Texto escrito por: Leandro Felipe Solarte Nates
Cuando el candidato del partido Liberal Horacio Serpa se perfilaba como favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1998, y por su trayectoria en Caracas y Tlaxcala, en anteriores negociaciones de Paz con las FARC y el ELN, se esperaba que fuera el más indicado para reiniciarlas. Con la ayuda del controvertido excanciller Álvaro Leiva Durán, el conservador Andrés Pastrana dio un golpe publicitario audaz al adelantarse en conversaciones secretas con cabecillas de la guerrilla y concertar un encuentro con Tirofijo, que aunque se quedó en la foto de la “silla vacía”, al no asistir el comandante guerrillero, lo catapultó para que finalmente ganara las elecciones.
Ya posesionado, Pastrana concretó un cronograma de negociaciones con el más poderoso grupo armado y acordó cederles la extensa “zona de distensión del Caguán”, donde con nutrida participación de dirigentes políticos de distintos partidos y comunidades, líderes religiosos, de los gremios empresariales, periodistas de medios nacionales e internacionales y hasta delegaciones de la bolsa de valores de Wall Street, durante meses se instalaron las numerosas mesas para discutir sobre las reformas que necesitaba el país y las condiciones para la desmovilización de la guerrilla y su participación en la economía y política.
Al final, la guerrilla que en ese entonces se sentía en capacidad de tomarse el poder, aprovechó las negociaciones para fortalecer sus frentes en todo el país usando la zona del Caguán para llevar secuestrados y continuar con el narcotráfico, hasta que después del secuestro de un avión en que viajaban numerosos congresistas y ante la prolongada inutilidad de las negociaciones, el gobierno de Pastrana, —quien ya había firmado con el gobierno de los Estados Unidos el Plan Colombia para fortalecer las Fuerzas Armadas e iniciar fumigaciones de cultivos de coca—, rompió los diálogos de paz, dio unas horas a la guerrilla para que abandonara el Caguán y en todo el país se desató una ola de ataques a cuarteles de Policía y Ejército, secuestros (pescas milagrosas) y atentados en carreteras y poblaciones.
Este despliegue de violencia guerrillera para las elecciones presidenciales de 2002 pavimentó el triunfo de Álvaro Uribe Vélez, quien desde la gobernación de Antioquia venía promoviendo la creación de las cooperativas de autodefensa CONVIVIR, que se transmutarían en los paramilitares de las AUC, y trabajando en llave con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Uribe inció una guerra a muerte contra las guerrillas en medio de masivos atropellos a las comunidades vulnerables.
Gracias a los cerca de 10.000 millones de dólares que los Estados Unidos prestaron para aumentar el reclutamiento y entrenamiento policías y soldados profesionales, comprar helicópteros, armas, municiones y extender las fumigaciones de cultivos de coca y destrucción de laboratorios, el gobierno de Uribe logró debilitar pero no acabar a las guerrillas, que en el gobierno de Nicolás Maduro, encontraron refugio y “trabajo” en Venezuela, controlando la extensa zona fronteriza y la producción de oro y otros minerales en el llamado “Arco minero del Orinoco” y sirviéndoles de bases de apoyo en caso de que desde Colombia los gringos iniciaran una posible invasión.
Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa del gobierno de Uribe sintió que las guerrillas ya estaban debilitadas pero sin poder acabarlas, en su segundo mandato decidió iniciar negociaciones de paz con las FARC, hasta alcanzar en noviembre de 2016 —y en medio del llamado “entrampamiento al proceso” que intentó hacer el Fiscal General Néstor Martínez Neira—, el desarme de cerca de 16.000 guerrilleros y la firma de un acuerdo de paz que incluía un programa de reincorporación de los desmovilizados, reformas de beneficio económico y social y financiación de numerosas obras y proyectos productivos en las regiones más afectadas por la violencia y las cuales serían ejecutadas durante sucesivos gobiernos.
En el año y medio del gobierno de Santos posterior a la firma del acuerdo de paz y en los cuatro años del gobierno de Duque, que sin ganas asumió el cumplimiento de los acuerdos, el Estado no llegó a las regiones donde crecieron los grupos armados.
Las disidencias de las Farc, inicialmente dirigidas por Gentil Duarte, continuaron actuando, reclutando, rearmándose y disputándole territorios al ELN, especialmente los corredores para intercomunicar el Pacífico con los Andes y la Amazonia en el suroccidente del país para poder exportar droga, oro y otros minerales e importar armas y el Chocó bajo Cauca, Montes de María y el Catatumbo al norte del país más ligado a la costa atlántica. Sin olvidar que paramilitares de las AUC acogidos al proceso de Justicia y Paz y desmovilizados durante el gobierno de Uribe, se reciclaron en el Clan del Golfo, los Pachencas, la oficina de Envigado, los Shotas y numerosas bandas ubicadas principalmente al norte del país y expandiéndose hacia otras regiones del país.
Gustavo Petro al ganar las elecciones de 2022, se encontró que de las antiguas FARC se habían conformado varias “marcas”: unas llamadas “disidencias, que también se dividieron en disidencias de las disidencias, otras como la Nueva Marquetalia, el Movimiento Bolivariano; al igual que del ELN, todas reclutando jóvenes de los campos ocupados, peleando entre ellas para apoderarse de territorios donde pudieran sembrar, procesar la hoja de coca y sacarla al mercado nacional y a los puertos y fronteras. Además de apoderarse de territorios ancestralmente ocupados por comunidades indígenas, negras y campesinas para también explotar la destructiva de los ríos, ecosistemas y contaminante minería ilegal, construyendo vías a su arbitrio, destruir miles de hectáreas de selvas para además meterles ganado, mientras cobraban “impuestos” a los habitantes de las regiones ocupadas.
Ante la profusión de grupos armados justificándose en ideologías, unos de izquierda y otros derecha, todos financiados por el narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión o “cobro de impuestos”, el presidente Petro concluyó que nada sacaba con negociar con grupos aislados si los otros seguían operando, e intentó la llamada “Paz Total”, negociando a la vez con guerrilleros de origen izquierdista, paramilitares reciclados del Clan del Golfo y otras bandas menores operando en Buenaventura, Medellín, Bogotá y otras ciudades.
Confiado en que los guerrillerosy los jefes de las demás bandas criminales de los distintas bandas le iban a colaborar después de nombrarlos como gestores de paz. Y después de entablar largas negociaciones, mientras las Fuerzas Armadas permanecían en cese al fuego, el presidente y sus asesores concluyeron que la mayoría de grupos le estaban mamando gallo y aprovecharon el terreno despejado para rearmarse, reclutar jóvenes y antiguos guerrilleros o paracos, para engrosar sus filas y adiestrarlos en la fabricación de explosivos, en combates y el uso de drones cargados de explosivos, entre otras actividades y no estaban dispuestos a abandonar el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros negocios desarrollados a lo largo de años.
Primero, el gobierno rompió negociaciones con el EMCG de las FARC, más conocidas como las disidencias lideradas por Iván Mordisco, quien se había fortalecido en el sur del país, especialmente en el departamento del Cauca y sur del Valle.
Las consecuencias fueron la escalada de ataques, que no han ceasedo desde hace dos años, contra estaciones de Policía y Ejército, atentados en edificios públicos, carreteras, robo de vehículos, continuos retenes en las vías. La muerte de 20 personas la mayoría habitantes de la vereda La Pedregosa, de Cajibío, fue el rebose de la copa y hasta el papa León XIV, rogó por la paz en Colombia. Mientras tanto, las disidencias emitían un mensaje disculpando el bombazo como un error y la comunidad de La Pedregosa rechazaba los términos del mismo.
El presidente Petro insiste que en Colombia las guerrillas ya no piensan en tomarse el poder, quieren controlar y repartirse determinadas regiones para supervisar el narcotráfico, la minería y la economía ilegal. Además están relacionados con la Junta Internacional del narcotráfico, que opera desde Dubai, en el golfo pérsico.
Lo cierto es que a tres meses de terminar su mandato y en vísperas de elecciones, en el sur del país y la región del Pacifico, donde es más fuerte el Pacto Histórico y la candidatura de Cepeda, se han concentrado problemas como: la subida de aranceles por parte del gobierno derechista del presidente Noboa que antes fue visitado por el expresidente Uribe, agudizando la crisis económica de la población fronteriza y de los exportadores e importadores; el recrudecimiento de las acciones armadas de las disidencias de las FARC y las recientes acusaciones del presidente Uribe contra el gobernador de Nariño, basándose en un anónimo para asociarlo con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hecho que desautoriza el padre de la víctima y actual candidato presidencial que renunció al Centro Democrático.
Algunos analistas consideran que, como sucedió hace más de 20 años, los grupos armados parecen estar más interesados en negociar con un gobierno de derecha que con un progresista y por esta razón han desatado la escalada terrorista en el Cauca, buscando debilitar la candidatura de Iván Cepeda, al echarle la culpa al actual gobierno.
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