Su principal responsabilidad es la investigación aplicada. ¿Cómo avanzar hacia el quiebre de los ciclos de violencia y las trampas de pobreza que se nutren mutuamente? ¿Cómo promover el perdón y la reconciliación, desde las esferas individuales y colectivas de nuestra comunidad?
La firma de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc no significará en sí misma el final de nuestros conflictos, sino un importante paso hacia adelante en el largo y sinuoso proceso de construcción de paz que desde hace décadas vienen desarrollando múltiples y variadas comunidades y organizaciones sociales.
Una lectura desprevenida de los acuerdos alcanzados hasta este momento ilumina la magnitud de los retos que tenemos por delante, puesto que su contenido refleja las causas y las consecuencias que — como una serpiente que muerde su cola— han producido y reproducido el cúmulo de conflictos sociales, económicos y políticos que terminaron degradándose en este largo conflicto armado interno, con sus innumerables tragedias.
El borrador del acuerdo sobre desarrollo agrario integral, por ejemplo, incorpora iniciativas de política pública como la creación de un fondo de distribución gratuita de tierras para campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente, que incluya programas de riego, crédito, asistencia técnica, comercialización, etc. Así mismo, este acuerdo contempla programas de formalización y protección de los derechos de propiedad sobre la tierra, programas de reconversión para el uso de la tierra según su vocación, la actualización del catastro rural, la protección de áreas de interés ambiental, la formulación de planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina, y la provisión de bienes públicos para el mundo rural, como infraestructura vial, distritos de riego, electricidad y conectividad, educación de calidad, agua, vivienda y formalización laboral.
Mis estudiantes con mayor sensibilidad política me preguntan, ¿hicieron falta más de sesenta años de confrontación armada para que el Estado colombiano le reconociera estos derechos a los campesinos y reconociera la necesidad de este tipo de políticas para el campo? Otros, con mayor sensibilidad histórica, me preguntan, ¿será que esta vez sí se hará realidad lo que quede plasmado en el papel de esta otra carta de batalla, de este otro —entre tantos— acuerdos de paz firmados en el constante devenir de nuestras guerras civiles?
Por otro lado, el borrador de acuerdo sobre participación política, para dar otro ejemplo, plantea una apertura democrática para la paz. Dicha apertura consiste en la implementación de una nueva arquitectura institucional —nuevas reglas de juego— que faciliten la creación de nuevos partidos políticos, que fortalezcan la transparencia electoral, la planeación participativa y el control ciudadano de la gestión pública, que incrementen la participación política de las mujeres, y que permitan garantizar la seguridad de los líderes, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos.
Se imaginarán ustedes las preguntas y las dudas que ante estos retos expresan mis estudiantes, conocedores de las viejas historias de los escuadrones de pájaros y chulavitas, así como de las más recientes historias del exterminio de la Unión Patriótica, de la represión que han sufrido los movimientos campesinos, entre muchos otros movimientos sociales, sobre todo en el Caribe colombiano. Una región, como tantas otras regiones de Colombia, en la que las alianzas entre los señores de la guerra y las estructuras políticas territoriales lograron imponer órdenes sociales, económicos y culturales que aún hoy ejercen presión sobre las poblaciones y extraen rentas de los recursos públicos. Donde la compra-venta de votos, el fraude electoral y la coacción hace ya triste parte de nuestra cultura política.
Las preguntas de mis estudiantes son preguntas difíciles, son buenas e importantes preguntas. Nada menos espero yo de ellos. ¿Qué responder?
En primer lugar, que ese es precisamente el tipo de preguntas que el país y la región esperan que se hagan, sin ambages, la academia y los estudiantes. Esas preguntas y muchas otras, sobre las cuales tenemos la enorme responsabilidad de ir construyendo respuestas, exigirán que demostremos nuestra verdadera pasión por el conocimiento, el método, la honestidad y la sistematicidad científicas e intelectuales; así como nuestro compromiso con el diálogo de saberes, diversos y plurales, y la construcción polifónica, humanista y sensible de la verdad histórica, reconociendo su complejidad, buscando equilibrios entre sus tensiones y respetando sus matices.
Así mismo, debemos —y podemos— comprometernos con una educación para la paz. Esto implica desarrollar más y mejores cátedras interdisciplinarias de construcción de paz, de análisis social y de memoria histórica en las universidades, en los colegios, en las ciudades y en el territorio. Pero también significa desplegar en cada una de nuestras aulas una cultura pedagógica de respeto, de reflexión profunda y argumentación colectiva, que se contraponga al recurso de la autoridad, el dogma y la memorización.
Como ocurre con todo proceso político, sobre el actual proceso de paz caben y recaen múltiples miradas, interpretaciones y valoraciones. Por eso, todas ellas deben expresarse y examinarse, no solo a la luz de argumentos racionales, sino además con base en un sólido acervo de evidencia empírica, histórica y documental. En este sentido, uno de los principales papeles que debe desempeñar la academia colombiana, al borde de la oportunidad de ponerle punto final a una trágica era que nos ha costado cientos de miles de muertes y millones de víctimas, es contrarrestar, con inteligencia y sensibilidad, tanto el superficial vacío intelectual y pedagógico de la mayor parte de los medios de comunicación, como el natural sesgo de los políticos que, desde una u otra orilla del espectro ideológico, buscan mover con sus artificios demagógicos las pasiones y las emociones, también naturales, de la opinión pública en función de sus intereses partidistas.
Las universidades debemos aprender a ser verdaderas ágoras de la deliberación ciudadana, y debemos convertirnos en puentes para la realización de diálogos improbables entre diversos actores sociales.
Las universidades con vocación regional debemos asumir el reto
de reconocernos y ser reconocidas como una parte de nuestra comunidad,
respondiendo a las demandas de la ciudadanía,
con la producción de conocimiento útil para la construcción de paz en nuestro territorio
Pero más allá de esta responsabilidad, que compromete a todas las academias, las universidades con vocación regional estamos llamadas a asumir también el reto de reconocernos y de ser reconocidas cada vez más como una parte constitutiva de nuestra comunidad, respondiendo con audacia e imaginación a las aspiraciones y demandas de nuestra ciudadanía, mediante la producción de conocimiento útil para la construcción de paz en nuestro territorio.
Por encima de todo, la principal responsabilidad de la universidad regional es la investigación aplicada, la generación de conocimiento útil para la ciudadanía y las comunidades que habitan nuestros territorios. ¿Cómo avanzar hacia el quiebre de los ciclos de violencia y las trampas de pobreza que se nutren mutuamente? ¿Cómo fortalecer las economías campesinas y los mercados locales de alimentos y producción rural? ¿Cómo innovar en la provisión de bienes públicos como vías, electricidad y conectividad para el mundo rural? ¿Cómo crear nuevas subculturas cívicas que comiencen a hacer mella a las prácticas del clientelismo, la coacción y la corrupción? ¿Cómo promover el perdón y la reconciliación, desde las esferas individuales y colectivas de nuestra comunidad?
