Texto escrito por: Fabio Clareth Olea Massa
La elección atípica de alcalde en Fonseca terminó convertida en una tormenta política y judicial que hoy deja más preguntas que certezas. La entrega de la credencial a Micher Pérez no solo cerró un proceso electoral polémico, sino que abrió un debate nacional sobre el papel de la justicia, los límites de la tutela y la confianza ciudadana en las instituciones.
Todo comenzó cuando el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de la candidatura de Pérez antes de las elecciones del 3 de mayo. En teoría, eso debía impedir que participara válidamente en la contienda. El principio parecía sencillo: si una candidatura deja de existir jurídicamente antes de la votación, no puede producir efectos electorales.
Pero en Fonseca ocurrió lo contrario. Una decisión de la jueza segunda penal del circuito de San Juan del Cesar permitió provisionalmente que el candidato siguiera en carrera. Aunque después esa medida fue dejada sin efectos, el proceso ya había tomado un rumbo difícil de revertir.
Luego vino una cadena de acciones de tutela ante el Tribunal Administrativo de La Guajira y decisiones judiciales que terminaron salvando los votos depositados a favor de Pérez. Hubo medidas preventivas ordenadas por magistradas, entre ellas una dirigida a la comisión escrutadora para validar los sufragios. Finalmente, llegó la sentencia de fondo del 15 de mayo, que terminó favoreciendo al aspirante cuya inscripción había sido revocada y que un día antes ya había recibido la credencial como alcalde electo.
Esa sentencia resulta imposible de conciliar con tres pilares fundamentales: con la lógica jurídica, pues no se entiende cómo se pretenden amparar los derechos políticos de alguien cuya inscripción fue revocada legalmente; con el sentido común, ya que una persona inhabilitada no puede competir ni ser elegida; y con los principios del derecho, especialmente el de subsidiariedad que rige la acción de tutela.
El caso dividió incluso al propio tribunal. Hubo salvamento de voto y aclaración interna —cuyos argumentos aún no se conocen—, reflejando que ni entre los magistrados existía unanimidad sobre la legalidad de lo decidido. Para muchos ciudadanos, el problema no es únicamente jurídico. Lo que inquieta es la percepción de que las reglas terminaron acomodándose para producir un resultado previamente anunciado. En otras palabras: que el proceso parecía avanzar hacia una conclusión escrita desde antes.
Y ahí aparece el verdadero riesgo. Cuando la ciudadanía percibe que las decisiones judiciales dejan de ser previsibles y empiezan a depender de interpretaciones acomodadas, la confianza en las instituciones se deteriora. La seguridad jurídica se debilita y el mensaje que queda es peligroso: que incluso una candidatura revocada puede terminar convertida en victoria electoral por cuenta de decisiones judiciales posteriores.
En Fonseca, más allá de simpatías políticas, el debate ya no era entre candidatos. Era sobre la legalidad misma del proceso. Porque una democracia no solo necesita votos. También necesita reglas claras, autoridades coherentes y jueces que inspiren confianza. Por eso hoy muchos en las calles no hablan de una sorpresa electoral, sino de algo que —como diría cualquier abuela costeña— “ya estaba cocinao”.
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