No se trata de criminalizar la protesta social, es el deber de las autoridades de criminalizar la protesta vandálica, a los vándalos y a sus incitadores. Y es mandato constitucional y legal para los organismos de inteligencia, de seguridad del Estado y de investigación criminal, movilizar todas las herramientas a su alcance para asegurar la individualización, judicialización y castigo de miles de vándalos que en tres semanas se han volcado a las calles sin freno, a ejecutar actos criminales, a delinquir, violando flagrantemente el Código Penal, incurriendo en conductas que conllevan penas privativas de la libertad y condenas de prisión. Jóvenes estudiantes y trabajadores, entremezclados con vándalos, saqueadores, agresores y criminales en la algidez de la protesta violenta, deben ser conscientes de las implicaciones judiciales y contravencionales que podrían enfrentar ante el evidente y abundante material probatorio que tiene inundadas las redes y que es recolectado y analizado por fiscales e investigadores resultado de innumerables denuncias, testimonios, imágenes y videos.
Identificar autores materiales de un delito a partir de análisis morfológicos y de imágenes, es relativamente sencillo para los organismos de policía judicial. Existen herramientas forenses de última generación y peritos experimentados, así como mecanismos para la integración de datos con uso de la inteligencia artificial que le permite a los investigadores cero error en la identificación e individualización de una persona, a partir de una fotografía, un video, una voz, o un retrato hablado. Los desarrollos son tan significativos, que facilita a los peritos forences construir patrones con base en instrumentos de ingeniería humana, el cotejo de la fisonomía, el rostro, las extremidades, las prendas de vestir, accesorios, tatuajes, cicatrices, gesticulaciones y movimientos ergonómicos de una persona. Ayuda irrefutable e incontrovertible para fortalecer la investigación y determinar por ejemplo el número de veces que compromete a un vándalo en acciones criminales, su asociación con otros individuos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que actúa.
El 79 % de los colombianos considera que se deben endurecer las penas contra el vandalismo, a la vez el 66 % apoya la participación de los jóvenes en las protestas, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Los bogotanos y las personas entre 41 y 55 años son los que más simpatizan con esta medida. Y si bien la juventud en cualquier sociedad debe ser el motor de inconformismo y expresión para dinamizar los cambios que necesita el país, muchos jóvenes y adolescentes y sus familias, deben despertar y rechazar esa ola de vandalismo y violencia que riesgosamente los compromete con planes subversivos y células insurgentes urbanas en el marco de esa ¨Gran Fuerza Urbana Nacional¨ que están gestando contra la democracia. No es como lo dijo el excomisionado de paz en entrevista a El Espectador: ¨la guerra es cosa de charlatanes¨ y que la situación actual es una ¨simple movilización de jóvenes¨, defender los diálogos de La Habana, no puede llevarnos a ignorar una realidad que está a la vista, es irrefutable, la combinación de formas de lucha sigue en marcha y ahora es menos frontal, más urbana, más abstracta y subterfugia, está enmascarada en sectores de extrema que amenazan la seguridad del Estado.
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En Barcelona, Chile, Colombia se ha calcado el patrón de ¨la combinación de formas de lucha¨, cantidad de jóvenes presos y juzgados por terrorismo, otros en el exilio y muchos en la clandestinidad
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En Barcelona, Chile y Colombia se ha calcado el patrón de ¨la combinación de formas de lucha¨, cantidad de jóvenes presos y juzgados por acudir al terrorismo, otros en el exilio y muchos están en la clandestinidad, huyendo de la justicia, porque las pruebas los imputa como directos responsables materiales de delitos contra la vida, terrorismo, daño en bien público, destrucción del comercio, del sistema financiero y ataque a la autoridad.
La Fiscalía y la Policía han venido publicando los carteles de los vándalos, estrategia muy acertada para exponer ante el público a los infractores. También es útil ampliar el ofrecimiento de recompensas para incentivar la denuncia y evitar impunidad. Los jueces en las audiencias de legalización de captura deberían ser más firmes en proferir medidas privativas de la libertad contra los vándalos, especialmente sobre reincidentes. Las sentencias judiciales son ejemplo categórico de la justicia, las investigaciones tienen que avanzar y no puede aceptarse en la negociación extorsiones al gobierno para que cesen los procesos judiciales y se liberen a los retenidos, sería alimentar el ciclo de violencia y tristemente ahondar la impunidad.
Los jóvenes deben saber, que participar en delitos de esta naturaleza puede conllevar penas de prisión de hasta 15 años y si se comprueban actos terroristas y homicidios, como ha ocurrido en los últimos días, las condenas superarían los 40 años de cárcel.
Los ciudadanos de bien, las víctimas del vandalismo y quienes rechazan todo tipo de violencia, deben remitir a las autoridades sus videos sobre vándalos en acción, es oportuno publicarlos en las redes sociales para que contribuyan a identificarlos y a exhibirlos ante la sociedad, ojalá con rostros y nombre completo; y no solo para ejercer debida justicia, sino también para que reciban el castigo de no ser empleados y de ser rechazados en organizaciones civilizadas donde no pueden tener espacio. Es de miopes sacrificar su futuro, dejándose llevar por la moda del extremismo violento.
Los jóvenes de Colombia deben entender que las grandes transformaciones sociales se construyen en el diálogo, en la movilización pacífica, en la política, en el emprendimiento y en la convivencia. Y no convirtiéndose en carne de cañón de unos vándalos, que los puede llevar a perder su vida, su libertad y su futuro, en fin, los eleva al cadalzo en el bazar de los idiotas, útiles de unos dirigentes radicales a los que poco o nada les importan, porque su único propósito es conquistar el poder que los “inmortalice” de “ilustres” padres de la patria. Y ustedes en el peor de los mundos, desempleados en la miseria. O en prisión por un vandalismo inútil.
La persecución penal es deber en el estado social de derecho y no es criminalización de la protesta legítima. Ser condenado marca la vida de una persona, el registro permanecerá en los sistemas de las autoridades migratorias del mundo, en Interpol, en las fronteras, se conocerán sus antecedentes judiciales, penales y penitenciarios; las empresas cada vez más acuden a los chequeos de debida diligencia y compliance para controlar el riesgo y contratar el mejor talento humano, lo que sin duda alguna puede frustar el futuro profesional anhelado de muchos que disfrutan estar en ¨la primera línea¨ de la protesta vandálica. Es de sabios arrepentirse a tiempo.
