Texto escrito por: Sindy Vargas Licona
En Colombia el debate sobre el trabajo sigue atrapado en una idea cada vez más insuficiente, porque se habla de empleo como si el problema fuera simplemente tener o no tener uno, mientras se dejan en segundo plano las condiciones reales en las que millones de personas trabajan todos los días.
Un documento reciente elaborado por la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Nacional Sindical, con apoyo de investigadores de la Universitat Pompeu Fabra, pone en evidencia algo que debería estar en el centro de la discusión pública y que, sin embargo, sigue sin aparecer con la fuerza necesaria. El país enfrenta una crisis estructural de precariedad laboral que no se reduce a la informalidad ni puede seguir tratándose como un asunto marginal.
Las cifras permiten dimensionar el problema, pero también obligan a mirarlo de frente. El 44,5 % de la población ocupada en Colombia se encuentra en condiciones de precariedad alta o extrema, lo que significa que casi una de cada dos personas trabaja sin estabilidad, con ingresos insuficientes, con acceso limitado a protección social o bajo jornadas que dificultan cualquier equilibrio con la vida cotidiana. A esto se suma una informalidad persistente del 55,3 % a nivel nacional, que alcanza el 83,3 % en zonas rurales, lo que muestra que la precariedad no solo es masiva, sino profundamente desigual en el territorio.
Detrás de estos datos hay realidades concretas que rara vez aparecen en los discursos. La precariedad es la regla en buena parte del trabajo rural, atraviesa el trabajo doméstico y de cuidado donde al menos 700.000 personas están ocupadas y el 94 % son mujeres, y se reproduce en nuevas formas de empleo como las plataformas digitales, en las que la flexibilidad suele traducirse en incertidumbre, ingresos inestables y ausencia de garantías. Todo esto ocurre en un contexto donde las condiciones laborales más frágiles se concentran en personas con menor nivel educativo, en regiones históricamente rezagadas y en grupos que ya enfrentan otras formas de desigualdad.
El documento también advierte que esta realidad no puede entenderse únicamente como un problema del mercado laboral, porque está profundamente ligada a las condiciones de vida, a la distribución del cuidado, a las brechas de género y a una historia persistente de violencia antisindical que ha debilitado la capacidad de organización y defensa de los trabajadores. En ese sentido, la precariedad laboral no es un fenómeno aislado, sino una expresión de las desigualdades estructurales del país.
A pesar de esto, el tema sigue sin ocupar un lugar central en el debate presidencial. La conversación pública continúa enfocada en el crecimiento económico, la seguridad o las tasas de empleo, mientras la calidad del trabajo queda relegada a un segundo plano. Esta omisión no es menor, porque define qué problemas se consideran prioritarios y cuáles permanecen invisibles.
Poner la precariedad laboral en el centro del debate no es exagerar la situación, sino reconocer una realidad que ya condiciona la vida de millones de personas. Por eso, el documento no solo describe el problema, sino que plantea la necesidad de interpelar directamente a quienes aspiran a gobernar el país, proponiendo preguntas que no deberían quedar sin respuesta:
- ¿Se comprometen a impulsar una medición rigurosa, periódica y multidimensional de la precariedad laboral en Colombia?
- ¿Qué medidas concretas proponen para reducirla más allá de la disminución del desempleo o la informalidad?
- ¿Cómo abordarán las desigualdades que la atraviesan, especialmente las que afectan a mujeres, jóvenes, población rural, personas con discapacidad y trabajadores de sectores altamente desprotegidos?
- ¿Qué acciones implementarán para garantizar la reparación colectiva del movimiento sindical y fortalecer los derechos laborales?
- ¿Con qué recursos, actores y mecanismos de seguimiento se comprometen a llevar a cabo estas transformaciones?
Llevar estas preguntas al centro del debate presidencial no es un gesto retórico, sino una condición mínima para discutir con seriedad el futuro del trabajo en Colombia. Porque mientras la precariedad laboral siga siendo tratada como un tema secundario, seguirá siendo también una realidad estructural que se reproduce sin ser realmente enfrentada.
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