El Relleno Sanitario Doña Juana vuelve a ser noticia, esta vez por cuenta del fallo definitivo impuesto por el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que obliga a la Alcaldía Distrital a pagar la millonaria suma de $420.097 millones al Consorcio CGR, organismo que había ganado el contrato para operar el relleno en 2010.
El 24 de septiembre de 2010, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) suscribió un contrato de concesión con la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. – EP – CGR – Doña Juana S.A.
El contrato adjudicado fue el # 344 de 2010, por un valor de $229.742.099.647, cuyo objeto era la administración, operación y mantenimiento integral del Relleno Sanitario Doña Juana en la ciudad de Bogotá, en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de aprovechamiento de los residuos que llegaran al relleno.
Inhabilidad y castigo
De acuerdo con lo estipulado en ese contrato, el plazo estimado de ejecución era hasta copar la capacidad de disposición de residuos sólidos, en un tiempo aproximado de 11 años de operación, aunque ese tiempo podía variar sin generar ningún cargo de responsabilidad a la UAESP.
El contrato de concesión se firmó durante la administración del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno, siendo directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Miriam Margoth Martínez.
Por la adjudicación de dicho contrato, la Procuraduría General, en aquel momento bajo la batuta de Alejandro Ordoñez, abrió investigación en contra de Martínez Díaz y, en mayo de 2011, fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos, debido a las presuntas irregularidades que se cometieron en la adjudicación del contrato en cuestión.
Según la Procuraduría, Martínez Díaz no manifestó ni dejó constancia de los criterios tenidos en cuenta para calificar las propuestas que quedaron recibidas y habilitadas para participar en la licitación.
Gana la oferta más baja
El Consorcio CGR presentó en aquel momento la propuesta más baja para quedarse con el contrato de la UAESP y la operación del Relleno Sanitario, que diariamente mueve más de 6.300 toneladas de residuos; sin embargo, después de varios meses de operar, en diciembre de 2010 el Consorcio CGR decidió demandar al Distrito porque, según manifestaron en la demanda, la planta de lixiviados no estaba en buenas condiciones, algo que se manifestaba en el contrato. Según CGR, los dineros del contrato no eran suficientes para asumir los gastos de la planta en su operación si además era necesario repararla.
Otra de las razones de la demanda expresadas por el consorcio fue que la CRA cambió las reglas de juego para la disposición de residuos sólidos, lo que implicó nuevos retos en la operación y nuevas inversiones no planeadas que afectaron gravemente las finanzas. A eso debe sumarse la llegada de nuevos alcaldes como Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, quienes a su vez aplicaron nuevos cambios al modelo de recolección, lo que produjo nuevos impactos que afectaron al Consorcio CGR.
En 2018, durante la alcaldía de Peñalosa, el operador logró que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) subiera la tarifa en el tratamiento de lixiviados, el cual pasó de $1.937 a $11.949 por tonelada, con un incremento del 517 %. En junio de 2022, el valor se aumentó a $21.365, con aumento de 1.003 %, y la disposición de los residuos sólidos pasó de $20.358 en octubre de 2018 a $34.069 pesos por tonelada, con un aumento del 67 %. Hacia junio de 2022, el valor por tonelada quedó en $40.576, con un incremento de 99 %, lo cual tuvo mucha repercusión en la operación del relleno desde 2011, porque la tarifa tuvo un déficit.
Todo ello llevó a que el Consorcio CGR tomara la determinación de demandar al Distrito ante un Tribunal de Arbitramento, y que el pago de la tarifa fuera retroactivo, para compensar las pérdidas por 1.2 billones de pesos.
La demanda también pedía que se declarara que el pago de la tarifa no era suficiente para cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato, lo que liberaría al Consorcio CGR de una posible sanción por no cumplir con lo establecido en el Contrato 344 de 2010
Un paso adelante, dos atrás
En abril de 2023, el laudo arbitral falló a favor del Consorcio CGR y condenó al Distrito, a través de la UAESP, a pagar la cifra de $65.000 millones. Allí negaba las pretensiones del operador por 1.2 billones de pesos. Sin embargo, en agosto de 2023, el Consejo de Estado anuló parte del laudo arbitral y anuló el pago de los $65.000 millones que le había ordenado al Distrito.
En 2019, durante la Administración de la exalcaldesa Claudia López, en un estudio adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP), encontró que el Consorcio CGR tan solo cumplía con cifras de 35 % y 50 % de los establecido en las normas ambientales vigentes para el tratamiento de los lixiviados y, en 2020, estuvo por debajo del 30 % debido a fallas o daños en la planta de tratamiento de lixiviados, lo cual terminó prácticamente en una sanción para la Alcaldía de Bogotá, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le cobró a la UAESP por daños ambientales.
Por todo esto, la alcaldía tomó la decisión de demandar al Consorcio ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, por presuntamente haberse apropiado de 163.000 millones para el tratamiento de los lixiviados, cosa que no hizo; por fraude procesal, porque al parecer no cumplió con una resolución judicial que obligaba al Consorcio a presentar nuevos diseños para mejorar el tratamiento de los líquidos, y por haber aportado información falsa y confusa que podría llevar a la UAESP a cometer errores. Ante esto, el consorcio instauró una nueva demanda que insistía en el cobro de los $1.2 billones por presuntas pérdidas.
Decisión final
El pleito entre la Administración y el Consorcio continuó hasta llegar a un nuevo Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, conformado por los juristas Luis Guillermo Dávila Vinueza, German Alonso Gómez Burgos y Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, quienes este mes de abril de 2026 emitieron un fallo definitivo condenando a la Alcaldía de Bogotá a pagar al Consorcio CGR la suma de $420.097 millones.
Según el fallo, la cifra correspondería a una compensación al parecer por un desequilibrio económico y perjuicio por el incumplimiento contractual en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana.
A su vez, el tribunal ordenó al Consorcio CGR pagar al Distrito la suma de $17.077 millones por incumplimientos en la operación del relleno sanitario y el mantenimiento del mismo, sobre todo en el manejo de los lixiviados.
Este Consorcio está conformado por las empresas Gesproyect S.A.S, Ecensa Colombia S.A.S e Imposeg Industrial LTDA y su Gerente General es Andrea Pérez Cadavid.
Anuncios.
