El Gobierno Nacional acaba de completar la intervención de diez Cajas de Compensación Familiar en lo que va de su mandato. El caso más reciente se registró el pasado 7 de julio con la intervención de Comfamiliar Atlántico por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad a cargo del actual ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez (exjefe de Gabinete de la Alcaldía de Claudia López en Bogotá), quien actúa como Superintendente encargado.
Con esta medida, el Ejecutivo asume el control directo de los recursos parafiscales recibidos por estas organizaciones, que corresponde a un aporte obligatorio que hacen los empleadores (empresas) del 4% del valor total de la nómina mensual. Dicha suma no se descuenta del salario del empleado, sino que es un pago adicional que asume la empresa.
Desde la Superintendencia se ha sustentado que estas acciones administrativas responden a la necesidad de salvaguardar los fondos destinados al bienestar de los trabajadores y sus familias, luego de haberse detectado riesgos financieros, fallas en los procesos de contratación e incertidumbre en el desarrollo de proyectos de vivienda.
Estas intervenciones de carácter administrativo y total, ejecutadas de forma progresiva desde el año 2022, implican la remoción inmediata del director administrativo, los miembros del consejo directivo y la revisoría fiscal de las entidades. Hasta la fecha, la medida ha afectado a Comfamiliar Atlántico, Comfacor (Córdoba), Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfamiliar Nariño, Comfamiliar Huila, Cafaba (Barrancabermeja), Comfaguajira, Comfenalco Antioquia y Comfiar (Arauca), sumadas a una intervención de tipo parcial sobre Comcaja (Caja de Compensación Familiar Campesina).
El rol de las Cajas y la preocupación de los gremios
Las Cajas de Compensación Familiar son instituciones privadas sin fines de lucro creadas en 1954 por iniciativa del sector privado a través de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Su propósito fundamental es elevar la calidad de vida de la clase trabajadora y sus hogares mediante la oferta de subsidios, educación, salud, vivienda y recreación. En la actualidad, el sistema agrupa a más de 10.6 millones de afiliados en el país, donde cerca del 90% corresponde a trabajadores que devengan menos de cuatro salarios mínimos y un 75% percibe ingresos ubicados entre uno y dos salarios mínimos.
Ante la magnitud de las medidas gubernamentales, gremios del sector como la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), bajo la presidencia de Adriana María Guillén Arango, han manifestado una profunda preocupación frente a lo que consideran una prolongada sustitución de los órganos directivos naturales de las cajas por agentes especiales designados por el Gobierno.
El debate ha adquirido una fuerte dimensión jurídica debido a los recientes fallos de las altas cortes y tribunales locales. Asocajas reaccionó mediante un pronunciamiento oficial señalando su inquietud ante el hecho de que se sigan aplicando facultades de intervención total, considerando que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025, declaró inexequibles las normas que regulaban las facultades para este tipo de intervenciones administrativas. En dicho fallo, el alto tribunal difirió los efectos de su decisión hasta junio de 2027 con el fin de otorgarle un plazo al Congreso de la República para expedir un nuevo régimen legal.
El gremio enfatizó que, con posterioridad a la expedición de la Sentencia C-298, la Superintendencia del Subsidio Familiar intentó ordenar la intervención administrativa total de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda. No obstante, ambas decisiones fueron revocadas de manera contundente por los tribunales de Norte de Santander y Risaralda, los cuales advirtieron evidentes vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa de las entidades administradoras.
Tras sumarse la nueva intervención de Comfamiliar Atlántico durante julio, Asocajas reiteró su llamado urgente al respeto de las garantías constitucionales y solicitó formalmente el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación para vigilar el proceder del ente de control.
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