Diez días después de su posesión como secretaria de Transparencia del gobierno, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia María Cristina Lombana puso su foco sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Acopió y evaluó denuncias sobre malos manejos en el sistema de salud, la crisis de Coralina -la Car local- y evidencias de nepotismo en los manejos de los contratos en el sector público y le presentó un dossier a su jefe, el presidente Abelardo De la Espriella.
Con su visto bueno, Lombana pidió este 18 de octubre de 2026 que las investigaciones de San Andrés se trasladen a Bogotá, que la Procuraduría general de la Nación asuma poder preferente sobre ellas y la Contraloría general de la República haga valer su control excepcional, con un grupo especial sin funcionarios de la isla. Lo hizo aplicando un modelo que no investiga directamente, sino que articula a la Fiscalía y los órganos de control para evitar choques con la autonomía judicial.
Ese fue el preámbulo de la dura interpelación que De la Espriella les hizo a la gobernadora del archipiélago, Girley Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes acusó de estar interfiriendo en sus acciones a favor de la isla.
El regaño presidencial quedó grabado en un video dura 90 segundos que se grabó en la Base Naval ARC San Andrés, en presencia de dos oficiales representantes del mando militar y policial local, a los que el jefe del Estado puso como testigos de lo que diría.
"Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital, y ustedes mandaron a su gente a atravesarse... Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir", se escucha y se e en apartes del video que circuló profusamente.
Con lo de los “negocios de su marido” De la Espriella se refería al esposo de la congresista, Norbert Vonblon Pomare, un empresario raizal de la construcción, muy conocido en la isla. Es dueño de la firma Josef’s Concrete, también registrada como Agregados NVP, que vende concreto, agregados, alquiler de maquinaria y materiales de ferretería. Ha sido financiador político del liberalismo isleño y el principal financiador de la campaña de su esposa. Incluso recibió las credenciales de congresista en Bogotá en nombre de ella. En el pasado, estuvo vinculado al contrato del relleno sanitario Magic Garden por más de $1.000 millones y el suministro para vías y drenajes.
Dos días antes, el 16 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memorial, que es el único de tercer nivel y debe atender a 60.000 habitantes.
La Supersalud documentó. entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, que trece de los 59 servicios habilitados no se prestan. No hay atención en cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología. El hospital cuenta con un solo cirujano general para toda la institución.
En el momento de la visita 3.676 estudios de radiología estaban sin leer. Había pacientes con más de un año en lista de espera; se presentaba un rezago de $3.605 millones en facturación y había evidencia del pago de un anticipo de $858 millones por una máquina de residuos biológicos que nunca fue instalada.
Para administrarlo por un año la superintendencia designó a la médica raizal Marjorie Englehard Archbold como agente especial.
El 15 de octubre, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exgobernador Everth Hawkins por el proyecto turístico de Haynes Cay por $11.125 millones, con presunto detrimento de $4.330 millones.
Según la Fiscalía, la Gobernación contrató a dedo con Aremca, que no tenía experiencia, subcontrató obra e interventoría, y empezó el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina ni permiso de Dimar. La Gobernación había girado $10.847 millones a una fiducia los días 11 y 12 de enero de 2023, tres meses antes de iniciar. El caso hace parte de la estrategia contra la corrupción del Sistema General de Regalías, con 28 judicializados en seis meses por 1.252 contratos por $3,7 billones.
Coralina es la autoridad ambiental del archipiélago y sus directivos han sido señalados localmente de malos manejos en la contratación y de operar un tráfico con los procesos de licenciamientos.
“Estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, insistió De la Espriella.
“No es cierto, no es cierto. Yo creo que el presidente está mal informado sobre todo estos que nos está diciendo. Nosotros, ni mi esposo ni yo, no tenemos ni un contrato con la gobernación”, dijo la congresista interpelada en la breve comunicación telefónica que aceptó con Las2Orillas.
Como quiera que sea, la isla necesitará de una intervención total de carácter social. Además de los presuntos malos manejos administrativos, la erosión costera está afectando uno de sus activos más importantes: las playas. La situación se agravó después de los desastres naturales dejados por los huracanes Eta e Iota.
De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría General de la República denunció graves problemas de contaminación, alto riesgo de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de residuos sólidos y la posibilidad de que el relleno colapse.
La operación del emisario submarino es inadecuada por problemas de diseño y las aguas residuales son vertidas al mar a menos de 500 metros de la línea de costa.
Una planta para el tratamiento de residuos sólidos, construida con inversiones por cerca de $24.380 millones, se encuentra inactiva.
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