El escrutinio oficial puso fin a la incertidumbre sobre las elecciones, confirmó el conteo preliminar y reconoció como presidente al candidato impuesto por la ultraderecha y el Departamento de Estado.
En medio de fuertes presiones políticas y mediáticas, en una decisión contradictoria, Iván Cepeda reconoció de inmediato el resultado y el Pacto histórico retiró algunas reclamaciones pendientes.
El presidente Petro tuvo que ceder y aceptar el resultado. “Me comprometí a no ser un generador de violencia, pero no a que seamos tontos”, escribió la semana pasada. Pero sus sustentadas denuncias de fraude siguen su curso.
Recordemos algunos asuntos cruciales del proceso electoral. Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría, además de su labor técnica, son instrumentos políticos en manos de la oligarquía tradicional. El control nunca lo cedieron durante este gobierno.
El software electoral es controlado por una empresa privada, Greg and Sons. Una sentencia de 2018 del Consejo de Estado ordenó que estuviera bajo control público, pero no se cumplió.
Dicha empresa colombiana, con trayectoria probada de fraude en países como Honduras, es la misma que tuvo a su cargo la elaboración de pasaportes en Colombia. Es decir, el acceso a datos cruciales.
El gobierno del cambio le revocó el contrato, para que la tarea la asumiera el gobierno. Esto se dio en medio de la alharaca permanente del neoliberalismo trasnochado: “Lo privado por encima de lo público”, “lo técnico antes que lo político”.
Pero en plena campaña presidencial se conoció un audio en el que Abelardo les ofrecía a sus dueños devolverles el negocio de los pasaportes si le ayudaban en las elecciones. Más claro imposible.
No hubo pronunciamiento ni investigación alguna por parte de las entidades de control. Como siempre, se insistió en los supuestos delirios de persecución del presidente. Desde distintas orillas, se insinuó incluso que Cepeda debía distanciarse del presidente para no verse perjudicado. Así quedó todo.
Pero Petro no se amilanó. Antes del resultado final hizo denuncias muy serias, en las que prácticamente se quedó solo. Una de ellas fue la inscripción de 800.000 nuevos votantes, cuando ya se habían cerrado los plazos legales para hacerlo.
La semana pasada se produjo una denuncia todavía más grave. Una juiciosa investigación, realizada por Carlos Oñoro, demuestra que Cepeda ganó en los municipios más poblados de Colombia, que representan el 88% de la votación, con una ventaja de 500.000 votos. Hay una curva en la que se observa cómo los pueblos menos poblados, “marcan un cambio demasiado extraño”.
Petro le respondió al autor: “Lo que usted descubre es que efectivamente hubo fraude, que no era detectable por las comisiones escrutadoras, si no se hacía cotejo entre número de votos de los formularios y los votos de mesas y, además, y esto es lo importante, (si no se examina) si los votos de la mesa coinciden con electores válidos”.
Señaló que hay un censo de ciudadanos que no votan, pero sus datos son usados en mesas de jurados homogéneos, como las del exterior y las de territorios específicos bajo el control de la ultraderecha. Y concluyó: “Todos los formularios E14 eran modificables hasta cuando el CNE proclamó presidente”.
Pero por supuesto, el escrutinio oficial no examinó ninguno de estos indicios.
A esto sumémosle las múltiples denuncias de compra y constreñimiento del voto, que se registraron, que ni siquiera atendieron las autoridades: la extraña suspensión del transporte público y los cortes de servicios públicos en municipios y regiones precisas.
Pero claro, todo esto pasó como irrelevante, máxime en épocas de mundial de futbol.
Más allá del fraude electoral, las elecciones tuvieron múltiples irregularidades, incluida la intervención abierta y permanente de Trump y sus funcionarios a favor de su candidato.
Bernie Moreno, jefe de la misión de observación electoral de EEUU, advirtió desde un comienzo que su país solo aceptaría un resultado favorable. Vino a Colombia precisamente a conspirar con la ultraderecha para lograrlo.
Pero hay asuntos todavía más graves. Abelardo es ciudadano estadounidense y juró lealtad absoluta a su Constitución y su gobierno. De hecho, ya ha formulado denuncias concretas contra Petro ante su Departamento de Justicia. Una carta de 30 exmagistrados refiriéndose a la incompatibilidad de dicha condición con el cargo de presidente fue desestimada por el Consejo de Estado.
Frente al panorama de avance del fascismo en el mundo y la región, los antecedentes más recientes de Venezuela y del Escudo de las Américas, y las revelaciones del Hondurasgate, es claro que a las fuerzas progresistas no se les permitiría ganar de nuevo en Colombia.
El avance del progresismo fue notorio, pero se perdió la presidencia y eso es lo principal.
Lo que viene en el “gobierno de los nunca”, con la llamada Patria milagro, tiene cara de revancha. Las amenazas son muy graves. En aras de su estrategia de seguridad, se habla de cero negociaciones con grupos armados y del fortalecimiento de la salida militar.
Desde ya se conocen las amenazas de desalojo a campesinos y campesinas que recibieron tierras del gobierno. Un concejal uribista de Medellín llamó al futuro presidente a bombardear las zonas donde se impuso la votación progresista.
En este contexto nacional tan complicado y peligroso, el reciente llamado a la desobediencia civil pacífica por parte de Iván Cepeda es una excelente señal. Esta medida histórica tiene un reconocimiento constitucional, como forma de protesta ciudadana frente a normas, políticas o leyes que se consideren inmorales o violadoras de derechos fundamentales.
El excandidato señaló que el llamado es a no reconocer la autoridad de alguien que desconoce la soberanía nacional. Por eso, exige que, antes de posesionarse, el futuro presidente renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare si es miembro de alguna de sus agencias de seguridad y cese la persecución contra el presidente Petro.
Es una declaratoria que debe ligarse necesariamente con la resistencia popular pacífica, que debe venir. Ya lo dijo el actual presidente: “Hoy la consigna central para toda la sociedad colombiana es alistarse de manera organizada y pacífica a defender las reformas sociales”.
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