Unas semanas atrás, por convocatoria de la dirección del partido Farc de Bogotá, y con el aval de la más alta instancia nacional, se llevó a cabo en la sede nacional de la calle 39, una asamblea de combatientes ya no en armas, como prefirieron denominarse, a efectos de fundar una Asociación que agrupe a todos los antiguos guerrilleros de las Farc, que por distintos motivos se encuentran en la capital del país. Concurrimos gustosos a ella.
Es que lo que se denominó reincorporación en los Acuerdos de Paz, fue pensado en términos de vida rural. Con ese objeto se crearon los llamados Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación, en el mismo lugar donde antes estuvieron las zonas veredales que sirvieron para concentrar los entonces frentes guerrilleros. El país y la comunidad internacional conocen de sobra los problemas presentados para la correcta implementación de esta parte del Acuerdo.
Las zonas veredales se pactaron para los efectos del cese al fuego bilateral y la dejación de armas, en momentos en que la confrontación seguía latente pese a las conversaciones de La Habana. Eran el primer paso serio hacia la concreción del fin del conflicto, pero sobre cualquier fórmula pactada pesaba la imposición del gobierno desde el comienzo mismo de los diálogos. Nada estaba aprobado hasta que todo estuviera aprobado.
Lo cual significaba que no se tenía una seguridad sobre la vigencia material de lo firmado, a menos que las partes hubieran llegado a un completo consenso y lo firmaran. En otras palabras, que todo podía irse a pique en el último momento, por la aparición de cualquier disenso insoluble en el punto final. Por eso las zonas veredales se pensaron en términos militares. Primero por las restricciones que impuso el gobierno para la ubicación de ellas.
Y segundo, porque para las Farc resultaba demasiado arriesgado concentrarse en unos sitios precisos, en donde quedarían rodeadas por patrullas del Ejército, expuestas a que si se producía un rompimiento en La Habana, el adversario pudiera bombardearlas y cercarlas a fin de destruirlas. De allí que la mayoría de los sitios aprobados resultaron lejanos, al borde de una gran selva que garantizara una retirada segura si la confrontación regresaba.
Al convertirse estas zonas en Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación, obviamente que su geografía no resultaba lo más apropiada para su objeto. Se trataba en su mayoría de lugares remotos, a los que acceder con eficiencia no resultaba tan sencillo. Si a eso se agregaban las demoras y las trabas de uno y otro orden, el resultado final tenía que ser deprimente. Los hombres y mujeres concentrados allí enfrentaron serias dificultades.
Uno tiene el derecho a pensar que eso se correspondía con alguna intención premeditada. La decisión de las Farc fue que no se desmovilizarían ni reintegrarían de manera individual, como lo quería el gobierno, sino que su reincorporación debía ser colectiva, para que pudieran sobrevivir como organización política, en un marco de fraternal cooperación social, económica y cultural. Para ello era indispensable la existencia de las condiciones básicas que se retardaban.
.A muchos los convidó su familia, o algún amigo,
para que trabajaran con ellos.
Nadie estaba obligado a permanecer en los ETCR
En gran medida ello fue causa de que un buen número de habitantes en los espacios pensaran en buscar un porvenir por fuera de estos. A muchos los convidó su familia, o algún amigo, para que trabajaran con ellos. Nadie estaba obligado a permanecer en los ETCR. Lo único era que allí sería mucho más fácil, por la presencia directa de las diversas entidades, tramitar lo atinente a acreditación, amnistía, bancarización, afiliación a pensiones y salud.
También se suponía que se recibiría la capacitación, es decir la educación básica y secundaria. Algo o bastante de eso se consiguió, aunque lenta y dificultosamente. La educación está al borde de interrumpirse en julio. Quizás un milagro la salve. Y desde luego, la gente guarda preocupación por el futuro, quiere iniciar una actividad productiva, los 700.000 pesos mensuales que reciben no alcanzan para nada y sólo resta un año de ellos. Después nadie sabe.
Algunos fueron vinculados como escoltas en los distintos esquemas de seguridad que presta la UNP. Pero deben validar sus estudios para seguir en ese trabajo. A otros las actividades políticas los llevaron a las ciudades, a sobrevivir con enormes carencias. Según algunas cifras el número de quienes se hallan hoy en Bogotá es de unos 450, y tiende a crecer por diversos motivos. Están por fuera de los ETCR y por tanto su reincorporación se dificulta aún más.
Por eso se creó la Asociación, que se llamará Asociación Nuevo Agrupamiento por la Paz, ANA D.C. La idea es que unidos y organizados puedan contar con las garantías para la reincorporación plena. Toda esa muchachada sueña con un futuro mejor, con proyectos productivos en la capital. Lucharán por ello. Que Duque gane puede afectarlos, a ellos, a sus familias, al partido.
