Texto escrito por: Verónica Cortés Sánchez
"Mi propósito es ser la próxima presidenta de Colombia". Así lo dijo Paloma Valencia el 27 de agosto de 2025, cuando lanzó oficialmente su campaña en Bogotá. Lo repitió el 8 de marzo de 2026 cuando ganó La Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos. Lo tiene escrito en su página web y, como era de esperarse, lo convirtió en slogan con ayuda de Álvaro Uribe, quien tuiteó "Colombia con voz de mujer, Paloma Presidente". En un país donde las mujeres enfrentan violencia en todas sus formas —económica, sexual, psicológica, patrimonial— y donde los casos más extremos muestran que una mujer es asesinada cada doce horas por razones de género y que el 75% de los casos de violencia reportados tienen rostro de mujer, hay una diferencia abismal entre que una mujer llegue al poder y que las mujeres ganen poder.
La operación de Valencia, hay que reconocerlo, es inteligente. No dice "soy feminista" —eso le costaría votos en su coalición conservadora y evangélica—, sino que se enuncia desde arquetipos mucho más rentables electoralmente como lo son la madre que sostiene, la mujer que trabaja sin quejarse y sobre todo la hija fiel de un proyecto político que lleva décadas en el poder y que está construyendo un "nosotras" que convoca a un segmento muy específico de mujeres sin comprometerse con ninguna agenda concreta que las proteja.
Si indagamos con detenimiento, la consigna “primera mujer presidenta" es un escudo que instala el debate en la representación y lo sustrae del proyecto político porque desplaza la atención de lo verdaderamente importante —a qué mujeres va a gobernar, con qué alianzas, bajo qué doctrina de seguridad y con qué visión de los territorios étnicos y campesinos donde la violencia contra las mujeres es estructural — al dato de que quien llega a ese lugar de poder es una mujer, marca registrada. Valencia es una mujer conservadora que llega al poder representando al uribismo, proyecto que en veinte años tiene una relación consistente y documentada con el debilitamiento de los derechos de las mujeres, los pueblos étnicos y los sectores populares.
Es el mismo uribismo que hizo campaña por el "No" en el plebiscito de 2016 agitando el fantasma de la "ideología de género" en los manuales escolares. Es el mismo proyecto que durante años obstaculizó el capítulo de género del Acuerdo de Paz que, por primera vez en la historia del país, reconocía la violencia sexual como crimen sistemático y ordenaba la participación de las mujeres en la implementación de la paz. Es la misma tradición que durante la Seguridad Democrática militarizó territorios étnicos y campesinos donde las mujeres pagaron el costo más alto en términos de desplazamientos, violaciones, silenciamiento bajo el argumento del orden.
El mismo orden bajo el que las Madres de Soacha tuvieron que salir a buscar a sus hijos y encontrarlos muertos con uniformes de una guerra que no era suya. La misma que ha ejercido hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio contra mujeres críticas, políticas y activistas como forma de disciplina política. La misma que convirtió a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo para ser lideresa social. Y la misma que hoy tiene en la mira a la Corte Constitucional —el único poder del Estado que actuó cuando el Congreso y el Ejecutivo miraron para otro lado— que en 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24.
Ahora, el problema no es el símbolo. En un país donde llevamos más de doscientos años de república y ningún hombre ha cedido la banda a una mujer, que una mujer llegue a la presidencia tiene un peso real. El problema real es el proyecto de país. Es decir, qué modelo de nación, qué tipo de Estado se consolida, para quién gobierna y sobre qué cuerpos. Un proyecto de país decide quién es sujeto de derechos, qué violencias nombra como problema político y el uribismo no va a transformar el imaginario de la nación colombiana porque esa nación racializada, enclasada, militarizada ya les funciona en tanto les garantiza acumulación, les externaliza los costos sociales, les asegura control territorial y les administra la violencia de manera diferencial.
Así las cosas, las mujeres —en toda su diversidad y complejidad— aparecen en el programa de Valencia exactamente donde ese proyecto las necesita; me refiero, como madres cabeza de hogar que merecen una lavadora y una estufa, como emprendedoras que se resuelven con dos millones de pesos de capital semilla, como trabajadoras urbanas informales a las que se les ofrece crédito y cámaras de comercio. Y para las mujeres negras e indígenas en territorios de conflicto, donde la violencia de género se superpone al despojo de tierras y a la economía ilegal, una doctrina de "seguridad total" con 30.000 militares y 30.000 policías adicionales, glifosato y regulación de la protesta social.
Entonces, y por si quedaba la duda, este es un proyecto de país para la candidata. Para quien tiene apellido marca registrada, para los hashtag Valencia de toda la vida. Es un proyecto excluyente. Es para la empresaria urbana, para la mujer de clase media, para quien ya tiene acceso y quiere conservarlo —todas ellas con derecho a un buen gobierno, con necesidades reales y legítimas— el programa les ofrece crédito, capital semilla, formalización y acceso a mercados. Pero no podemos olvidar que un proyecto de Estado se mide también por lo que no incluye y es claro que este no tiene espacio para las mujeres negras desplazadas por la violencia, ni para las trabajadoras informales de la periferia urbana que no aparecen en ninguna de sus 112 propuestas, ni mucho menos, para las lideresas indígenas amenazadas que, a este paso, no sabemos en qué parte del departamento del Cauca van a quedar, luego de que, con su referendo, divida el departamento en dos.
Esas mujeres no aparecen en el relato de "la primera mujer presidenta" porque con suerte, están en las estadísticas, en los expedientes judiciales, en las listas de espera de sistemas que nadie financia. Que Colombia tenga algún día una mujer presidenta que transforme de verdad las condiciones de vida de las mujeres en sus amplios espectros sería histórico y necesario, pero para ello, se requiere, entre otras cosas, democracia paritaria que va más allá de contar cuerpos e implica una igualdad real en la toma de decisiones, en la definición de la agenda pública y en la transformación de las instituciones que producen y reproducen la desigualdad.
Si Valencia llegara a la presidencia bajo el relato de "la primera mujer", corremos el riesgo de que ese símbolo selle el debate por años porque en adelante, ese precedente se instalará en el imaginario colectivo como prueba de que la deuda está saldada, claudicando y clausurando así una lucha que apenas está empezando a ganar terreno institucional, jurídico, simbólico y normativo. Por ahora, Valencia es la más reciente versión de lo mismo y aunque diga que "las mujeres ya no lloran, las mujeres gobiernan", estamos en un país en donde todavía las mujeres lloran y en su proyecto de país, las mujeres todavía no gobiernan.
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