El domingo pasado se realizó en Venezuela un simulacro de elecciones cuyo objetivo era el de poner a punto todos los mecanismos técnicos, organizativos y de mantenimiento del orden público que garantizarán la realización exitosa de las elecciones del próximo 21 de noviembre destinadas a elegir gobernadores, alcaldes y consejos municipales en todo el país. La diferencia entre este simulacro y las elecciones de noviembre la establece el cambio experimentado por la situación política del hermano país desde que se realizaron las anteriores elecciones a la Asamblea Nacional. Entonces la oposición radical se negó en bloque a participar mientras que ahora el ala moderada de la misma está dispuesta a hacerlo. Henrique Capriles, líder del partido Primero Justicia y dos veces candidato a la presidencia de la república bolivariana por dicha oposición, no tiene ninguna duda: va a participar. De hecho sus partidarios lo hicieron en el simulacro del pasado domingo. Juan Guaidó, el líder del partido extremista Voluntad Popular, deshoja la margarita, al igual que lo hace Leopoldo López, otro peso pesado de la oposición radical, residente actualmente en España tras su fuga de la residencia del embajador de dicho país en Caracas, donde se había refugiado después de que lo liberaran de su arresto domiciliario los protagonistas de la Operación Libertad, la intentona golpista del 30 de abril de 2019.
Otro cambio importante en la situación política lo marcan los diálogos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro iniciados el 13 de agosto pasado en la Ciudad de México con los auspicios de Noruega y el acompañamiento de Holanda y de Rusia. Diálogos de los que se han celebrado hasta la fecha tres sesiones en las que los derechos políticos, las garantías electorales y la adopción de un cronograma de elecciones parlamentarias y presidenciales han sido los puntos en los que ha puesto el énfasis la delegación opositora -encabezada Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta- , mientras que la delegación gubernamental -encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional- lo ha puesto en el levantamiento de las sanciones y la recuperación de los bienes principales bienes públicos venezolanos en el extranjero: la empresa Citgo con sede en Estados Unidos, las 34 toneladas de oro decomisadas por el Banco de Inglaterra y la empresa Monómeros Colombo Venezolanos intervenida por el gobierno de Iván Duque.
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El levantamiento de las sanciones solo comenzaría cuando, según el calendario vigente, se celebren en 2024 las próximas elecciones presidenciales y en 2025 las parlamentarias
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Todas reclamaciones que la oposición en realidad no puede satisfacer porque su resolución depende del gobierno de Biden, que le dicta su ley tanto al británico como al colombiano. James Story -el supuesto embajador de EE. UU. en Venezuela, cuya sede no está en Caracas sino en Bogotá- ya fijó su posición al respecto al comienzo mismo de los diálogos de México condicionando el levantamiento parcial de las sanciones a la definición del calendario de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Una exigencia subversiva disfrazada de demanda democrática porque en Venezuela existe un calendario electoral oficial desde hace más de dos décadas, al que inclusive la oposición ultraderechista se ha ceñido, concurriendo a los diversos comicios convocados desde entonces. La última vez que lo hicieron fue en 2018 cuando obtuvieron la precaria mayoría en la pasada Asamblea Nacional que les permitió elegir a Juan Guaidó presidente de la misma.
La exigencia de Story tendría otra consecuencia tanto o más nefasta, porque el levantamiento de las sanciones solo comenzaría cuando, según el calendario vigente, se celebren en 2024 las próximas elecciones presidenciales y en 2025 las parlamentarias. Entre tanto se mantendrían las durísimas sanciones que tanto afectan a la economía del país vecino y producen los devastadores efectos en el nivel de vida de los venezolanos que empuja muchísimos de ellos a la ira y la desesperación. No es descabellado pensar que Capriles y el resto de los líderes de la oposición decididos a participar confíen en poder canalizar esos estados de ánimo colectivos para derrotar en las urnas al PSUV, el partido del presidente Maduro.
