Texto escrito por: Carlos Lagos
La política colombiana tiene una constante: las campañas prometen cambio, pero su financiamiento suele contar otra historia. La sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 no es un hecho menor ni un tecnicismo contable. Es una señal de algo más profundo: la fragilidad de las reglas cuando chocan con el poder.
El fallo, adoptado tras meses de investigación, concluye que la campaña violó los topes de financiación por una cifra que supera los 5.000 millones de pesos. No se trata de un error aislado ni de una diferencia menor. Lo que encontró el CNE fue un patrón: gastos no reportados, ingresos cuestionados y una contabilidad que no refleja con precisión lo que realmente ocurrió durante la campaña.
Las causales son claras. Hubo omisión en el reporte de vuelos privados contratados con empresas como SADI, cuyos registros fueron verificados cruzando datos con la Aeronáutica Civil y la DIAN. También se detectaron pagos a testigos electorales que nunca pasaron por la contabilidad oficial, pese a evidencias de giros y movimientos financieros. A eso se suma la no inclusión de eventos masivos —como la celebración en el Movistar Arena— dentro de los gastos de campaña.
Pero el punto más delicado no está solo en lo que no se reportó, sino en quién financió. La ley colombiana prohíbe aportes de personas jurídicas a campañas presidenciales, y sin embargo aparecen recursos vinculados a sindicatos como Fecode y la USO. En paralelo, se identificaron créditos no declarados y flujos financieros que no coinciden con los informes oficiales.
El problema, entonces, no es únicamente contable. Es jurídico y político. Porque la norma es clara: los topes existen para garantizar equidad en la competencia electoral. Romperlos altera el terreno de juego. Y hacerlo desde una campaña que terminó ganando la Presidencia abre una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto esas irregularidades influyeron en el resultado?
Sin embargo, aquí aparece la paradoja del sistema colombiano. La sanción existe, pero sus efectos son limitados. El gerente de campaña, Ricardo Roa, queda en el centro de la responsabilidad administrativa. Los partidos del Pacto Histórico enfrentan multas. Pero el presidente, por su condición de aforado, queda fuera del alcance directo del CNE.
Todo se traslada entonces a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un órgano que históricamente ha sido más un filtro político que un verdadero mecanismo de control. Es ahí donde el proceso puede avanzar o diluirse, y ese es el verdadero fondo del asunto: porque más allá de la cifra, más allá de los detalles técnicos, lo que está en juego es la credibilidad del sistema. Si las reglas existen pero no logran aplicarse con consecuencias reales para quienes ejercen el poder, dejan de ser reglas y se convierten en formalidades.
La sanción del CNE demuestra que hubo irregularidades. Pero también deja en evidencia algo más inquietante: que en Colombia el poder no siempre se enfrenta a la ley, muchas veces aprende a convivir con ella sin someterse del todo. Ahí está el punto. No en la sanción misma, sino en lo que ocurre después.
Porque una democracia no se mide solo por su capacidad de detectar fallas, sino por su voluntad real de corregirlas, cuando esa voluntad depende de cálculos políticos, el riesgo es evidente: que la legalidad termine siendo un trámite y no un límite.
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