El 24 de abril de 2017, sobre las 10 de la noche, el representante de los estudiantes al consejo superior de la Universidad de Pamplona, Sergio Solarte, informó a través de un vídeo en redes sociales que el rector y su cuerpo administrativo habían pasado para aprobación un préstamo de 20 mil millones de pesos. El proyecto de acuerdo del préstamo se justificaba en la necesidad de recursos para bibliografía, software, infraestructura y laboratorios, y soportaba en análisis de la oficina de planeación y presupuesto. Se mencionaba que la decisión en el superior se tomaría dos días después.
Los estudiantes reunidos en asamblea cuestionaron los argumentos del acuerdo dados por el representante, manifestaron su preocupación y dejaron claro que la acreditación de alta calidad NO se compra, básicamente porque es el resultado de un proceso. Hicieron ver que el préstamo podría ser un juego peligroso porque los conceptos de la oficina de planeación y demás estudios requeridos no eran claros. Resaltaron que para la acreditación de alta calidad, se requería de mucho más que sólo una deuda que no cubriría la inversión en lo necesario para obtenerla: profesores de planta, investigación, internacionalización y calidad educativa, entre otros, pues la acreditación de alta calidad tiene muchos más factores.
El 12 de mayo, las observaciones de los estudiantes parecían tener efecto. La Universidad envió un correo a distintas organizaciones estudiantiles diciendo que habían logrado gestionar una reunión con el gobernador del departamento William Villamizar (Presidente del Consejo Superior de la Universidad) para tratar el tema el lunes 15 de mayo. Unas 40 personas fueron citadas a escuchar cómo el gobernador insistió en manifestar que a pesar de otras alternativas diferentes no existía otro camino para la Universidad que el endeudamiento. Sin embargo, los interrogantes de fondo, sobre la calificación de riesgo y las proyecciones financieras no se respondieron. La ambigüedad de los soportes técnicos fue notoria.
El 17 y 18 de Mayo la administración citó a estudiantes, administrativos y profesores a reuniones de “sensibilización” para mostrar lo que llamó “Plan de Priorización de la Inversión para la Acreditación Institucional”. En todas estas reuniones el tiempo lo copaban con indicadores que mostraban que la producción científica en la Universidad de Pamplona. Dijeron que para el 2017 requerirán de 67 mil millones para docentes y tutores. Mostraron que hay solo un programa acreditado de alta calidad, que la meta a 2018 será tener por lo menos 13, y que para todo ello se requerían entre 20 y 25 mil millones.
El rector Torres se remitió a decir que la universidad contaba con la capacidad de endeudamiento necesaria para adquirir la deuda y que sería pagada con la estampilla pro-desarrollo académico que financia la investigación. Las presentaciones, entregas de placas de reconocimiento y otros protocolos dilataron la discusión, que se vio limitada a la participación de unas cinco personas por reunión, con un tiempo de uno o dos minutos para cada una.
En la reunión de docentes habló el exdirector de la Oficina de Planeación y Contratación, Oliver Peña, quien vivió la crisis del 2008. Su experiencia le sirvió para afirmar que: “…la cifra de $25.000 Millones no se puede determinar sumando el recurso proyectado de la estampilla pro desarrollo académico y fronterizo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021… es anti-técnico”.
Hoy, a pesar de todos los comunicados, de todas las expresiones de la comunidad sobre la no conveniencia del préstamo, el rector dijo que: “Financieramente somos una institución estable, que garantiza el buen funcionamiento y puede cubrir las exigencias de cada currículo que la Universidad de Pamplona ofrece”. No obstante, el rector no convence. Sobre todo porque si hacemos retrospectiva vemos que fue electo hace cinco meses, el préstamo fue propuesto hace un mes. En realidad algo así requiere de minuciosos estudios que llevarían mucho más que cuatro meses, en condiciones de empalme. Entonces, cuando fue elegido Torres: ¿ya sabía que se necesitaba plata? Es decir, vio la necesidad mucho antes que los estudios previos requeridos.
En estos momentos aún los interrogantes continúan: ¿está técnicamente bien fundamentado el préstamo?, ¿por qué todo fue dado con tan poco tiempo para analizar?, ¿se arriesga financieramente la Universidad de Pamplona?, ¿por qué sacar un comunicado de “sensibilización” mostrando una realidad inexistente?, ¿por qué el gobernador ha insistido tanto en que se haga dicho préstamo?
Es absolutamente evidente que influencia de la mala política regional cada vez más afecta las decisiones de la Universidad de Pamplona. Esta injerencia puede llevarnos a enfrentar un delicado panorama financiero en los próximos 10 años. La ley de quiebras se podría asomar de nuevo como en 2008.
Es hora de que los órganos de control, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, inspeccionen el manejo de las finanzas en la Universidad Pamplona. También es hora de que la clase política honesta, esa a la que si le importa la educación pública de calidad, la defienda y proteja de esa otra clase política que ve sólo a la Universidad de Pamplona como un gran botín económico y electoral. Es hora de que los representantes de verdad nos representen y nos escuchen, no que simplemente aplaudan toda decisión precipitada. De no ser así, estaremos 20 mil millones más cerca de afrontar un déficit presupuestal.
