La inseguridad en el país es un dolor de cabeza que nos está afectando nuevamente con fuerza. Aunque en los meses iniciales de la emergencia, los delitos de alto impacto, como homicidios y hurtos, tuvieron reducciones importantes, era bastante obvio: existían menos oportunidades para cometer delitos que, en su mayoría, ocurren en espacio público.
Sin embargo, los actores ilegales no descansan, ellos también han hecho caso a los llamados para reinventarse. Así, en muchas regiones han logrado reforzar su poderío y en otras ha logrado, por lo menos, asegurar sus rentas. Esos objetivos se han traducido, en estos tiempos, en el incremento de otros tipos de delincuencia no violenta como el fraude, el desfalco al erario y el cibercrimen.
A pesar de esto, desde hace algunas semanas, en varias ciudades, volvieron a repuntar los delitos que más nos preocupan. Esto, creo, continuará en el mediano plazo debido a principalmente tres factores: la delincuencia vuelve a sus operaciones normales como todo lo demás, las autoridades se concentran excesivamente en contener el virus y el desempleo aumenta.
Las ciudades, en definitiva, son cunas de oportunidades para todos, por eso las personas migran a los centros urbanos y el crimen organizado delinque desde ahí. Los delincuentes tienen una gran capacidad de adaptación. Este año, con el aumento del comercio electrónico, por ejemplo, han encontrado una oportunidad para engañar, robar y estafar. Desde el inicio de la pandemia, el mundo entero reportaba niveles históricos de engaños en internet relacionados con el COVID-19. Las personas, en medio de la incertidumbre y la ansiedad, caen más fácil con cualquier tentación.
No podemos olvidar que, con el aumento del desempleo en el país y el crecimiento de las operaciones de las bandas dedicadas al hurto, extorsión, microtráfico, entre otras, se desarrollan las condiciones propicias para que la vinculación a la delincuencia como una alternativa atractiva para las personas en situaciones de vulnerabilidad y múltiples factores de riesgo. Reclutar para el crimen es más fácil en estas épocas; ante la ausencia de trabajo, muchas personas aceptarán la oportunidad que sea que les brinde con qué comer.
Estoy convencido de que la reactivación económica, bien hecha y para todos, es el camino para, al menos, lograr contener los aumentos de delincuencia en este momento. La gente necesita alternativas de vida, necesita ingresos, como siempre. Tenerlas ahora es sobre todo importante para el crimen no sea una tentación miles jóvenes que han hecho una vida en la legalidad, aun conviviendo con la delincuencia a lado y lado.
La reactivación debe representar beneficios para todos y no para unos cuantos jugadores grandes. Mucho se ha dicho de la importancia de que el crecimiento económico sea beneficioso para la mayoría de los colombianos. Para eso necesitamos, entre otras cosas, no solo epidemiólogos dictando las medidas a adoptar sino también economistas. La desigualdad tiene un efecto claro sobre la violencia. Agravarla, a medida que hacemos frente a la pandemia, sería un error que nos metería más profundo en el hueco.
Avanzar en este camino es responsabilidad de todos. No basta con la Policía y el Ejército haciendo y mejorando su accionar. Ni tampoco con estrategias de alcaldes distraídos y un presidente desconectado. Necesitamos conciencia de cada uno de los ciudadanos para poner la violencia en los primeros lugares de la agenda, para reconocer que el encierro es insostenible y para sumar desde cada rincón para reducir las brechas que inciden en el florecimiento de la delincuencia. Lo que necesitamos, más urgente que antes, es un verdadero frente común ciudadano en contra de la violencia en todas sus formas.
