Faltando escasos días para la Consulta Anticorrupción se ve el ánimo de muchos ciudadanos que desde varios rincones impregnan esta campaña de creatividad e ingenio, aspectos claves que se deben seguir movilizando después de la consulta, así logre el umbral y más aún si no lo logra porque independientemente de sus resultados, el único antídoto contra este mal sempiterno llamado corrupción, es la ciudadanía, principio inexistente en Colombia, que nos permitiría ver más allá de las urnas electorales que visitamos cada 4 o 3 años.
Los 7 puntos de la consulta contemplan aspectos como: reducción de salarios de congresistas y altos funcionarios, penas punitivas, contratación transparente, participación ciudadana a la hora de decidir presupuestos públicos, rendición de cuentas. Sin embargo, en ningún punto se establecen reformas a la justicia ni otra manera de elegir al contralor general, instituciones que promueven la corrupción desde quien las dirige hasta el empleado que exige dinero por “favores”, tampoco establece un mandato que promueva desde la educación una construcción de la ciudadanía y respeto y cuidado por los recursos públicos.
La Consulta Anticorrupción tiene un aspecto muy positivo para la participación ciudadana, pero siendo realistas y reflexivos la trascendencia que tendrá para disminuir la corrupción será muy poca, pues sus mandatos son una pincelada general a este flagelo estructural y cultural, que requiere erradicar del imaginario colectivo de los colombianos la aceptación de que nos roben y la falta de memoria, ya que quien promueve y ejecuta la corrupción es salvaguardado por la justicia, blindado por las instituciones políticas, se presenta a lecciones populares y queda elegido, dirán entonces, que la consulta para ello plantea en su punto 7 un máximo de 3 periodos para ser elegido, sin contar con lo evidente y vicioso de nuestros políticos, a quienes les encanta apadrinar a otros para continuar con el ciclo de la corrupción.
Pareciera que la corrupción fuera única y exclusivamente pública,
cuando en Colombia, el 91 % de representantes del sector privado
ha participado en prácticas de soborno
Al plantearse en la consulta, la disminución de salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado pareciera que la corrupción fuera única y exclusivamente pública, cuando aquí en Colombia, según la investigación[1] más reciente sobre corrupción en el país, el 91 % de personas representantes del sector privado ha participado en prácticas de soborno, Odebrecht es ejemplo claro de esto o las cientos de multinacionales que sobornan a ministerios para que se los otorgue licencias, pasando por encima de los derechos de las comunidades y confirma lo que los empresarios expresan en la misma investigación, que “sin sobornos se pierden los negocios”. La corrupción tiene dos caras; la privada y la pública, se retroalimentan y juntas desfalcan al Estado, nos roban.
La iniciativa de la consulta me ha llevado a revisar lo que ya existe para afrontar la corrupción, las medidas que ya se han tomado como el Estatuto Anticorrupción y me surgen dos preguntas: si se han tomado medidas administrativas y penales contra la corrupción, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué en lugar de disminuir aumenta la corrupción? Revisemos como colombianos y seres humanos qué hacemos o dejamos de hacer para que día a día este flagelo sea muchos más fuerte, lo que no quiere decir que sea imposible derrotarlo. No basta solo con La Consulta Anticorrupción, tendremos que seguir cultivando iniciativas ciudadanas con creatividad e irreverencia para caminar hacia una sociedad menos corrupta, que respete sus recursos públicos y se puedan ver reflejados en bienestar para todos.
[1] Investigación ‘La Corrupción en Colombia’, Universidad Externado de Colombia 2018
