25 de febrero de 2025 publicó en sus redes sociales un video mostrando cómo cubrió con pintura casi la mitad del mural. El concejal fue denunciado por Leo Ricardo Sierra, Henry Ocampo Galvis y Leonardo Zuluaga Rubio por desconocer la memoria de las víctimas.
No vamos a permitir, el panfleto petrista de la precampaña de @petrogustavo para el 2026. A mí no me van a contar la historia que YO VIVÍ. Invito a todos los patriotas del país, a manifestarse en contra de todos estos muros.
— Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) February 2, 2025
Pd. La @PoliciaColombia no nos permitió continuar.… pic.twitter.com/ihexapipc6
Por su parte, la Corte Constitucional declaró improcedente, en primera instancia, la solicitud del mencionado ciudadano César García, pues no se pudo demostrar cómo el mural había afectado su salud mental.
Por otro lado, le ordenó al concejal Rodríguez publicar, en un plazo máximo de 48 horas a partir de la notificación, una disculpa en sus redes sociales en la que reconozca la legitimidad de la frase del grafiti. Además, la Alcaldía de Manizales y la Policía deben poner en marcha un protocolo para prevenir que el mural, pintado en el Parque de las Aguas, sea saboteado o eliminado.
Las madres no han dejado de buscar
Las cuchas tienen la razón. De los siete cuerpos encontrados en "La Escombrera", seis han sido plenamente identificados y cuatro ya fueron entregados a sus familias para que puedan recibir sepultura digna, después de que pasaran más de 20 años en un botadero. Además, la Alcaldía de Medellín destinó 4.800 millones de pesos para financiar la maquinaria y los campamentos de las madres buscadoras, que luchan por encontrar a las más de 500 personas que se calcula siguen desaparecidas entre los escombros.
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