¿Y los abogados qué pitos tocamos en la crisis?

Hay varios factores ajenos a los litigantes y consultores independientes que han hecho de la abogacía una profesión cada vez más difícil de ejercer

Por: Juan Manuel Montoya Tovar
mayo 15, 2020
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¿Y los abogados qué pitos tocamos en la crisis?
Foto: Pixabay

En otras ocasiones he escrito notas, publicadas en este portal, cuyo objetivo principal ha sido estimular el activismo ciudadano en el país. No obstante, en esta hago una reflexión de la situación en la que nos hallamos los abogados que somos consultores y litigantes autónomos respecto a la pandemia del COVID-19.

Han venido surgiendo propuestas en distintos grupos de colegaje, en los que algunos letrados han propuesto la creación de sindicatos gremiales que aglutinen a los litigantes. En Colombia, los trabajadores independientes no nos podemos sindicalizar, nos colegiamos, agremiamos o asociamos, en virtud del derecho fundamental a la asociación.

La Corporación Colegio Nacional de Abogados (Conalbos), como demás organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa del ejercicio de la profesión y de sus profesionales, brillan por su ausencia. Y es que los colegios de abogados persiguen la misma lógica de los partidos políticos y movimientos electorales, las de ser enclaves o plataformas al servicio del amiguismo y el personalismo y no organizaciones que tengan como fundamentos la solidaridad, el profesionalismo y el compromiso por la justicia.

La pandemia ha hecho que Colombia despierte de su ensueño macroeconómico:

El 40% del PIB es economía sumergida (33% economía informal y 7% economía criminal).

60% de los trabajadores son informales, mucho son autónomos. Entre esos trabajadores se encuentran abogados litigantes y consultores, que representan el 70% de los profesionales del derecho.

La deuda externa se encuentra entre el 51% y 59% del PIB. De allí que cada dos años en promedio se deban hacer reformas tributarias para pagar el servicio de deuda, es decir, los intereses.

Colombia, pese a tener en cifras un envidiable crecimiento económico, continúa siendo el segundo país de la región con la tasa más alta de desempleo.

La tecnocracia (el reino de hadas de los economistas y de algunos juristas que preconizan el análisis económico del derecho) sostiene una realidad económica que dista por completo de la realidad, valga la redundancia, real. Bien lo planteaba el abogado y economista brasileño Celso Furtado, uno de los más distinguidos miembros de la Cepal, frente a los reparos que tenía sobre el denominado milagro brasileño que de nada servía el crecimiento económico si éste no se veía reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de un país.

Los abogados ante todo somos ciudadanos y a no ser porque pertenezcamos a los bufetes del poder, la realidad social del país nos arrolla como a cualquier otro.

El Estado social de derecho, que es el modelo de organización política del sistema democrático en Colombia, tiene sendas dificultades para consolidarse a casi 30 años de la promulgación de la nueva Constitución. A parte de la tecnocracia que, por mandato de los organismos financieros supranacionales, so pena de que el país tenga una alta calificación de riesgo, ha abusado de la ortodoxia económica de las políticas del monetarismo (ampliamente conocido como neoliberalismo), han persistido corrupción y el clientelismo. Notables tecnócratas como Guillermo Perry o Alejandro Gaviria reconocieron que la tecnocracia para poder adelantar sus planes tuvo que tranzar con el clientelismo.

Así las cosas, el Estado social de derecho concebido por el constituyente del 91 como agente de justicia no es más que una entelequia. La sostenibilidad fiscal no existe a la hora de revisar gabelas tributarias y gastos ineficientes en materia de seguridad, entre otras maneras amables como los gobiernos de turno de han congraciado con empresarios, políticos y altos funcionarios que evidentemente son corruptos.

Mucha gente ríe porque un colega instauró una tutela en la cual accionaba al gobierno nacional para que se le garantizar el derecho al trabajo, el mínimo vital, entre otros derechos. Respecto a la situación del letrado, que tiene una familia de 4 hijos menores, el ejecutivo tuvo una categórica respuesta: "Nadie se empobrece en 20 días".

Es cierto que los abogados respecto al deterioro del ejercicio de la profesión debemos ser autocríticos y reconocer que muchos colegas carecen de la integridad intelectual, profesional y moral, y aún se comportan como el más conchudo de los estudiantes de la facultad. Pero también estamos quienes entendemos nuestro deber para con la profesión, la justicia y la sociedad colombiana y nos entregamos con pasión a lo que hacemos.

Sin embargo, hay varios factores ajenos a los litigantes y consultores independientes que han hecho de la abogacía una profesión cada vez más difícil de ejercer:

1. La corporativización del ejercicio profesional y la pérdida del carácter liberal de la profesión

Las profesiones liberales, con el tiempo han venido transformándose en actividades netamente comerciales. Los estudios jurídicos se han transformado en empresas. No obstante, el abogado como profesional liberal, no cuenta con los elementos de marketing y publicidad para competir dentro de un esquema comercial centrado más en la imagen corporativa que en la integridad de los profesionales que prestan el servicio.

2. El lobby judicial

Estas empresas jurídicas, las cuales son los bufetes del poder, acostumbran a hacer lobby en la rama judicial, tal como lo hacen en el Congreso y en el gobierno. Haciendo el ejercicio profesional poco transparente y proclive a la comisión de actos de corrupción.

3. La conformación de la rama judicial y la falta de una verdadera carrera judicial

La rama judicial está estructurada a partir de complicidades y conveniencias políticas. Si usted no es abogado, puede revisar el título VIII de la Constitución Política. La colaboración armónica entre ramas del poder público, suele ser entendida por los grupos de poder como signo de su amangualamiento contra la ciudadanía.

En la elección de las altas magistraturas debería participar la comunidad académica de las facultades de derecho como la comunidad de litigantes usuarios de la justicia, cosa que no ocurre.

Sí bien existe la carrera judicial, esta en comparación con la administrativa, aún tiene un desarrollo muy precario y es que a pesar de que existan magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales han alcanzado sus cargos meritoriamente, muchos siguen en la rama gracias al abuso de la provisionalidad por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que designa a jueces y magistrados de tribunales y estos a su vez lo hacen con los demás funcionarios de los juzgados y tribunales transformándolos prácticamente en pequeños feudos articulados al gran feudo judicial que es el Consejo Superior Judicatura, sin duda el organismo más ineficiente de la burocracia judicial.

No creo que la superación al problema del inservible Consejo Superior de la Judicatura, pase por la delirante idea totalitaria del uribismo de crear una sola Corte, pasaría en transferir por ejemplo las funciones administrativas y disciplinarias al Consejo de Estado.

4. El sindicalismo parásito de Asonal Judicial

Por supuesto que el derecho a sindicarse y a ejercer la libertad sindical, son fundamentales para la participación de los trabajadores dependientes en la democracia. Pero la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, ejerce un sindicalismo que, si bien podría ayudar al mejoramiento de las instalaciones y equipos de la rama judicial, se torna en un sindicalismo parásito cuya principal motivación para parar es exigir sólo mejoras salariales y prebendas. Los paros periódicos por parte de esta organización sindical resultan atrofiando aún más el funcionamiento del aparato judicial.

A manera de conclusión, una solución a toda esta problemática, que no es nueva, pero que se ve potenciada por la crisis social derivada de la pandemia, no radica en crear otra asociación, agremiación o colegio de abogados, consiste más bien en crear una veeduría a la rama judicial.

Adenda. De todos los grupos de colegas en Facebook, puedo dar testimonio de uno llamado Alianza de Abogados Colombia, es el grupo más serio.

Sí usted que me lee, siendo abogado independiente o usuario de la justicia, está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con la idea que he concluido, puede escribirme a este enlace, a este otro o mejor aún puede remitirse al grupo de Facebook que he mencionado anteriormente para que se pueda ir concretando esa organización.

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