Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
En tan solo cuatro días consecutivos, tres departamentos del suroccidente colombiano vivieron la escalada violenta más intensa de los últimos años: un saldo trágico de 20 muertos en más de 37 acciones armadas dejó varios militares y civiles heridos. Esta embestida en Cauca, Valle y Nariño se atribuye a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El accionar de los grupos violentos, que se enfrentan entre sí y contra unas fuerzas del orden que requieren mayor apoyo, demuestra la capacidad de los ilegales para imponerse sobre la institucionalidad. Debido a estos hechos, los ciudadanos experimentan una profunda percepción de inseguridad que hacía décadas no se sentía con tanta fuerza en el territorio nacional.
Colombia transita una completa elegía: el luto de aquel breve respiro de paz que alguna vez permitió recorrer regiones sin el temor de ser víctimas de grupos violentos y la promesa del actual gobierno por lograrla de forma definitiva. De poco sirve entregar tierras a campesinos si no existe seguridad que los proteja de los criminales que operan en los campos y proliferan en las ciudades, alimentándose de la extorsión y el secuestro, actividades ilícitas que golpean sin cesar a los comerciantes.
Desde los departamentos del Caribe, donde paramilitares se disputan territorios, hasta el resto del país, se multiplican los grupos armados que actúan sin que exista posibilidad de ser neutralizados. La minería ilícita, operada incluso cerca de guarniciones militares, se convierte en fuente de financiación, mientras existen denuncias sobre la necesidad de mayor vigilancia institucional.
La violencia golpea con todas sus fuerzas a los colombianos sin distinción alguna. Ni la naturaleza escapa: los ríos y miles de hectáreas de selva se ven afectados por prácticas ilícitas que se erigen como nuevo motor económico de los grupos criminales.
Exponer la realidad del país ante la agonía de su pueblo es un ejercicio que conlleva riesgos. Los señalamientos provienen de distintos sectores, y las estadísticas registran hechos violentos preocupantes: los primeros cuatro meses de 2026 reportan 49 masacres y 50 asesinatos de líderes sociales, según cifras de INDEPAZ.
Son esas mismas acciones las que alimentan el debate político sobre la seguridad, en momentos donde la carrera por la presidencia de la República toma impulso y los ciudadanos exigen resultados concretos en materia de pacificación.
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